18 de marzo de 2011

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Los requisitos generales de la usucapión o prescripción adquisitiva a la luz de la doctrina jurisprudencial





Hace cierto tiempo que dedicamos este artículo a tratar el tema de la usucapión o prescripción adquisitiva. En el referido post enfocamos la temática alrededor de una breve exposición sobre los requisitos especiales de esta modalidad de adquisición de la propiedad: la buena y el justo título. En esta ocasión continuamos abordando esta materia dedicando unas líneas a los requisitos generales que habilitan el reconocimiento de esta forma de adquisición. En esencia, estos presupuestos se encuentran en la propia naturaliza jurídica de la usucapión y son: el transcurso del tiempo y la posesión.

Sin embargo, antes de analizar dichos presupuestos, conviene retomar la concepción de usucapión que ha elaborado reiteradamente la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo, al concebir a la misma como subsanación de la falta de poder de disposición del transmitente, permitiendo las adquisiciones a non domino del mismo modo que el art. 34 de la Ley Hipotecaria , pues purifica el defecto de titularidad del transmitente (entre otras, las SSTS 10 de febrero de 2004, 5 de mayo de 2005 y 28 de febrero de 2007 , esta última sobre el art. 34 LH , con cita a su vez de otras muchas).

Tras lo cual, cabe afirmar – pues su evidencia no exige que deba silenciarse -, que el usucapiente no se encuentra obligado a comprobar – en aquellos supuestos de doble venta - que el vendedor resulta ser el legítimo propietario o titular, tal como afirma la STS de 19 de febrero de 2008 (nº de Recurso: 5398/2000 y nº de Resolución: 104/2008) “si la usucapión exigiera del usucapiente asegurarse por completo de que quien le vende es el verdadero dueño, la institución carecería de utilidad porque entonces no se adquiriría por usucapión sino por compraventa acompañada de tradición. ”

Evidentemente, la usucapión se asienta en la posesión, de tal forma que sólo se podrá usucapir la propiedad de aquellos bienes o la titularidad de aquellos derechos reales susceptibles de ser objeto de posesión. En este sentido, la STS de treinta de octubre de 2009 (nº de Recurso: 1696/2005 y nº de Resolución: 714/2009 ) señala que no cabe la usucapión “en bienes que son de dominio público (así, sentencia de 26 de abril de 1999) que están fuera de la disponibilidad de los sujetos (…).”

Siguiendo esta línea argumental, resulta interesante destacar que es doctrina constante y uniforme del Tribunal Supremo la que proclama que los títulos nobiliarios son susceptibles de prescripción adquisitiva o usucapión basada en la posesión inmemorial, cifrada en cuarenta años, sin necesidad de acreditar justo título y buena fe. Por mencionar alguna, la STS de 19 de octubre de 2009, viene a confirmar esta aseveración con la siguiente exposición: “Superado por la doctrina de esta Sala el llamado «dogma de la imprescriptibilidad» de los títulos nobiliarios, la prescripción adquisitiva es admitida por la jurisprudencia más reciente (SSTS de 30 de diciembre de 2004, 10 de septiembre de 2008, recurso 1446/2001 , y las que en ella se citan) y como se deduce, entre otras, de la STS de 7 de marzo de 1998, recurso 293/2004 , presupone la vacancia del título y su ulterior consolidación en el seno de una línea o rama diferente a la prellamada, a resultas de la posesión inmemorial continuada. ”

Sentada esta premisa, resulta claro que la continuidad posesoria es el verdadero punto de inflexión que impulsa y caracteriza todo el proceso adquisitivo de la usucapión. Así, nuestro Código Civil, en el artículo 1941 exige que esta posesión sea “en concepto de dueño, pública, pacífica y no interrumpida”, es decir, que el hecho posesorio debe resultar ostensible frente a la colectividad. De esta manera, el poseedor se ha de comportar como dueño de una cosa o titular de un derecho real durante un plazo temporal determinado, siendo necesario que ninguna persona cuestione dicha situación. Por otra parte, este comportamiento inequívoco como titular de un dominio o de cualquier otro derecho real viene reiterado, de una forma u otra, por el Código Civil en diversos preceptos: 441, 444, 447 y 1942.

Por tanto, es necesario subrayar que cualquier estado posesorio no legitima, en absoluto, la adquisición a non domino de una cosa o la titularidad de un derecho real, sino únicamente la situación posesoria que cumple con los requisitos exigidos en el precepto arriba citado y que siendo interdependientes han de considerarse acumulativamente. Analicemos sucintamente cada uno de ellos.

  • Posesión en concepto de dueño

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 447 y 1941 del CC, sólo la posesión que se adquiere y disfruta en concepto de dueño puede servir de titulo para adquirir el dominio. El poseedor debe actuar frente al resto de los miembros de la comunidad y, sobre todo, frente al eventual perjudicado por la usucapión, como si fuera el dueño de la cosa o titular del derecho real. De esta forma, si el poseedor que pretende usucapir actúa por mera tolerancia del duelo de la cosa (cfr. arts. 444 y 1942 del CC), sus actos posesorios serán irrelevantes a efectos de la usucapión.

En cuanto a la más reciente doctrina jurisprudencial, la STS de 30 de diciembre de 2010 (nº de Recurso: 484/2007 y nº de Resolución: 856/2010), en referencia a la acreditación de la posesión en concepto de dueño señala que:

“Como recuerda la sentencia de esta sala de 17 mayo 2002 (Rec. 1201/98 ), la jurisprudencia viene reiterando que el requisito de la posesión en concepto de dueño no es un concepto puramente subjetivo o intencional ( Sentencias 20 noviembre 1964 , 6 octubre 1975 , 16 mayo 1983 , 19 junio 1984 , 5 diciembre 1986 , 10 abril y 17 julio 1990 , 14 marzo 1991 , 28 junio 1993 , 6 y 18 octubre 1994 , 25 octubre 1995 , 7 y 10 febrero 1997 y 16 noviembre 1999 ) por lo que no basta la pura motivación volitiva ( Sentencias 6 octubre 1975 y 25 octubre 1995 ) representada por el ánimo de tener la cosa para sí, sino que es preciso, además, el elemento objetivo o causal ( SS. 20 noviembre 1964 y 18 octubre 1994 ) consistente en la existencia de «actos inequívocos, con clara manifestación externa en el tráfico» ( Sentencia 3 octubre 1962 , 16 mayo 1983 , 29 febrero 1992 , 3 julio 1993 , 18 octubre y 30 diciembre 1994 y 7 febrero 1997 ), «realización de actos que solo el propietario puede por sí realizar» ( S. 3 junio 1993 ); «actuar y presentarse en el mundo exterior como efectivo dueño y propietario de la cosa sobre la que se proyectan los actos posesorios» ( S. 30 diciembre 1994 )”.

Obviamente, como señalamos en otro post, para la usucapión extraordinaria no se requiere justo título ni buena fe, pero sí, como señala la STS de cinco de febrero de 2010 (nº de Recurso: 109/2006 y nº de Resolución: 8/2010) que “la posesión pública ininterrumpida lo haya sido en concepto de dueño (arts. 1941 y 447 CC ). Según la jurisprudencia de esta Sala, para que exista posesión en concepto de dueño no basta la pura motivación volitiva o intención de ser dueño, sino que es preciso además el elemento objetivo o causal consistente en la existencia de actos inequívocos con clara manifestación externa en el tráfico, actos que sólo el propietario puede realizar, presentándose en el mundo exterior como efectivo dueño y propietario de la cosa (SSTS 30-12-94 y 17-5-02 con cita en ambas de otras muchas). ”

  • Posesión pública

A mayor abundamiento, el comportamiento o actitud de quién pretender usucapir debe acreditarse mediante la realización de determinados actos posesorios que manifiesten frente a los demás la creencia del usucapiente de que verdaderamente está ejercitando facultades que le competen. Por tanto, si el usucapiente actúa de forma oculta o clandestina, la posesión ejercida es irrelevante a efectos de la usucapión, tal como establece el artículo 444 del CC: “Los actos meramente tolerados, y los ejecutados clandestinamente y sin conocimiento del poseedor de una cosa, o con violencia, no afectan a la posesión”.

  • Posesión pacífica

El carácter pacífico de la posesión, exigido en el artículo 1941 del CC, implica que la adquisición de la posesión por parte del usucapiente no ha sido llevada a cabo de forma violenta, tal como proclama el artículo 441 del CC: “En ningún caso puede adquirirse violentamente la posesión mientras exista un poseedor que se oponga a ello. El que se crea con acción o derecho para privar a otro de la tenencia de una cosa, siempre que el tenedor resista la entrega, deberá solicitar el auxilio de la Autoridad competente.”. Si ello fuera así, el vicio de origen que acarrea la posesión la inhabilita a efectos de la usucapión. Por ello, el artículo 1956 del CC establece que: “Las cosas muebles hurtadas o robadas no podrán ser prescritas por los que las hurtaron o robaron, ni por los cómplices o encubridores, a no haber prescrito el delito o falta, o su pena, y la acción para exigir la responsabilidad civil, nacida del delito o falta.”

En este sentido la STS de 29 de marzo de 2010 (nº de Recurso: 169/2006 y nº de Resolución: 193/2010) asimila la posesión legal del Estado a la posesión adquirida con violencia al señala que: “Por otro lado, el juego de los artículos 441 y 444 del Código Civil impide cualquier consideración acerca de una eventual adquisición del dominio por el Estado en virtud del instituto de la prescripción adquisitiva o usucapión al haber poseído por más de treinta años (artículo 1959 Código Civil), pues no puede aceptarse que la posesión material del inmueble por el Estado en virtud de su incautación fuese apta para adquirir por usucapión pues se trató de una adquisición forzada y unilateral por su parte frente a la que no cabía oposición alguna y en consecuencia asimilable a la posesión adquirida de modo violento. ”

Igualmente, el carácter pacífico de la possessio ad usucapionem viene a suponer que durante todo el período posesorio el usucapiente no encuentra ni halla oposición por parte del verdadero propietario de la cosa o del legítimo titular del derecho real en cuestión. En el caso de que la posesión del usucapiente sea objeto de discusión, judicial o no, perdería el carácter de pacífica y, por consiguiente, dejaría de desplegar los efectos en relación con la usucapión pretendida.

  • Posesión ininterrumpida

El último requisito exigido en el referido artículo 1941 del CC es que la posesión ha der ininterrumpida que, viene siendo afirmado por la jurisprudencia que la posesión a efectos de la usucapión ha de ser continuada e ininterrumpida. De esta forma, si se produjere cualquier acto de interrupción de la posesión, dejaría de correr el plazo de prescripción del usucapiente y se requeriría comenzar de nuevo a computar el referido plazo otra vez desde el comienzo, en caso de que el verdadero titular de la cosa o derecho iniciase una nueva etapa de inactividad.

Ahora bien, las reglas establecidas en los artículos 1943 y ss. Del CC ofrecen una regulación un tanto compleja de esta materia. Comienza diciendo el primero de ellos que: “La posesión se interrumpe, para los efectos de la prescripción, natural o civilmente. Y el art. 1944 que: “Se interrumpe naturalmente la posesión cuando por cualquier causa se cesa en ella por más de un año.” Por su parte, el artículo 1945 que: “La interrupción civil se produce por la citación judicial hecha al poseedor, aunque sea por mandato de Juez incompetente.”

Finalmente, el artículo 1948 que: “Cualquier reconocimiento expreso o tácito que el poseedor hiciere del derecho del dueño interrumpe asimismo la posesión.” En este último caso, el poseedor usucapiente deja de ser poseedor en concepto de duelo o titular de un derecho real por faltar el primero de los requisitos analizados: la posesión, aunque continúe de hecho, deja de ser apta para producir la adquisición de la cosa o derecho real en el curso de una usucapión.

A la misma conclusión hay que llegar en el supuesto de la denominada interrupción natural proclama en el citado artículo 1944 del CC. Si no hay continuidad posesoria hasta el completo agotamiento del correspondiente plazo, los actos posesorios llevados a cabo por el usucapiente dejan de ser válidos a efectos de la usucapión.

En cuanto a la interrupción civil establecida en el siguiente, conviene señalar que la misma presenta ciertas peculiaridades propias. Si el proceso judicial instado por el verdadero dueño o titular del derecho real termina siendo satisfactorio de sus intereses, la usucapión, además de quedar interrumpida, no habrá tenido lugar. En cambio, el artículo 1946 del CC priva de efectos interruptivos a la citación judicial en los casos siguientes:

1. Si fuere nula por falta de solemnidades legales.

2. Si el actor desistiere de la demanda o dejare caducar la instancia.

3. Si el poseedor fuere absuelto de la demanda.

En consecuencia, en tales supuestos, la citación judicial llevada a efecto a consecuencia de la actuación del eventual titular de la cosa o derecho real carece de efecto interruptivo y, por tanto, el plazo durante el cual ha venido corriendo la usucapión juega a favor del poseedor usucapiente, quien no ha de volver a comenzar a computar el plazo, sino que, sin solución de continuidad, puede llegar a adquirir mediante usucapión el derecho real en liza una vez que concluya el período restante del plazo posesorio correspodiente.

En este sentido, matiza la STS de 18 de marzo de 2008 (nº de Recurso: 221/2001 y nº de Resolución: 214/2008):

“En cuanto a los arts. 1945 y 1946 CC , hay un alto grado de coincidencia entre los autores de la doctrina científica en el sentido de que la interrupción civil de la posesión por citación judicial del poseedor es meramente provisional porque, en realidad, se supedita a que el proceso causante de la citación se resuelva mediante sentencia estimatoria de la demanda y contraria por tanto al poseedor demandado, de modo que sólo se interrumpirá la posesión apta para la usucapión si después se dicta sentencia firme favorable al demandante no poseedor, cualquiera que sea ya la fecha de la misma y, por tanto, aunque recaiga años después de transcurrido el tiempo necesario para adquirir por usucapión. Así, la sentencia de esta Sala de 8 de noviembre de 1948 , al comparar la interrupción de la prescripción extintiva de las acciones, regulada en el art. 1973 CC , con la interrupción civil de la posesión según los términos del art. 1946 del mismo Cuerpo legal, declaró que la eficacia de aquélla no se subordina, como ésta, al seguimiento y resolución favorable del litigio.”

Y, seguidamente, el alto tribunal, en esta misma sentencia, procede a aclarar la pretendida confusión operada por la expresión utilizada en el art. 1945: “aunque sea por mandato de Juez incompetente” con el siguiente razonamiento:

“Ciertamente se suscita entre los comentaristas alguna duda por la referencia del art. 1945 al "Juez incompetente", ya que no parece fácil que un proceso seguido ante un Juez carente de competencia pueda finalizar por sentencia firme de fondo estimatoria de la demanda y, por tanto, que la citación judicial ordenada por Juez incompetente deba producir el efecto, que dicho precepto establece, de interrumpir civilmente la posesión. Sin embargo este aparente contrasentido se salva por algún autor acudiendo a una aplicación extensiva del art. 1947 CC , de modo que sería imprescindible interponer una nueva demanda ante Juez competente dentro de los dos meses siguientes a la fecha de la resolución por la que se hubiera declarado la falta de competencia del primer Juez; y se salva también por la mayoría de los autores, con un criterio más ajustado a la coordinación entre ordenamiento sustantivo y ordenamiento procesal, recordando que no toda falta de competencia, como sucede con la territorial, impide un pronunciamiento de fondo sobre la pretensión formulada en la demanda, de suerte que, según los casos, caben sentencias estimatorias válidas si el demandado no alega la falta de competencia del Juez.”

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