IurisCivilis - Blog Jurídico Dedicado Al Derecho Civil

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16 de diciembre de 2014

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Un breve y somero análisis del artículo 1351 Código Civil

Sobradamente conocido es que la sociedad de gananciales es una de las modalidades que establece el ordenamiento jurídico para regular la propiedad de los bienes y derechos que se adquieren constante el matrimonio. De esta forma, el artículo 1344 del Código Civil no ofrece un concepto legal de este régimen económico, sino la consecuencia fundamental del establecimiento de dicho régimen al señala que: “Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella.”

En este sentido, siguiendo a varios autores podemos definir la sociedad de gananciales como aquella situación que la voluntad privada, o la ley en su defecto, declara establecida entre los cónyuges, en virtud de la cual éstos ponen en común y hacen suyos por mitad, al disolverse el régimen, los beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos durante el mismo – entre otros Puig Peña.

Brevemente, apuntar que el art. 1345 CC indica que: “La sociedad de gananciales empezará en el momento de la celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones”. Por tanto, en Derecho Común, la sociedad de gananciales comenzará a regir:

1.- Al contraer matrimonio, si no se pactó lo contrario en capitulaciones matrimoniales. 2.- Cuando lo dispongan las capitulaciones matrimoniales y 3.- Si se pactó un régimen diferente, al volver a capitular para pactar la sociedad de gananciales.

Y, por último, como supuesto especial, el que resulta de los arts. 1373 y 1374. Según el primero de ellos: “Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge, y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquélla”. Para este caso señala el art. 1374 que: “Tras la disolución a que se refiere el artículo anterior se aplicará el régimen de separación de bienes, salvo que, con el plazo de tres meses, el cónyuge del deudor opte en documento público por el comienzo de una nueva sociedad de gananciales”.

Ahora bien, dicho lo que antecede, vamos a formular la hipótesis siguiente: ¿Qué sucedería si uno de los de los cónyuges fuese el agraciado con un premio de la lotería el día 22 de diciembre? Pues bien, la respuesta es sumamente sencilla, porque el dinero obtenido como premio tendrá carácter ganancial y, por tanto, pasará a ser propiedad del matrimonio - sin embargo, si estamos casados en separación de bienes el premio será propiedad exclusiva del que compró el décimo. En este sentido, la respuesta legal nos la ofrece el artículo 1351 CC cuando señala que son bienes gananciales: “Las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales.”

En efecto, la doctrina jurisprudencial, interpretando este precepto, razona que el producto de estos premios debe de tener la consideración de gananciales pues se comunica a la sociedad todo cuanto proceda de la actividad de los cónyuges, por mínimo que haya sido el esfuerzo por conseguirlo. De esta forma la STS de 22 de diciembre de 2000, conectando el artículo 1351 con el art. 1361, señala en el F.J. Segundo 3. que: “ (…) Los bienes gananciales son, como concepto, los procedentes de las ganancias que obtienen los cónyuges directa o indirectamente, y, en primer lugar, como esenciales, los procedentes de la actividad de los mismos, sea constitutiva o no de esfuerzo o trabajo y en ella se incluyen las ganancias obtenidas en el juego, según dispone el artículo 1351 del Código civil (…).”

La STS de 4 de febrero de 2010, reiterando este razonamiento, lo amplia a las uniones more uxorio, cuando señala que: “(…) En caso de matrimonio seguido bajo el régimen económico-matrimonial de gananciales, las ganancias obtenidas en el juego son bienes gananciales y ello fue contemplado por la sentencia de 22 de diciembre de 2000. Pero en caso de unión de hecho, tan sólo sería común si se acredita la existencia de una comunidad de bienes.”

Asimismo, la doctrina incluye dentro de este precepto, aunque no se desprenda de su sentido literal, las adquisiciones procedentes de la ocupación, los inventos, el descubrimiento del tesoro… También comprende esta norma, por disposición expresa del propio artículo, las ganancias procedentes de causas que eximen de la restitución; es decir las adquisiciones que provengan de contratos nulos por causa ilícita o torpe de los artículos 1301 y 1306 CC. Igualmente las adquisiciones verificadas en cumplimiento de obligaciones naturales, las que procedan de juegos ilícitos, las recibidas en cobro de lo indebido, si el accipiens prueba una justa causa ex art. 1901 CC – en idéntico sentido, véase SAP de Valladolid de 14 de abril de 2003, de Barcelona de 18 de febrero de 1998 y de Córdoba de 3 de febrero de 2003.

Para finalizar, conviene advertir que este artículo 1351 CC, que hemos analizado someramente, fue redactado conforme a la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. La antigua redacción del citado precepto era del tenor literal siguiente: “Las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución, pertenecerán a la sociedad de gananciales” y cuyo única modificación afecta al término “por el marido o la mujer” sustituido por la de “cónyuges” con el único propósito de establecer la igualdad jurídica entre las partes intervinientes en el matrimonio, en consonancia con la reforma operada, denominándose cónyuge a cualquiera de las personas físicas que forman parte de un matrimonio.

En este sentido, no cabe olvidar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite, mediante providencia de 25 de octubre de 2005, el Recurso de Inconstitucionalidad núm. 6864/2005, promovido por setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra la citada reforma del Código Civil, mediante el alegato de que la Ley 13/20005 vendría a modificar la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer. En cualquier caso, apuntalar que el alto tribunal ha resuelto esta controvertida cuestión mediante la Sentencia núm. 198, de 6 de noviembre de 2012, aunque no por unanimidad, pues existen varios votos particulares. Texto legal que referencio para el lector interesado. 

Por último, recordar que el artículo 1361 CC presume la ganancialidad del bien mientras no se pruebe que pertenece privativamente al marido o a la mujer: “Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges.”
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13 de diciembre de 2014

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El Tribunal Supremo restringe el pacto del derecho de repetición de las aseguradoras a los casos de conducción sin permiso de conducir

El demandado tenía concertado un seguro de responsabilidad civil, mediante póliza en la que expresamente quedaba excluida la cobertura para conductores menores de veintiséis años que no aparecieran declarados en la misma.

El vehículo se vio implicado en un accidente cuando era conducido por un menor de 26 años viéndose obligada la demandante a pagar como consecuencia del accidente la cantidad de 17.787,82 euros, más intereses, toda vez que la póliza concertada era a todo riesgo con franquicia.

Hasta la reforma operada por la Ley 21/2007, el artículo 10 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor disponía que el asegurador, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá repetir, según su apartado c) «contra el tomador del seguro o asegurado por causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y en elpropio contrato de seguro ....». Con ocasión de dicha reforma, el artículo 10 en su apartado c), autoriza la repetición «contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro , y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción del vehículo por quien carezca del permiso de conducir» . Es decir que, legalmente, se limita la posibilidad de pacto sobre repetición al supuesto de conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir, de modo que fuera de tal caso sólo cabe la repetición en los supuestos previstos por la ley, no alcanzando los supuestos legalmente previstos al caso de conducción por persona no autorizada según el contrato que sea menor de veintiséis años.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado el tema referido a la legalidad de la cláusula contractual incorporada a un contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la conducción de vehículo a motor por la que se excluían de cobertura los daños y perjuicios causados por conductor no autorizado expresamente, que fuera además menor de veintiséis años, quedando así abierta a la aseguradora la acción de repetición una vez que ha satisfecho las indemnizaciones oportunas a los perjudicados.

En concreto, examina la facultad de repetición de la aseguradora a la luz del régimen aplicable, introducido por la reforma de 2007, que, como decimos, limita las posibilidades de repetición de la indemnización satisfecha por el asegurador frente al tomador o asegurado a las causas previstas en la Ley, impidiendo la repetición con base en causas previstas en el propio contrato de seguro.

En el pleito origen de los recursos, la aseguradora demandante pretendió repetir contra su asegurado el importe de la indemnización satisfecha, pero el Juzgado de Primera Instancia rechazó dicha pretensión al considerar nula la referida estipulación contractual.

La Audiencia Provincial, por el contrario, entendió que se trataba de una cláusula meridianamente clara y expresiva de la intención de los contratantes (lo que excluía otras interpretaciones) y válida, puesto que la exclusión de cobertura de conductores de menor edad que la estipulada, no declarados por el asegurado, puede obedecer a diversas motivaciones o finalidades subjetivas queridas y aceptadas por las partes al contratar (p.ej. conocimiento de los declarados, impedir que el vehículo sea conducido por múltiples conductores noveles, etc...) perfectamente lícitas, y aunque se tratase de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, no podía cuestionarse su validez desde el momento en que aparecía «convenientemente destacada en la póliza y suscrita por el tomador», cumpliendo los requisitos exigibles para su virtualidad por el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. También consideró que era suficiente para acreditar las sumas reclamadas como indemnización la justificación de la aseguradora demandante y el escrito de la lesionada-perjudicada presentado ante el Juzgado. Ahora, el Supremo llega a una conclusión distinta.

La sentencia de la Sala, de la que es ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, estima en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal al considerar que se infringieron las normas reguladoras de la carga probatoria, puesto que a la aseguradora demandante le incumbía no solo acreditar que había pagado determinadas cantidades sino también que tales cantidades resultaban verdaderamente exigibles por corresponderse con el daño o perjuicio realmente causado, lo que la Audiencia no consideró necesario.

En definitiva, dicha exclusión de cobertura -que claramente era conocida y aceptada por el tomador del seguro- únicamente podrá desplegar sus efectos fuera del ámbito del seguro obligatorio, alcanzando por ello en el caso presente a la indemnización por las daños causados al propio vehículo asegurado.


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29 de noviembre de 2014

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Una ligera aproximación al contrato de asunción de deuda en el derecho civil español



De forma escueta, cabe señalar que la asunción de deuda es un contrato en cuya virtud un tercero – denominado asumente - se obliga a cumplir una deuda ajena, provocando con ello la liberación del deudor anterior - asunción liberatoria - o una acumulación con él - asunción cumulativa. 

Esta terminología procede del Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch o BGB), a pesar de que nuestra regulación positiva haya seguido al Code francés y regule el cambio de deudor como una de las posibles manifestaciones de la figura romana de la novación (arts. 1156, 1203.2.° y 1205-1208 CC). 

En el Código civil alemán (BGB) se recoge y regula, en los §§ 414 a 418, de forma bastante completa, la figura llamada “Schuldübernahme” o “privative Schuldübernahme”, de cuya traducción al español procede la expresión “asunción de deuda”. En concreto, el § 414 recoge la asunción de la deuda mediante contrato entre el acreedor y un tercero (asumente), y el 415, entre el deudor y un tercero con la posterior ratificación del acreedor. Esta sería la asunción de deuda liberatoria, es decir, la asunción con efectos frente al acreedor y con liberación del que era deudor en la relación jurídica previa, aunque también prevé una asunción de deuda sin liberación de este último y sin efectos frente al acreedor, bien porque éste aún no ha consentido el cambio, bien porque definitivamente lo deniega.

Por otra parte, la admisión, a falta de previsión legal, de una asunción de deuda con efectos frente al acreedor, pero que al mismo tiempo no produce la liberación del deudor primero (asunción llamada cumulativa) no ha planteado ningún problema en Alemania cuando esa ha sido la intención de los contratantes, configurándose como un negocio jurídico atípico - denominado Schuldbeitritt, kumulative Schuldübernahme o Schuldmitübernahme.

No obstante, dicho lo anterior, en nuestro Derecho Positivo no se regula la figura de la asunción de deuda, en los términos que estamos considerando. A mayor abundamiento cabe indicar que en el Código civil ni siquiera aparece mencionada con este nombre (aunque, en ocasiones, se aluda a ella implícitamente) y lo mismo ocurre en el Derecho foral, a excepción de la Compilación del Derecho Foral de Navarra (Fuero Nuevo), que la recoge (ley 512, y en menor medida, ley 513 sobre la cesión de contrato y 514 sobre el contrato con facultad de subrogación), para referirse básicamente a una asunción con efectos frente al acreedor y con liberación del deudor de la relación preexistente – vid. Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra: Ley 512 Asunción de deudas. El tercero que asume una obligación ajena queda obligado para con el deudor o acreedor con quienes haya contraído la asunción de la obligación, en los términos de la misma, y, de no haberse establecido otra cosa, asume también todas las obligaciones accesorias o derivadas de la principal. La asunción no aceptada por el acreedor no libera de responsabilidad al deudor en tanto no quede cumplida la obligación. La aceptación por el acreedor de la sustitución de deudor podrá presentarse expresamente o por actos que impliquen inequívocamente la liberación del primer acreedor. Los terceros que hubieren garantizado el cumplimiento de la obligación quedarán liberados por la asunción, a no ser que hubieren prestado su consentimiento.

Evidentemente nuestro Ordenamiento Jurídico y jurisprudencia no iba a ser ajeno al reconocimiento de esta figura jurídica. La corriente favorable a la asunción de deuda se inicia en España con la publicación en 1912 de la obra del Prof. De Diego “La transmisibilidad de las obligaciones” y el reconocimiento de esta figura en la doctrina jurisprudencial se produjo con las SSTS de 22 de febrero de 1946, donde el Tribunal Supremo se refiere, por primera vez, a la asunción de deuda, y de 10 de febrero de 1950. 

A prima facie, el Código Civil parece responder a la concepción tradicional romano-napoleónica de la intransmisibilidad de las deudas. Efectivamente, nuestro Código civil siguió en este punto, aunque parcialmente, al Código civil francés (y al italiano de 1865, continuador de este último) y fiel a ello, en principio, el cambio de la persona del deudor tiene lugar a través de una de las posibles aplicaciones de la novación: la novación subjetiva por cambio de la persona del deudor, figura ésta de origen romano que, en este caso, significaría la extinción de una obligación con liberación de quien era su deudor y el nacimiento de otra nueva en su lugar a cargo del nuevo deudor; una y otra conectadas causalmente. Así, nuestro art. 1156 la recoge como uno de los posibles modos de extinción de las obligaciones, estableciéndose una regulación más detallada en la Sección sexta (De la novación) del Capítulo IV (De la extinción de las obligaciones) del Título primero del Libro IV.

A la novación subjetiva por cambio del deudor se refieren, según entiende la doctrina, los artículos 1203.2.º y del 1205 al 1208 CC, siendo más dudosa la aplicabilidad del 1204 que, en mi opinión, debe quedar para la novación objetiva (relativa al objeto o a las condiciones principales de la obligación a tenor del art. 1203.1.º CC). 

En concreto, el 1203.2.º CC recoge el cambio de deudor como una de las posibles formas mediante las cuales las obligaciones pueden modificarse; el 1205 se refiere a la necesidad de concurrencia del consentimiento del acreedor para que se produzca el cambio de deudor, el 1206 recoge los posibles casos en que, si resultara insolvente el nuevo deudor, el acreedor podría dirigirse contra el que hasta entonces parecía liberado, el 1207 establece el régimen jurídico de las obligaciones accesorias ante la novación y el 1208 queda dedicado a los efectos que, sobre la nueva obligación, puede tener la nulidad de la antigua.

Por su parte, la admisión de una novación sin efectos liberatorios se ha producido por la vía de la atipicidad - asunción o novación cumulativa. El término “asunción cumulativa” quizás no sea el más apropiado para acoger aquella asunción en la que el primer deudor y el tercero quedan obligados conjuntamente y el cumplimiento de la obligación por cualquiera de ellos provoca su extinción para los dos. En este sentido, la doctrina romanística suele distinguir, en atención a los sujetos, entre obligaciones parciarias, cumulativas y solidarias. Frente a estas últimas, que se caracterizan por tener una pluralidad de sujetos y un objeto único, en las obligaciones cumulativas en sentido propio hay varios sujetos (en nuestro caso, pasivos) que tienen que realizar una prestación igual, pero que no es la misma, sino que las obligaciones son independientes. Como ejemplos pueden referirse en el Derecho romano arcaico y clásico cuando varias personas conjuntamente cometen un daño, cada uno está obligado a repararlo por entero; lo mismo cuando se vendía una misma cosa a varias personas, en cuyo caso el vendedor debe la entera prestación a cada uno de ellos. Ambos ejemplos tienen en común la idea de sanción impuesta a quienes conjuntamente causan un daño o a quien promete la misma cosa a varios.

La anterior regulación positiva de la novación por cambio de deudor, como un supuesto más bien de “modificación” que de “extinción” de obligaciones, fue el desencadenante en nuestro país de la primera de las tensiones sobre la que ha girado la asunción de deuda en su vertiente liberatoria. No obstante, la polémica acerca del significado del término novación en nuestro Derecho (novación extintiva para unos, novación modificativa para otros se encuentra hoy superada para centrar la cuestión en los efectos prácticos que produce este fenómeno jurídico de la asunción de deuda.

Ahora bien, para una mayor concreción de esta figura, parece ser necesario establecer los puntos de encuentro y diferencias entre la asunción de deuda y otros conceptos o instituciones con las que se viene tradicionalmente asociando - vicisitud de la relación jurídica, cambio de deudor, transmisibilidad de las deudas a título singular, novación y pago de tercero- con las que, guarda importantes diferencias, y que serán tratadas por separado en sucesivos artículos. 



Fuente: Antonio Gálvez Criado. La Asunción de Deuda en el Derecho Civil Español. Universidad de Málaga. 2003.
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21 de noviembre de 2014

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La Audiencia de Pontevedra exime a un recurrente de pagar la tasa judicial por considerarla inaplicable

Durante el pasado mes de septiembre la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, especializada en materia mercantil, dictó dos resoluciones en las que estima la queja interpuesta por el administrador de una sociedad limitada en concurso y al que, para recurrir la sentencia que le condenaba a la pérdida de determinados derechos y al pago de importantes indemnizaciones, se le exigía el previo abono de una tasa de elevada cuantía.


Las resoluciones, de las que son ponentes los magistrados Manuel Almenar y Javier Menéndez, respectivamente, señalan que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, la introducción de un régimen de tasas no es contraria, por sí sola, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, salvo que se demuestre que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza.

Sobre esta base, el Tribunal razona que en una primera aproximación cabría pensar que, al tratarse de un recurso de apelación que se interpone ante una sentencia dictada en la sección de calificación de un proceso concursal y por la que, tras calificar el concurso como culpable, se condena al administrador de la sociedad a indemnizaciones relacionadas con su actuación y con las deudas de la sociedad por importe superior a los 600.000 euros, el interesado, de conformidad con la Ley 10/2012, tendría que abonar una tasa que ascendería a 2.800 euros.

La Sala entiende sin embargo que, si esta interpretación fuera la única legalmente posible, habría de valorar la procedencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, dado que la tasa resultante, por su cuantía, aparece como un elemento que hace excesivamente difícil, cuando no imposible, el derecho fundamental al acceso a la justicia, en su modalidad de interposición de los recursos previstos en la ley.

Ante esta situación la Sección 1ª de la Audiencia ha decidido que la interpretación que lleva a exigir el pago de la tasa no es la única posible, sino que existen otras posibilidades más respetuosas con el derecho fundamental y que no violentan la norma legal. Los magistrados concluyen que se trata de un supuesto que no está sujeto al pago de la tasa, cuya cuantía sería “manifiestamente desproporcionada y con seguridad no querida por el legislador en tanto que afecta negativamente al derecho fundamental al acceso a la justicia”.

En esta misma línea de interpretación constitucional de la Ley 10/2012 y el RDL 3/2013, cita el auto el acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013, sobre las tasas en el orden social, que exime del pago de las tasas para la interposición de los recursos de suplicación y casación a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social y a los funcionarios y personal estatutario que accionen en la jurisdicción social y los sindicatos cuando ejerciten un interés colectivo.

En todo caso, la Sala aclara que esta interpretación responde a las concretas circunstancias de este caso y se justifica precisamente por las mismas, sin vocación generalizadora, al menos en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional en los diversos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que tiene pendientes.

La Sala aclara que esta interpretación responde a las concretas circunstancias del caso y no tiene vocación generalizadora.


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17 de noviembre de 2014

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La eficacia temporal de las normas procesales

A priori, y sin entrar en demasiadas consideraciones, puede afirmarse que las normas procesales no tienen una eficacia ilimitada ni en el tiempo ni en el espacio. En el tiempo, porque la voluntad del legislador es normalmente regular situaciones de hecho con carácter de permanencia – vid. art. 2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: “(…) los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.” Sin embargo, no puede negarse que esas mismas situaciones de hecho pueden cambiar con el trascurso del tiempo. De esta forma, parece necesario regular con otras normas jurídicas el contenido sustancial del proceso. 

Y, brevemente, en el espacio – que analizaremos en otro post -, porque las normas jurídicas procesales emanan de unos órganos legislativos concretos, que, en cuanto tales, pertenecen a un Estado por lo que su eficacia debe de estar limitada a los confines territoriales del Estado de donde emane.

Profundizando en el aspecto temporal de las normas procesales, dado que el derecho se desarrolla en el tiempo, suele ocurrir con mucha frecuencia que a una norma jurídica le suceda otra que regule el mismo supuesto de hecho aunque de manera diversa. Cómo no puede ser de otra manera, el problema a resolver es qué norma procesal de entre las dos es la aplicable.

En principio, esta dicotomía jurídico-procesal no debería haber nacido, si tenemos en cuenta que si el legislador ha entendido que el proceso queda regulado de mejor manera con la nueva norma, ésta debería ser de aplicación inmediata. Por tanto deberíamos mantener que debe aplicarse al proceso actual sin detenernos en el examen del tiempo en que surgió ese proceso o el objeto de la litis. 

Efectivamente, la vigencia del principio de irretroactividad de las leyes (art. 9 CE y art. 2 CC) aplicado de forma estricta en el campo procesal, nos llevaría a sostener no sólo que las normas procesales nuevas no pueden regular situaciones o relaciones jurídicas procesales preexistentes sino que se aplicarán exclusivamente a las situaciones y relaciones procesales existentes durante su vigencia.

Sin embargo, el principio de irretroactividad de las normas procesales nos permite afirmar que el cambio de norma procesal no debe afectar ni puede afectar al efecto procesal ya producido, pero esto no es suficiente porque normalmente es extremadamente difícil saber cuáles son los efectos procesales ya producidos, dado que no están claros cuáles son los efectos inmediatos de los actos procesales. De esta forma, no es tan fácil aplicar este principio de irretroactividad por el que la norma procesal nueva ni afecta ni puede afectar a los actos procesales que han producido ya sus efectos procesales. 

Sólo partiendo de estas premisas, podremos conocer si la norma procesal nueva vincula o no a actos procesales posteriores, dependiendo la respuesta de que se consideren o no como efectos inmediatos de actos procesales realizados con anterioridad a la modificación normativa.

La dificultad del descenso a la casuística ha movido al legislador a la búsqueda de soluciones globales, mediante el recurso de la promulgación de las llamadas normas de derecho transitorio, acogiendo algunas de estas dos soluciones:

a) La negación de efectos procesales determinantes de la prosecución del proceso, aplicándose la nueva norma de forma inmediata a todos los actos procesales que se desarrollan con posterioridad a su entrada en vigor. b) O, bien, estimar que iniciándose un proceso bajo el amparo de una ley o de un conjunto de normas, debe terminarse conforme a lo dispuesto en esa misma ley o en ese mismo conjunto de normas, con independencia de cuál sea la regulación que se haga en la nueva.

La primera solución no es válida en cuanto que la realización de cualquier acto procesal determina de forma inmediata el nacimiento de poderes o facultades procesales para la parte contraria a aquella que realizó la actividad; si la nueva ley suprime alguna de esas facultades o de esos poderes se produciría una situación de falta de paridad en la posición procesal de las partes. 

La segunda solución tampoco es válida pues en el proceso los actos ulteriores no deben entenderse como meras consecuencias de la incoación del proceso, sino únicamente como hechos condicionados por la demanda. 

De esta forma, parece conveniente pensar que el proceso puede dividirse en etapas, concibiendo éstas como un conjunto de actos y efectos jurídicos consumados, de modo que se entendería como una nueva etapa aquella que se inicia necesariamente con una petición que produce en cadena una serie de efectos jurídicos predeterminados por la ley.

Las normas de derecho transitorio que se han promulgado a raíz de las reformas llevadas a cabo en nuestra legislación procesal, han ido por el camino anteriormente expuesto, partiendo de un proceso dividido en etapas entendiendo por éstas las instancias. Así, las disposiciones transitorias de la LEC vigente hablan de instancias, de recursos extraordinarios, de trámite de ejecución o de proceso cautelar, en modo tal que la instancia, el recurso, la ejecución, etc., promovida se regulará por la ley vigente en el momento de su promoción - presentación de la demanda, interposición del recurso de apelación o del recurso de casación...


Fuente: Introducción al Derecho Procesal. Víctor Moreno Catena. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid. Abogado. Valentín Cortés Domínguez. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Autónoma de Madrid. Abogado. Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal de la UNED. Abogado. 8ª. Edición. 2013. Colex.

Pd: Últimamente recibo una buena dósis de comentarios que, cuando puedo, dispongo su publicación, y que, a pesar de que suelo leerlos, lamentablemente no puedo responder por falta de tiempo. Cada vez me resulta más difícil atender debidamente al blog y, por ello, os pido disculpas. Gracias a todos los lectores por su comprensión.
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16 de octubre de 2014

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Entrada en vigor de las tasas judiciales catalanas, de las que están exentas los ciudadanos

En el día de hoy, entra en vigor las tasas judiciales en el ámbito de la comunidad autónoma catalana, tras la publicación en el DOGC de ayer de la Orden JUS/303/2014, de 13 de octubre, por la que se establecen el procedimiento y los plazos de autoliquidación de la tasa judicial de Cataluña, establecida por el apartado 1 del artículo 3 bis.1.1, del Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio.

1.- Hecho imponible (Art. 3 bis.1-1 del DLeg 3/2008)

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia de competencia de la Generalidad, a instancia de parte, en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso administrativo, en órganos judiciales con sede en Cataluña.

La producción del hecho imponible se manifiesta mediante la realización de los siguientes actos:

§  La presentación del escrito iniciador del procedimiento en primera o única instancia
§  La presentación del escrito iniciador del incidente en el proceso concursal.
§  La presentación del escrito iniciador de la segunda o superior instancia del procedimiento principal que deban resolver órganos judiciales con sede en Cataluña.

También constituye el hecho imponible de la tasa en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo la emisión de segunda certificación y testimonio de sentencias y otros documentos que constan en los expedientes judiciales de los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo.

2.- Sujeto pasivo Artículo 3 bis.1-2

Es sujeto pasivo de la tasa, en concepto de contribuyente, quien directamente o mediante representación, realice alguno o algunos de los actos que constituye el hecho imponible. En los supuestos en que haya una pluralidad de solicitantes para la realización de un mismo hecho imponible, se tiene que liquidar una única tasa, y quedan todos ellos solidariamente obligados al pago de la deuda ante la Administración.

3.- Exenciones Artículo 3 bis.1-3

- Exenciones objetivas.

Está exenta de la tasa la presentación de solicitud de declaración de concurso.

- Exenciones subjetivas.

Están exentos de la tasa:
§  Las personas físicas.
§  Las personas jurídicas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
§  Las entidades totalmente o parcialmente exentas del impuesto sobre sociedades.
§  Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto sobre actividades económicas, de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales.
§  El Ministerio Fiscal

Esta tasa solo afecta a las personas jurídicas que no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita y que pleiteen ante los ámbitos civiles y contencioso-administrativo de la jurisdicción, no ante el penal ni el social.

4.- Bonificaciones. Artículo 3 bis.1-3

Se establece una bonificación del 25 % sobre la tasa en caso de que la presentación de los escritos se haga por medios telemáticos. Según la Consejería de Justicia, el importe de estas taxas - entre un mínimo de 60 euros y un máximo de 120- es muy distante de las acordadas por el Gobierno central, que en opinión del consejero "pueden generar un efecto disuasorio desproporcionado en los que quieren obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos".

Fuente: Noticias  Jurídicas


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9 de septiembre de 2014

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Doctrina Jurisprudencial sobre la interpretación de la Disposición Transitoria 2ª B) apartado 4º, párrafo 3º de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994

La figura jurídica de la subrogación arrendaticia tiene como fundamento legal la pervivencia del contrato de arrendamiento y viene a significar que una persona, que en principio no es el titular del citado contrato, pase a tener la condición de arrendatario, asumiendo todos los derechos y obligaciones derivados del contrato, permaneciendo inalteradas las condiciones pactadas. La ley establece dos supuestos por los cuales es válida la subrogación del alquiler: en caso de defunción del titular y en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial del inquilino.

La vigente Ley 29/94, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se ocupa de regular esta materia en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda, concretamente, entre otras cosas, estableciendo el régimen normativo de la subrogación de los contratos celebrados con anterioridad al 1 de enero de 1995, con una técnica legislativa muy desafortunada. 

En concreto, la farragosa Disposición Transitoria Primera regula todo lo relativo a los contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1985, mientras que la Segunda se encarga de la regulación de los celebrados con anterioridad a dicha fecha. 

En una apretada síntesis se puede colegir que en caso de muerte del arrendatario la LAU establece una enumeración de personas con derecho a subrogarse, con sus mismos derechos y deberes. La enumeración por orden de preferencia es la siguiente: a) El cónyuge a la fecha de fallecimiento. b) la persona que hubiera venido conviviendo de forma permanente durante los dos años anteriores en análoga relación de afectividad con independencia de su orientación sexual. c) los descendientes del arrendatario bajo patria potestad o tutela al momento de fallecimiento, o, que hubiesen convivido con él durante los 2 años anteriores al fallecimiento. d) los ascendientes (convivencia 2 años). e) Hermanos (igual período de convivencia de 2 años). f) Personas distintas a las anteriores que sufran una minusvalía igual o superior al 65% siempre que sean parientes hasta el tercer grado colateral del arrendatario (más el período de convivencia de 2 años).

En relación a este último supuesto la Disposición Transitoria 2ª B) apartado 4º de la LAU señala que: 

“A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento. 

El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o en la fecha en que el subrogado cumpla veinticinco años, si ésta fuese posterior. 

No obstante, si el subrogado fuese el cónyuge y al tiempo de su fallecimiento hubiese hijos del arrendatario que conviviesen con aquél, podrá haber una ulterior subrogación. En este caso, el contrato quedará extinguido a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior, o por su fallecimiento si está afectado por la minusvalía mencionada en el párrafo anterior.”

En relación a este último supuesto ha existido jurisprudencia menor contradictoria sobre la interpretación que debía darse a este último párrafo de la Disposición Transitoria 2ª b), apartado 4º de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , en relación con el artículo 16 y la Disposición Adicional novena del citado Texto legal. 

Algunas Audiencias Provinciales consideran que basta para que se produzca válidamente la subrogación con que concurra la incapacidad en el momento de la defunción del arrendatario, aunque no haya sido entonces formalmente declarada o reconocida, siempre y cuando la declaración se emita dentro de los dos años – cfr. la SAP de Barcelona de 23 de septiembre de 2008, que únicamente exige que el subrogado se encuentre "afectado" por la minusvalía, sin que pueda exigirse que esta haya sido declarada por la Administración Pública competente en el momento de la subrogación, cuando lo normal es precisamente que se promueva la declaración para obtener la adecuada asistencia social cuando el hijo del arrendatario queda desasistido por el fallecimiento de su padre o madre, o de ambos sucesivamente, al no haber necesitado probablemente hasta ese momento promover la declaración de minusvalía por encontrase asistido hasta entonces por sus progenitores. 

Otras sentencias de las Audiencias Provinciales entienden que la condición de minusválido y el grado correspondiente, deben estar legalmente declarados en el momento en el cual surge el derecho de subrogación, momento coincidente con el del fallecimiento del arrendatario inicial, atendiendo fundamentalmente al carácter restrictivo de la subrogación y a razones de seguridad jurídica.

La STS de 11 de julio de 2014, siendo ponente el Ilmo. Sr. José Antonio Seijas Quintana, fija como doctrina jurisprudencial y resuelve esta cuestión relativa a si es necesario que al tiempo del fallecimiento haya sido reconocido el grado de incapacidad del hijo por resolución administrativa o basta con que concurra la incapacidad en ese momento, teniendo en cuenta que de conformidad con la Disposición Adicional Novena de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , de Arrendamientos Urbanos "a los efectos prevenidos en esta Ley, la situación de minusvalía y su grado deberán ser declarados, de acuerdo con la normativa vigente, por los centros y servicios de las Administraciones Públicas competentes".

Doctrina Jurisprudencial:

“(…) en la interpretación de la Disposición Transitoria 2ª B) de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, apartado 4º, párrafo 3º, en relación con la Disposición Adicional novena de la misma Ley , en materia de subrogación mortis causa, es suficiente para reconocer la subrogación que se produzca la situación de convivencia y el hijo se encuentre afectado por la minusvalía, sin necesidad de que esta hubiera sido declarada en el momento del fallecimiento del arrendatario por el órgano competente.”
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28 de julio de 2014

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Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores – Las denominadas Reglas de Beijing

En el ámbito de la protección del derecho fundamental a la intimidad de los menores resulta relativamente relevante la regla 8 de las denominadas Reglas de Beijing. Esta regla hace hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos adversos que pueden resultar de la publicación en los medios de comunicación de informaciones derivadas de un proceso judicial en los que menores de edad aparezcan como presuntos delincuentes. El contenido general de la regla 8 se sigue concretando en la regla 21.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) fueron adoptadas por la Asamblea General en la Resolución 40/33 de 29 de noviembre de 1985 por recomendación del séptimo congreso. Con anterioridad, por recomendación de la Resolución 4 del sexto congreso, el Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control del Crimen había contribuido al desarrollo de estas Reglas en colaboración con los institutos de las Naciones Unidas regionales e interregionales. Estas Reglas fueron elaboradas más a fondo por la reunión preparatoria interregional para el séptimo congreso sobre “Juventud, Crimen y Justicia” en Beijing, China, en 1984.

Estas Reglas tienen en cuenta los diversos marcos nacionales y estructuras legales, reflejan los objetivos y el espíritu de la justicia juvenil y exponen principios convenientes y prácticas para la administración de la justicia para jóvenes. 

Por otra parte, representan un mínimo de condiciones aceptadas internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto con la ley. En las Reglas de Beijing se expone que los objetivos de justicia juvenil son de promover el bienestar del joven y de asegurar que cualquier respuesta a los delincuentes juveniles será siempre en proporción a las circunstancias tanto del joven como del delito. En estas Reglas se prevén medidas específicas que cubren las varias fases de justicia juvenil, haciendo hincapié en que el ingreso en instituciones sólo será utilizado como último recurso y durante el plazo más breve posible.

Estas reglas tienen como objetivo promover el bienestar del menor en la mayor medida posible y reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y prevenir el delito y la delincuencia juvenil con la necesidad de perfeccionar la justicia de manera continua.

Un menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto. Un delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate Un menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito.

En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los elementos morales y psicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento esencialmente antisocial. 

Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.). Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional.


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12 de julio de 2014

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Doctrina Jurisprudencial.- Los requisitos del requerimiento exigido en el último párrafo del artículo 22.4 de la LEC

El artículo 22.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la redacción dada por la Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquiler de viviendas, dice lo siguiente:

" Los procesos de desahucio de finca urbana o rústica por falta de pago de las rentas o cantidades debidas por el arrendatario terminarán mediante decreto dictado al efecto por el secretario judicial si, requerido aquél en los términos previstos en el apartado 3 del artículo 440, paga al actor o pone a su disposición en el Tribunal o notarialmente, dentro del plazo conferido en el requerimiento, el importe de las cantidades reclamadas en la demanda y el de las que adeude en el momento de dicho pago enervador del desahucio. Si el demandante se opusiera a la enervación por no cumplirse los anteriores requisitos, se citará a las partes a la vista prevenida en el artículo 443 de esta Ley, tras la cual el Juez dictará sentencia por la que declarará enervada la acción o, en otro caso, estimará la demanda habiendo lugar al desahucio. 
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación cuando el arrendatario hubiera enervado el desahucio en una ocasión anterior, excepto que el cobro no hubiera tenido lugar por causas imputables al arrendador, ni cuando el arrendador hubiese requerido de pago al arrendatario por cualquier medio fehaciente con, al menos, treinta días de antelación a la presentación de la demanda y el pago no se hubiese efectuado al tiempo de dicha presentación”.

El apartado 4 de este precepto contempla la posibilidad de enervar la acción de desahucio que, como hemos señalado reiteradamente, consiste en paralizar el proceso de desahucio a través del pago de la deuda que ha dado lugar a la demanda de desahucio. Ahora bien, el último inciso de este apartado impide el uso de esta facultad al arrendatario siempre y cuando se hayan dado alguna de las circunstancias siguientes: 1.- Si el arrendatario enervó la acción de desahucio anteriormente, salvo que la reclamación de rentas sea imputable al propio arrendador. 2.- Si el arrendador envió un requerimiento fehaciente al arrendatario solicitando el pago de las deudas existentes hasta ese momento y han transcurrido más de treinta días desde la notificación del requerimiento hasta la fecha de presentación de la demanda.

No obstante, existía jurisprudencia contradictoria entre las distintas Audiencias Provinciales sobre los requisitos y contenido de este requerimiento establecido en el precepto arriba citado. En este sentido, la SAP de Oviedo de 2 de marzo de 2007, reiterada por la 14 de octubre de 2011, sentaba la premisa de que: "La cuestión planteada ha merecido respuestas enfrentadas por parte de los Tribunales, pues así existe una primera opinión que entendiendo la excepción a la facultad enervatoria como una limitación de derechos al arrendatario que por ello mismo habrá de ser interpretada restrictivamente, se muestra partidaria de exigir que el requerimiento de pago tenga un determinado contenido que vendrá dado por incluir, además de la intimación al pago, una advertencia clara y terminante al arrendatario de las consecuencias jurídicas inherentes a su impago, de tal modo que el inquilino comprenda el alcance y fines de la intimación (en tal sentido S.A.P. Barcelona, Secc. 13.ª de 30-5-2002 , 17-2-2005 ; Baleares, Secc. 4.ª, 5-5-2005 , etc.). 

Frente a este criterio existía otras sentencias que, por el contrario, eximían al requirente de incluir advertencia alguna al inquilino moroso sobre las consecuencias de su impago en el caso de un ulterior proceso para la resolución del contrato - tesis defendida por la S.A.P. Huesca 19 de noviembre de 2002; SAP de Vizcaya, de 30 de julio de 2001; SAP de Cantabria, de 21 de diciembre de 2004 y SAP de Madrid, de 21 de marzo de 2006. 

La reciente STS de 23 de junio de 2014 viene a zanjar esta polémica doctrinal entorno a los requisitos y contenido del requerimiento contemplado en el último inciso del apartado 4 del art. 22 de la LEC como presupuesto impeditivo de la enervación de la acción de desahucio. El Fundamento Jurídico Segundo nos recuerda que:

“La sentencia nº: 302/2014, de 28 de mayo, ha dado respuesta definitiva la cuestión planteada, en la interpretación del artículo 22 LEC . Dicho precepto exige:
"1. La comunicación ha de contener un requerimiento de pago de renta o cantidad asimilada. 2. Ha de ser fehaciente, es decir, por medio que permita acreditar que llegó a conocimiento del arrendatario, con la claridad suficiente. 3. Ha de referirse a rentas impagadas. 4. Debe transcurrir el plazo legalmente previsto, que ha venido fluctuando entre uno y dos meses, en las sucesivas reformas legales. 5. Que el arrendatario no haya puesto a disposición del arrendador la cantidad reclamada. 
Sin embargo, en dicho precepto no se exige que se comunique al arrendatario: 1. Que el contrato va a ser resuelto. 2. Que no procederá enervación de la acción de desahucio si no se paga en el plazo preceptivo. 
El legislador no obliga al arrendador a que se constituya en asesor del arrendatario, sino tan solo a que le requiera de pago". La información que se traslada al arrendatario, como dice la citada sentencia "es la crónica anunciada de un proceso judicial y no podía pasar desapercibida a la arrendataria, ni su gravedad ni las consecuencias, pues es comúnmente sabido que el impago de rentas genera la resolución del contrato y el desahucio de la vivienda o local. No estamos ante un derecho del arrendatario que pudiera conllevar la necesaria información para su ejercicio, sino ante un derecho del arrendador a que se le abonen las rentas y cantidades asimiladas (IBI) y una obligación de pago por parte del arrendatario. Como declara la sentencia de esta Sala de 26 de marzo de 2009 (rec. 1507/2004), la enervación del desahucio no se configura tanto como un derecho cuanto como una oportunidad del arrendatario para evitar el desahucio por falta de pago, porque al arrendador no le es indiferente el momento en que se le pague la renta estipulada".”
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28 de junio de 2014

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El abandono de la posesión

El abandono es un modo de pérdida de la posesión que viene regulado en el artículo 460.1º del Código Civil. Este abandono voluntario de la cosa consiste en la dejación o desapoderamiento del poder físico que el poseedor detenta sobre la cosa y es un acto unilateral para cuya realización no debe requerirse más capacidad que la natural de entender o querer y, por supuesto, no conlleva el simultáneo apoderamiento por otra persona distinta a quien hasta entonces había sido su poseedor.

La doctrina jurisprudencial ha venido identificando las figuras del abandono y de la renuncia. Sin embargo, algunos autores doctrinales han tratado de establecer líneas diferenciales entre ambas. De esta forma, en una primera aproximación, algunos autores describen el abandono como el acto material de dejación de la posesión de una cosa con intención de perder su dominio y la renuncia como un acto formal o una declaración de voluntad solemne que pretende la abdicación de la titularidad de un derecho. No obstante, otros autores sitúan la diferencia en el objeto sobre el que despliegan sus efectos. Así consideran que el abandono se estaría refiriendo al dominio y la renuncia a los derechos reales limitados en cosa ajena - iura in re aliena.

Por otra parte, en el Derecho Romano el abandono recibía el nombre de derelictio, y que la doctrina romanista y civilista ha ido evolucionando hasta concluir que son dos los elementos constitutivos del abandono: a) uno de carácter subjetivo, el animus derelinquendi, que consiste en la voluntad de renunciar la propiedad de la cosa; b) y otro de carácter objetivo, el corpus derelictionis, que sería el abandono material de la posesión de la cosa.

En cuanto a los efectos del abandono de la posesión de un bien, resulta tener en consideración la naturaleza del objeto abandonado. Si el objeto que se abandona es un bien mueble, el mismo pasará a tener la consideración de “res nullius” y podrá ser adquirido por ocupación, como resulta del art. 610 CC, que dispone que: “Se adquieren por la ocupación los bienes apropiables por su naturaleza que carecen de dueño, como los animales que son objeto de la caza y pesca, el tesoro oculto y las cosas muebles abandonadas”. 

Si el objeto abandonado es un bien inmueble, éste se entiende adquirido desde luego por el Estado, con arreglo a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Si el abandonante hace dejación de la cuota que le corresponde en un condominio, se operará un acrecimiento proporcional en las cuotas de los demás condóminos. Por último, ha de tenerse en cuenta que los acreedores tienen posibilidad de impugnar el abandono que les resulte perjudicial a su derecho de crédito, como resulta de la aplicación combinada de los arts. 6.2 y 1291.3 CC.

Cómo ejemplos más significativos de abandono en el Código Civil tenemos los siguientes: El art. 395, que dice que: “Todo copropietario tendrá derecho para obligar a los partícipes a contribuir a los gastos de conservación de la cosa o derecho común. Sólo podrá eximirse de esta obligación el que renuncie a la parte que le pertenece en el dominio”. El art. 460.1, que señala que: “El poseedor puede perder su posesión por abandono de la cosa”. El art. 1659, que dispone que: “Cuando se proceda por acción real contra la finca acensuada para el pago de pensiones, si lo que reste del valor de la misma no fuera suficiente para cubrir el capital del censo y un 25 % más del mismo, podrá el censualista obligar al censatario a que, a su elección, redima el censo o complete la garantía, o abandone el resto de la finca a favor de aquél”.

Fuera del Código Civil destacan los supuestos regulados por los arts. 17 y 18.1 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, de 3 de noviembre de 2003, según los cuales: 1. “Pertenecen a la Administración General del Estado los inmuebles que carecieren de dueño. 2. La adquisición de estos bienes se producirá por ministerio de la ley, sin necesidad de que medie acto o declaración alguna por parte de la Administración General del Estado. No obstante, de esta atribución no se derivarán obligaciones tributarias o responsabilidades para la Administración General del Estado por razón de la propiedad de estos bienes, en tanto no se produzca la efectiva incorporación de los mismos al patrimonio de aquélla a través de los trámites prevenidos en el párrafo d) del artículo 47 de esta Ley. 3. La Administración General del Estado podrá tomar posesión de los bienes así adquiridos en vía administrativa, siempre que no estuvieren siendo poseídos por nadie a título de dueño, y sin perjuicio de los derechos de tercero. 4. Si existiese un poseedor en concepto de dueño, la Administración General del Estado habrá de entablar la acción que corresponda ante los órganos del orden jurisdiccional civil”.

Artículo 18. 1. “Corresponden a la Administración General del Estado los valores, dinero y demás bienes muebles depositados en la Caja General de Depósitos y en entidades de crédito, sociedades o agencias de valores o cualesquiera otras entidades financieras, así como los saldos de cuentas corrientes, libretas de ahorro u otros instrumentos similares abiertos en estos establecimientos, respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de 20 años”.


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