IurisCivilis - Blog Jurídico Dedicado Al Derecho Civil

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17 de abril de 2014

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Doctrina Jurisprudencial sobre la acción subrogatoria ex artículo 43 LCS y su relación con la acción derivada del artículo 32 del mismo texto legal

En la doctrina y jurisprudencia tradicional se reconocen tres formas distintas de cumplimiento de la obligación de reparar el daño: Reparación específica o in natura, en el sentido de arreglo de la cosa dañada, Indemnización por equivalente, mediante la entrega de la cantidad de dinero correspondiente al daño sufrido y Reparación en especie, mediante la entrega de bienes, cuyo valor equivalga al daño sufrido, mediante su sustitución por otra igual. Todas ellas responden a la finalidad de reponer a la víctima al estado anterior a la producción del daño.

En este sentido, en materia de seguro de daños, la indemnización que paga la compañía aseguradora ingresa en el patrimonio del asegurado, por lo que contribuye a aminorar o, en su caso, a hacer desaparecer, los efectos que sobre éste hubiese causado el siniestro, como si nunca hubiese ocurrido. Sin embargo, el asegurado puede ser también titular de un derecho de resarcimiento frente a la persona responsable del siniestro. Y la realización de este derecho de crédito, unida a la percepción de la indemnización abonada por el asegurador, puede provocar que el asegurado perciba una doble reparación del mismo daño por cuantía superior al daño efectivamente sufrido. Para evitar esta situación, el artículo 43 de la Ley de Contrato de Seguro permite que el asegurador que ha pagado la indemnización se subrogue en los derechos y acciones del asegurado frente al responsable del siniestro. 

El tenor literal de este precepto es el siguiente: 

“El asegurador, una vez pagada la indemnización podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización. El asegurador no podrá ejercitar en perjuicio del asegurado los derechos en que se haya subrogado. El asegurado será responsable de los perjuicios que, con sus actos u omisiones, pueda causar al asegurador en su derecho a subrogarse. El asegurador no tendrá derecho a la subrogación contra ninguna de las personas cuyos actos u omisiones den origen a responsabilidad del asegurado, de acuerdo con la Ley, ni contra el causante del siniestro que sea, respecto del asegurado, pariente en línea directa o colateral dentro del tercer grado civil de consanguinidad, padre adoptante o hijo adoptivo que convivan con el asegurado. Pero esta norma no tendrá efecto si la responsabilidad proviene de dolo o si la responsabilidad está amparada mediante un contrato de seguro. En este último supuesto, la subrogación estará limitada en su alcance de acuerdo con los términos de dicho contrato. En caso de concurrencia de asegurador y asegurado frente a tercero responsable, el recobro obtenido se repartirá entre ambos en proporción a su respectivo interés.”

Pues bien, en ocasiones los pronunciamientos judiciales del Tribunal Supremo se convierten en un excelente instrumento pedagógico para exponer el desarrollo del análisis científico e interpretativo de una norma jurídica. Este es el caso de la importante STS de 19 de Noviembre de 2013, siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Sebastián Sastre Papiol, donde el alto tribunal realiza un pormenorizado estudio entorno a la conceptualización, naturaleza jurídica y presupuestos necesarios para el ejercicio de la acción subrogatoria prevista en el referido artículo 43 LCS.

Sin perder más tiempo, el Fundamento Jurídico Cuarto, de la referida sentencia comienza por explicitar la ratio legis de la acción de subrogación por el asegurador, para seguir por calificar su naturaleza jurídica y los requisitos necesarios para su ejercicio:

“ I.- Fundamento de la subrogación prevista en el artículo 43 LCS: Dice el art. 43 de la LCS : " el asegugurador, una vez pagada la indemnización, podrá ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondieran al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización ". La doctrina centra el fundamento de la subrogación legal del asegurador sobre las siguientes bases. Primera, evitar que el asegurado que, como consecuencia del siniestro, tiene una doble vía de resarcimiento del daño (contra el asegurador y contra el causante del daño), pueda enriquecerse ejercitando ambos derechos (el principio indemnizatorio a que se refiere el art. 26 LCS ); segunda, impide que el tercero responsable se vea libre de su obligación de resarcir el daño por la protección que obtiene el asegurado merced al contrato de seguro; tercera, supone un beneficio para el asegurador, pero también para el asegurado en la medida en que el primero obtiene unos recursos que le favorecen una mejor explotación del negocio y el segundo no verá incrementada la prima que, en caso de insolvencia del responsable del daño, debiera soportar.

Las razones apuntadas ya aparecían en al exposición de motivos del Código de Comercio de 1885: "Satisfecho el asegurado de cualquiera de los modos indicados, es de estricta justicia que, como consecuencia de este acto, quede subrogado ipso iure el asegurador en todos los derechos del asegurado, contra los terceros que sean responsables del incendio, por cualquier título o concepto; pues ni el asegurado, una vez percibida la indemnización, puede exigir de éstos otra, lo cual constituiría un lucro o beneficio, en oposición con la naturaleza fundamental del mismo contrato, ni los terceros quedan libres de su responsabilidad en virtud del seguro, como acto ajeno a ellos, siendo, por el contrario, muy ventajosa esta subrogación al mismo asegurado, que obtendrá por ella alguna rebaja en la cuantía del premio del seguro.”

II.- Naturaleza jurídica de la subrogación. Aunque se sostiene por algunos que la subrogación constituye una cesión de créditos, o un supuesto atípico de sucesión en el crédito del asegurado frente al tercero responsable, o un supuesto particular de subrogación por pago, es lo cierto que el art. 43 LCS establece una subrogación legal -aunque no se produzca automáticamente-. Como destaca la doctrina, mientras la cesión es el cauce para realizar el interés de la circulación del crédito, la subrogación atiende a la satisfacción de un interés subrogado para recuperar, por vía de regreso, un desembolso patrimonial efectuado por el asegurador.

III.- Presupuestos: La doctrina más reciente de esta Sala, STS núm. 432/2013, de 12 de junio , destaca que el art. 43 LCS exige tres presupuestos: (i) que el asegurador haya cumplido la obligación de satisfacer al asegurado la indemnización dentro de la cobertura prevista en el contrato, (ii) que exista un crédito de resarcimiento del asegurado frente al tercero causante del daño, de modo que cuando no existe deuda resarcitoria por parte de un tercero no opera la subrogación ( SSTS 14 de julio 2004 , 5 de febrero de 1998, entre otras); (iii) y la voluntad del asegurador de subrogarse, como un derecho potestativo que puede hacer valer o no, según le convenga, por lo que la subrogación no operaría ipso iure, conforme preveía el Código de Comercio.

IV.- El régimen de oponibilidad de las excepciones del tercero responsable frente al asegurador. Del concepto de subrogación surge la natural consecuencia de que las acciones que el asegurador puede ejercitar son las mismas que las que podía ejercitar el asegurado-perjudicado. Por tanto, presupone un crédito del asegurado contra un tercero responsable del daño. Ha de tratarse de un crédito del asegurado dirigido a la obtención de un resarcimiento de daños que ha dado lugar, por vía subrogatoria, a la indemnización por el asegurador al asegurado en virtud de la existencia de un contrato válido y vigente. Así lo establece expresamente el art. 43 LCS, cuando afirma que el objeto de la subrogación, una vez pagada la indemnización, son los derechos y acciones "que correspondieran al asegurado".

Por esta razón, el demandado puede oponer al asegurador las mismas excepciones que hubiera podido oponer frente al asegurado, preexistentes a la subrogación. Ningún obstáculo habrá para poder admitir también las excepciones procesales por ser de orden público.

Pero una vez que, como ocurre en el presente litigio, (i) se ha verificado la vigencia de las pólizas de los seguros, (ii) el pago efectuado por las aseguradoras al asegurado perjudicado, (iii) la responsabilidad - mejor la corresponsabilidad- del tercero a quien se le reclama el 50 % de las cantidades satisfecha en virtud de un pronunciamiento judicial previo (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra), (iv) hallándose las cantidades reclamadas dentro del límite de cobertura de cada una de las pólizas, (v) y, no reclamándose una cuantía superior al daño realmente causado o superior al límite de la indemnización satisfecha, el tercero responsable no puede interferirse, subingresar o excepcionar circunstancias derivadas del contrato de seguro, cuyas relaciones jurídicas son internas, vinculantes exclusivamente a las partes contratantes, asegurador y asegurado, y para el tercero responsable es una "res inter alios acta" (…).”

En otro sentido, dice el artículo 32 LCS que: 

“Cuando en dos o más contratos estipulados por el mismo tomador con distintos aseguradores se cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo el tomador del seguro o el asegurado deberán, salvo pacto en contrario, comunicar a cada asegurador los demás seguros que estipule. Si por dolo se omitiera esta comunicación, y en caso de sobreseguro se produjera el siniestro, los aseguradores no están obligados a pagar la indemnización. Una vez producido el siniestro, el tomador del seguro o el asegurado deberá comunicarlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, a cada asegurador, con indicación del nombre de los demás. Los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite el asegurado puede pedir a cada asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato. El asegurador que ha pagado una cantidad superior a la que proporcionalmente le corresponda podrá repetir contra el resto de los aseguradores. Si el importe total de las sumas aseguradas superase notablemente el valor del interés, será de aplicación lo previsto en el artículo 31. ”

En efecto, este precepto diferencia entre la concurrencia de seguros y el coaseguro regulado en el art. 33 LCS. Los requisitos que la ley exige para que se aplique la concurrencia de seguros, son los siguientes:

1.- Que un mismo tomador, a iniciativa propia, celebre dos o más contratos de seguro con distintas aseguradoras y por lo tanto, sin conocimiento previo y consiguientemente, sin previo reparto de cuotas entre las mismas.

2.- Que dichas pólizas cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés asegurado, entendiendo por tal interés asegurado, según lo define la doctrina actual, la relación entre un sujeto (el asegurado) y un objeto (el bien asegurado) susceptible de valoración económica.

3.- Que las diferentes pólizas, cubran dichos efectos durante el mismo periodo de tiempo.

4.- Que la obligación de indemnizar sea simultanea no sucesiva (en caso contrario no habría concurrencia de seguros).

La finalidad de esta norma es dar respuesta al cumplimiento del principio indemnizatorio que rige el derecho de daños así como evitar un enriquecimiento injusto tanto para el asegurado como para las diferentes aseguradoras que pueden verse implicadas en un siniestro en caso de concurrencia de seguros. Este planteamiento está avalado por una abundante doctrina – cfr. entre otras, sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, n.º 324/2011 de fecha 7 de junio de 2011, sentencia 557/2011 AP Salamanca, sección 1ª, de 30-12- 2011

Pues bien, a mayor abundamiento la referida sentencia del Tribunal Supremo, en el Fundamento Jurídico Sexto, relaciona entre las acciones ejercitadas al amparo de los artículos 43 y 32 de la Ley de Contrato de Seguro:

“(…) El art. 32 LCS contempla situaciones de seguro múltiple cuando establece: " Cuando en dos o más contratos estipulados por el mismo tomador con distintos aseguradores se cubran los efectos que un mismo riesgo puede producir sobre el mismo interés y durante idéntico período de tiempo el tomador del seguro o el asegurado deberán, salvo pacto en contrario, comunicar a cada asegurador los demás seguros que estipule.

>> Una vez producido el siniestro, el tomador del seguro o el asegurado deberá comunicarlo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 16, a cada asegurador, con indicación del nombre de los demás.

>> Los aseguradores contribuirán al abono de la indemnización en proporción a la propia suma asegurada, sin que pueda superarse la cuantía del daño. Dentro de este límite el asegurado puede pedir a cada asegurador la indemnización debida, según el respectivo contrato. El asegurador que ha pagado una cantidad superior a lo que proporcionalmente le corresponda podrá repetir contra el resto de los aseguradores."

Si cada asegurador paga la indemnización en proporción a la suma asegurada, se subroga proporcionalmente en los derechos del asegurado frente al tercero responsable. Pero cuando, como en el presente supuesto, un asegurador paga la total indemnización al asegurado, el art. 32 le concede un derecho de repetición o de regreso frente a los restantes aseguradores en la parte que a cada uno corresponde de la indemnización satisfecha. A partir de entonces nacería un derecho de subrogación a cada uno de los aseguradores frente al tercero responsable. Y también, a partir de entonces, cada asegurador podría dirigirse contra este tercero responsable. 

Pero esta posibilidad contemplada como facultad en el art. 32 LCS, no impide reconocer legitimación activa a favor del que ha pagado la totalidad de la indemnización para reclamar la total suma satisfecha del tercero responsable, evitando así una litigiosidad innecesaria. Por ello, los demandados deben resarcir enteramente a (...) que fue quien anticipó la total cantidad satisfecha al asegurado."
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16 de abril de 2014

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La conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas y su no asimilación con la intencionalidad penal

Cómo es bien sabido por todos, la legislación vigente en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial prohíbe expresamente conducir un vehículo bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En este sentido, se expresa el artículo 12. 1 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, modificado por el artículo nueve de la Ley 6/2014, de 7 de abril: “No podrá circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan”. Asimismo, el art. 65.5 letra c), modificado por el artículo dieciocho de la Ley 6/2014, tipifica como infracción muy grave la conducción de vehículos habiendo ingerido bebidas alcohólicas con tasas superiores a las reglamentariamente permitidas.

Por tanto, la conducción con un nivel de alcohol en la sangre superior al permitido puede ser sancionada con una infracción administrativa o tratarse como un delito penal – cfr. Delitos contra la seguridad vial regulados en el Capítulo IV, Título XVII del Libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, arts. 379 y ss. De esta forma, la ley no permite la conducción de vehículos si la «tasa de alcoholemia» supera los 0,5 gramos por litro en sangre (o 0,25 mg/L de aire espirado); excepto en los casos de conductores con menos de 2 años de carné o los profesionales (camioneros y conductores de autobuses), en los que la cifra es de 0,3 g/L de alcohol en sangre, que equivale a 0,15 mg/L en aire.

Evidentemente, en el mercado de seguros viene a ser una práctica habitual que en las pólizas del contrato de seguro de vehículos a motor se incluya una cláusula de exoneración de la responsabilidad en caso de conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas. En este supuesto, ante la existencia un siniestro derivado de la circulación de vehículos a motor, la compañía de seguros se niega a indemnizar bajo la premisa de la existencia de dicha cláusula limitativa de exclusión de los accidentes causados en situación de embriaguez habitual del asegurado.

En este sentido, merece destacarse la importantísima STS de 24 de mayo de 2013, siendo Ponente el Excmo. Sr. D.: Francisco Javier Arroyo Fiestas, que, modificando la doctrina imperante, obliga a la compañía de seguros del conductor causante del accidente a indemnizar, a pesar de existir una tasa de alcoholemia de 2,16 g/l. Este pronunciamiento judicial resulta ser extremadamente relevante en torno a dos cuestiones diferentes: 

1. La compañía de seguros no puede alegar intencionalidad en el accidente, porque alguien conduzca bebido, ya que el hecho de conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, no se asimila a las figuras delictivas de riesgo dolosas o intencionales.

2. Asimismo, entiende la cláusula de exoneración de la responsabilidad bajo la influencia de bebidas alcohólicas como una clausula limitativa de los derechos del asegurado, y por tanto, debe ser expresamente aceptada por el asegurado. Esto supone que debe existir una aceptación expresa, y no la mera inclusión en un clausulado general.

En relación al segundo punto al considerarse este tipo de cláusulas de exclusión de la póliza en los supuestos de embriaguez, como cláusulas limitativas, para su aplicabilidad es imprescindible que conste claramente y expresamente su aceptación por el asegurado. Por ello, la Compañía de Seguros solo podrá exonerarse en los supuestos de indemnizaciones derivadas de accidentes en las que en el asegurado se le detecte una situación de embriaguez legal, cuando en la póliza conste expresamente y por escrito la aceptación por el asegurado de exclusión de responsabilidad de la Compañía Aseguradora y no en cualquier otro supuesto. 

En relación al primer punto, la citada Sentencia, sobre la base de otras anteriores (22 de diciembre de 2008 y 7 de julio de 2006), concluye que: 

“la cláusula que excluye en la póliza litigiosa los accidentes producidos en situación de embriaguez manifiesta debe considerarse, así, como limitativa, por cuanto la situación de embriaguez, aunque sea manifiesta, no constituye ni demuestra por sí misma la concurrencia de intencionalidad del asegurado en la producción del accidente." 
“Sólo son susceptibles de ser consideradas como intencionales las situaciones en las que el asegurado provoca consciente y voluntariamente el siniestro o, cuando menos, se lo representa como altamente probable y lo acepta para el caso de que se produzca (…) esto es, los supuestos de dolo directo o eventual sobre el resultado, sin extenderlo a supuestos en que se comete intencionadamente una infracción, pero no se persigue la consecuencia dañosa producida o no se asume o representa como altamente probable”. 
“A la vista de esta doctrina se debe excluir la inasegurabilidad de la conducción en estado de embriaguez, y no sería de aplicación el art. 19 de la LCS, dado que no consta intencionalidad en la causación del siniestro.”

Efectivamente, en el ámbito del Derecho Penal, y a efectos de perfilar esta conclusión doctrinal, resulta conveniente referirnos brevemente a la explicitación de la teoría del dolo penal. Así, la tipicidad de la conducta reviste, además de una faceta objetiva (imputación objetiva), otra subjetiva. Su contenido es la representación o el conocimiento por parte del agente de los elementos de la tipicidad objetiva. Es decir, se trata de que la faceta objetiva del hecho (el riesgo desplegado por la conducta) sea conocida por el sujeto. Comprender lo hecho como doloso es objeto de la llamada "tipicidad subjetiva" o "imputación subjetiva". 

Puesto que la conducta reviste una faceta externa y otra interna, también las descripciones legales (los tipos) incluyen elementos externos u objetivos, como también internos o subjetivos. En la tipicidad subjetiva se trata de comparar la conducta histórica concreta realizada con la descripción abstracta plasmada por el legislador en una norma.

Entendemos por dolo el conocimiento por el agente del riesgo que encierra su conducta. Con otras palabras, la conciencia de realizar los actos del tipo. No se exige que además sepa que está prohibido, lo cual no es objeto del dolo, de la tipicidad subjetiva, sino de la culpabilidad. La legislación penal española no aporta una definición de dolo. Sí se refiere en cambio a los casos en los que desaparece el dolo (el desconocimiento o error: art. 14.1-2 CP), que no son referidos a la voluntad, en cambio. De aquí se deriva que para el dolo baste el conocimiento, concretamente, del riesgo de la conducta. La definición idónea a nuestro parecer es la del dolo como conocimiento del riesgo de la conducta.

Como elemento interno que es, el dolo no es perceptible por los sentidos, sino que se atribuye o imputa en virtud de inferencias: es decir, se deriva de datos exteriores perceptibles. Así, el dolo exige la prueba, desde una perspectiva ex ante, de que el sujeto actualizó conscientemente las reglas de experiencia adquiridas en el cotidiano proceso de aprendizaje que le permitían anticipar las consecuencias de las propias acciones.

Tradicionalmente el dolo se ha clasificado en dolo directo de primer grado o intención (conciencia y voluntad predominante de realizar la conducta), dolo directo de segundo grado o de consecuencias necesarias (voluntad de realizar la conducta con conciencia clara de la producción de ciertas consecuencias como inevitables) y dolo eventual o de consecuencias eventuales (conciencia dudosa de estar realizando los actos que exige el respectivo tipo de un delito). Además de padecer un elevado psicologicismo (lo cual ya es inadecuado para un saber práctico como es el Derecho, una vez que, conceptualmente, el dolo es conocimiento, y no voluntad), dicha tripartición carece de sentido, si no fuera porque hay una serie de casos de difícil enjuiciamiento; aquellos en los que no es fácil distinguir el dolo (eventual) de la imprudencia (L.5 y N.32). Para diferenciar ambos grupos de conductas entre el dolo y la imprudencia, se han propuesto diversos criterios: entre otros, el del consentimiento o aprobación (será dolo eventual si el sujeto al menos se conforma con lo que vaya a pasar), el de la probabilidad (será dolo eventual si el sujeto cuenta con una elevada probabilidad de producción del resultado), el del sentimiento (será dolo eventual si demuestra al obrar un desprecio por el bien jurídico afectado). Pero dichos tres criterios no son satisfactorios. El del consentimiento, porque no resuelve sino que sólo traslada el problema a la decisión de si el agente consintió o aprobó la conducta (petición de principio); el de la probabilidad, porque no indica qué grado de probabilidad se exige como suficiente para afirmar el dolo; y el del sentimiento porque confunde el dolo con una actitud interna. 

El criterio diferenciador debe provenir del concepto mismo de dolo: si el dolo es conocimiento, dejará de existir, para entrar en el ámbito de la imprudencia, cuando se dé un error; es decir, la clave está en identificar un momento de error sobre el riesgo del tipo, lo cual hará que la conducta pueda considerarse como imprudente. Sin embargo, hay casos de desconocimiento o error que, sin embargo, se consideran dolosos. Son aquellos supuestos en los que el agente conoce que desconoce el riesgo de su conducta y, a pesar de ello, continúa actuando; el sujeto sabe que está en error y sigue obrando. Se trataría de casos de error que no dejan de imputarse (como imprudencia), sino que se imputan a quien lo padece como dolosos (hay en efecto algo de imputación extraordinaria en estos casos) – Teoría del Dolo. Autor: Universidad de Navarra. Área de Derecho Penal. El sistema español: los delitos. Crimina 3.4.


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13 de abril de 2014

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Doctrina Jurisprudencial sobre la legitimación del Registrador para impugnar las resoluciones de la DGRN

Dice el párrafo 4.º del artículo 328 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba la Ley Hipotecaria, redactado por el apartado nueve del artículo trigésimo primero de Ley 24/2005, de 18 de noviembre, de reformas para el impulso a la productividad («B.O.E.» 19 noviembre), que: 


“Carecen de legitimación para recurrir la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, el Consejo General del Notariado y los Colegios Notariales. El Notario autorizante del título o su sucesor en el protocolo, así como el Registrador de la propiedad, mercantil y de bienes muebles cuya calificación negativa hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la Dirección General de los Registros y del Notariado podrán recurrir la resolución de ésta cuando la misma afecte a un derecho o interés del que sean titulares. El Juez que conozca del recurso interpuesto podrá exigir al recurrente la prestación de caución o fianza para evitar cualquier perjuicio al otorgante del acto o negocio jurídico que haya sido calificado negativamente.”

La función calificadora registral, sujeta al principio de legalidad, se atribuye en exclusiva y de forma obligatoria a los registradores – cfr. art. 8 LH -, y se encuadra dentro de la jurisdicción voluntaria, rigiéndose por un procedimiento especial, estando dirigida a la atribución de derechos reales frente a terceros, produciendo efectos “erga omnes”. Esta función esencial del procedimiento registral consiste en determinar si el acto o contrato presentado al Registro de la Propiedad, reúne o no los requisitos exigidos por el ordenamiento jurídico para su validez y para su eficacia frente a terceros, con la finalidad de que sólo tengan acceso, y por tanto la protección del sistema, los títulos válidos y perfectos. 

En el caso de que se produzca una calificación negativa, es decir, que el registrador detecte algún obstáculo que impida la válida inscripción del documento, los interesados pueden recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado, cuya resolución confirmará o revocará la calificación registral. Sin embargo, el art. 328.4 LH, no permite recurrir a instancia de los registradores las resoluciones de la DGRN, "salvo que la misma afecte a un derecho o interés del que sean titulares". 

El criterio jurisprudencial sobre esta excepción, se centra en que, tras la reforma del art 328 de la LH, por la ley 24/2005, el interés del registrador en la defensa objetiva y abstracta de la legalidad no le legitimaba para recurrir contra una resolución de la DGRN revocatoria de su calificación, sino que su legitimación, excepcional, sólo podía resultar de aspectos que deberán concretarse en la demanda normalmente vinculados a una eventual responsabilidad civil o disciplinaria del registrador relacionada con la función calificadora registral – cfr. STS 20 SEP 2011, 18 JUL 2012 , 2 abril 2013, 28 MAY 2013 y 2 ABRIL 2013.

A prima facie, la actual redacción del artículo 328.4 LH, parece ser que deja parcialmente sin contenido el artículo 20 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Establece dicho precepto que: “No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administración pública: a) Los órganos de la misma y los miembros de sus órganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente. b) Los particulares cuando obren por delegación o como meros agentes o mandatarios de ella. c) Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administración de la que dependan. Se exceptúan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto específico de autonomía respecto de dicha Administración. 

Efectivamente, de una atenta lectura de dicho precepto, parece ser que queda parcialmente vacío de contenido, desde el momento en que este el art. 328.4 LH está otorgando legitimación expresa al registrador cuya calificación negativa hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la Dirección General de los Registros y del Notariado, siempre y cuando la resolución afecte a un derecho o interés del que sean titulares. 

Por tanto, la ratio legis de este precepto consiste en deslegitimar a los Notarios y Registradores decretando la impunidad de las resoluciones de la DGRN, salvo que la resolución afecte a un derecho o interés del que sean titulares. La desazón de aquéllos resulta palpable cuando señalan que: “la regla del art. 328.4º introducida por la ley 24/2005 no obedecía a ratio alguna sino a una mera e incomprensible componenda. En el Congreso de los Diputados –con una determinada mayoría—se aprueba la Exposición de Motivos y un texto que deslegitimaba de raíz al Registrador. En el Senado, con una mayoría diferente, se invierte la regla y se le legitima universalmente. En el retorno final al Congreso se busca una fórmula que desde la ambigüedad y por no decir realmente nada –tienen legitimación quienes la tienen, viene a decir-- deje a todos contentos (o que no satisfaga a nadie). A la vez, en esta apresurada pirueta final, ya no da tiempo de alterar la Exposición de Motivos.” – Consúltese pág. 102 in fine, Revista Registradores de España Nº61 • enero-marzo 2012. Editor: Colegio de Registradores.

En este sentido, parece evidente que la cuestión a discernir resulta ser la interpretación que deba darse a la expresión ''derecho o interés del que sean titulares". Ciertamente, como ha tenido ocasión de señalar reiteradamente la jurisprudencia, este término adolece de una cierta imprecisión. El Tribunal Constitucional, de forma reiterada, en relación a la deslegitimación para interponer un recurso contencioso-administrativo previsto en el artículo 20 de la LJCA, ha venido pronunciándose de la siguiente forma: 

"(…) Hemos de recordar también que aunque el contenido primario del derecho a la tutela judicial efectiva consiste en obtener una resolución de fondo, ello no impide que el derecho también se satisfaga cuando la resolución es de inadmisión, siempre que se dicte en aplicación razonada de una causa legal, debiendo el razonamiento responder a una interpretación de las normas legales de conformidad con la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamental (…)” - Cfr. por todas, STC 203/2002, de 28 de octubre.

La Sentencia nº 958/2011 de Tribunal Supremo, de 9 de febrero de 2012 que:

“(…) ante el control de resoluciones judiciales que cierran el acceso a la jurisdicción y, por tanto, impeditivas de la obtención de una primera respuesta judicial sobre el fondo de los derechos e intereses sometidos a tutela, supuesto en el que, conforme a nuestra doctrina constitucional, despliega su máxima eficacia el principio "pro actione", exigiendo que los órganos judiciales, al interpretar los requisitos procesales legalmente previstos, tengan presente la ratio de la norma, con el fin de evitar que los meros formalismos o entendimientos no razonables de las normas procesales impidan un enjuiciamiento de fondo del asunto, vulnerando las exigencias del principio de proporcionalidad" (STC 220/2003, de 15 de diciembre ). Por tanto, pese a tratarse como decimos de una cuestión de legalidad ordinaria, los órganos judiciales quedan compelidos a interpretar las normas procesales no solo de manera razonable y razonada, sin sombra de arbitrariedad ni error notorio, sino en sentido amplio y no restrictivo, esto es, conforme al principio "pro actione", con interdicción de aquellas decisiones de inadmisión que, por su rigorismo, por su formalismo excesivo o por cualquier otra razón, se revelen desfavorables para la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva o resulten desproporcionadas en la apreciación del equilibrio entre los fines que se pretenden preservar y la consecuencia de cierre del proceso (por todas, STC 312004, de 14 de enero). 

La reciente STS de 2 de abril de 2014 reitera la doctrina jurisprudencial consolidada por el Pleno del Tribunal Supremo en la Sentencia de 20 de septiembre de 2011, sobre la interpretación del interés legítimo exigido en el artículo 328.4 LH como presupuesto previo para otorgar la legitimación a los Notarios y Registradores para la impugnación de las resoluciones dictadas por la Dirección General de los Registros y del Notariado con el siguiente enunciado:

“La existencia de un interés legítimo suficiente como base de la legitimación surge con carácter extraordinario de la propia norma siempre que la resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado pueda repercutir de modo efectivo y acreditado en la esfera jurídica del Registrador que la invoca por afectar a un derecho o interés del que sea titular, el cual no se identifica con el que resulta de la defensa de la legalidad o disconformidad con la decisión del superior jerárquico respecto de actos o disposiciones cuya protección se le encomienda, ni con un interés particular que le impediría calificar el título por incompatibilidad, según el artículo 102 del RH , sino con aspectos que deberán concretarse en la demanda normalmente vinculados a una eventual responsabilidad civil o disciplinaria del registrador relacionada con la función calificadora registral si la nota de calificación hubiera sido revocada mediante resolución expresa de la DGRN. Se trata, por tanto, de una legitimación sustantiva que deriva de una norma especial, como es el artículo 328 de la LH, y que antes que contradecir lo expuesto en la Exposición de Motivos de la reforma de 2005, lo confirma desde el momento en que se aclara y concreta, de un lado, como regla, la imposibilidad de que el registrador pueda recurrir la decisión de su superior jerárquico cuando revoca su calificación, y mantiene y precisa, de otro, la vinculación de todos los registradores a las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado cuando resuelve recursos frente a la calificación, lo cual supone mantener aquellos otros aspectos que no tienen que ver con la defensa objetiva o abstracta de la legalidad sino, como aquí sucede, con el anuncio o amenaza de responsabilidad disciplinaria que se dirige a la registradora demandante puesto que de no revisarse la causa que lo justifica en ningún caso vería tutelado su derecho en el expediente que se tramite."

Siguiendo esta doctrina, son varias las sentencias de esta Sala que han reconocido legitimación activa al registrador cuando su interés no es el genérico o abstracto inherente a su función de defensa de la legalidad registral sino el que deriva de la existencia de una posible declaración de responsabilidad civil o disciplinaria. Así, y entre las más recientes, la STS de 20 de marzo de 2013 (rec. nº 552/2010 ) reconoce legitimación activa al registrador en un caso en que la resolución de la DGRN impugnada contenía en su fundamentación jurídica un «expreso apercibimiento de apertura de expediente disciplinario para el supuesto de que aquella emitiese nuevamente una calificación negativa», y así también lo hacen las SSTS de 28 de mayo de 2013 (rec. nº 1409/2010 , la resolución advertía de una posible sanción al registrador, considerándose procedente dicha advertencia « por las consecuencias que del incumplimiento de dichas normas se pueden derivar en el ámbito disciplinario »), 18 de julio de 2012 (rec. nº 1198/2009) y 10 de febrero de 2012 (rec. nº 519/2009).”

En este sentido, la STC de fecha 13 de marzo de 2006 , viene a definir el contenido de este concepto, y así argumenta "el interés legítimo en lo contencioso-administrativo se caracteriza como una relación material unívoca entre el sujeto y el objeto de la pretensión (acto o disposición impugnados) de tal forma que su anulación produzca automáticamente un efecto positivo (beneficio) o negativo (perjuicio) actual o futuro pero cierto, debiendo entenderse tal relación referida a un interés en sentido propio, cualificado y específico, actual y real (no potencial o hipotético)”.

Sin embargo, con anterioridad, el Tribunal Supremo dictó la Sentencia de 21 de noviembre de 2013 y reconoce por primera vez la legitimación del Registrador de la Propiedad para recurrir las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado (DGRN) para que se mantenga su calificación, produciéndose una importante rectificación, o cuando menos matización cualificada, en la doctrina del alto tribunal sobre la legitimación registral para recurrir contra las resoluciones de la DGRN, a la vez que, por otra parte, se confirma la ya reiteradísima doctrina sobre la nulidad de la resoluciones extemporáneas de tal órgano directivo.

Los hechos enjuiciados se originan con la presentación de una escritura pública a inscripción. El registrador la denegó por entender que presentaba defectos. La notaria autorizante, no conforme con el criterio registral, presentó recurso ante la DGRN, que finalmente le dio la razón y revocó la calificación del registrador. Este reaccionó presentando una demanda judicial ante la resolución de la DGRN por considerarla nula por extemporánea y por contravenir el sentido del silencio administrativo. Las dos instancias que precedieron al Tribunal Supremo (Juzgado de Primera Instancia 6 de Granada y la Audiencia Provincial de la misma ciudad) desestimaron la demanda del registrador y le impusieron las costas del procedimiento. En su opinión, no podía este acudir sin más al auxilio de los tribunales para defender su calificación negativa. Se escudaban en que "el interés del registrador en la defensa objetiva y abstracta de la legalidad" no le legitimaba para recurrir contra una resolución de la DGRN de su calificación.

El Tribunal Supremo considera que:

“aun estando sometida en la actualidad dicha legitimación a los criterios más restrictivos presentes en la actual redacción del párrafo cuarto del artículo 328 ("afecte a un derecho o interés del que sea titular"), según la reforma llevada a cabo por la Ley 24/2005, de 18 noviembre, es lo cierto que tal legitimación no puede vaciarse de contenido y ha de considerarse la existencia de un interés legítimo por parte del registrador de la propiedad en que sea mantenida su calificación quedando facultado para interesar al respecto la nulidad de una resolución expresa dictada extemporáneamente que pretende dejar sin efecto la desestimación tácita o por silencio, prevista en el artículo 327 y ya producida por el transcurso de tres meses sin pronunciamiento alguno, que ya había dado lugar a la apertura de la vía judicial para los interesados”.
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11 de abril de 2014

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Tu Herencia Online y los motivos para contratar a los profesionales

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Autor: tuherenciaonline
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8 de abril de 2014

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Distinción entre las cláusulas delimitadoras del riesgo y aquellas otras que restringe los derechos del asegurado

El artículo 3 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro se caracteriza por ser la primera norma del ordenamiento jurídico que efectuó un control sobre los contratos de adhesión y las condiciones generales de contratación. En este sentido, el carácter de Ius congens que define la normativa reguladora del contrato de seguro condiciona la ratio legis de este precepto, que no es otra que impedir que la redacción unilateral del contrato de seguro dé lugar a un desequilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes intervinientes en el contrato de seguro, mediante la imposición imperativa por el asegurador de una gran parte del contenido contractual y, en lo que no se regule expresamente por afectar a normas de carácter dispositivo, prohibiendo la introducción de cláusulas lesivas para el asegurado – cfr. art. 2 LCS y STS de 11 de abril de 1991, entre otras.

Las cláusulas del contrato de seguro limitativas de los derechos del asegurado y permitidas por la LCS, exigen que se destaquen de modo especial y que hayan sido específicamente aceptadas por escrito. Con este requisito general de inclusión de todas las condiciones generales de contratación en la proposición de seguro, en la póliza del contrato o en un documento complementario, que se suscribirá por el asegurado y del que se le entregará copia y con la obligación de que se redacten de forma clara y precisa, se intenta garantizar que el contenido de esas condiciones generales sea no sólo equitativo sino conocido por el asegurado – cfr. art. 3 LCS, Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación y arts. 80 y ss. y Disposición Adicional Primera Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.

Las cláusulas limitativas de los derechos del asegurado no se encuentran expresamente definidas en la ley, aunque sí mencionadas en el referido artículo 3 de la LCS: “(…) Se destacarán de modo especial las cláusulas limitativas de los derechos de los asegurados, que deberán ser específicamente aceptadas por escrito (…).” Siguiendo a la doctrina mayoritaria puede definirse estas cláusulas como aquéllas que restrinjan o excluyan algún derecho que, en principio, correspondería al asegurado, o que le impongan una obligación que de otra forma no tendría. En principio, es difícil imaginar una cláusula limitativa que no sea lesiva. En este sentido, la STs de 25 de julio de 1991 afirma que: “cualquier estipulación que pudiera alterar el onus probandi en beneficio de la aseguradora tendrá que ser conceptuada como cláusula limitativa del derecho del asegurado y nula por lesividad con arreglo a los arts. 2 y 3 LCS”.

Las cláusulas delimitadoras del riesgo son una creación doctrinal y jurisprudencial y hacen referencia a las cláusulas que perfilan el objeto del contrato a través de la determinación del riesgo cubierto, describiendo el hecho causante de la deuda resarcitoria civilmente imputable al asegurado. La falta de toda referencia legal de las cláusulas delimitadoras del riesgo ha suscitado un agrio debate en la doctrina y la jurisprudencial en torno a cuestiones cómo su diferenciación con las cláusulas limitativas de derechos, las dificultades prácticas para calificarlas y determinar su eficacia bajo la aplicación o no del régimen establecido en el artículo 3 LCS.

Ante la existencia de una doctrina jurisprudencial contradictoria, que ha venido caracterizado los pretéritos pronunciamientos de la Sala Primera del Tribunal Supremo en referencia a esta materia, el alto Tribunal publicó la Sentencia del Pleno de la Sala 853/2006, de 11 de septiembre, estableciendo doctrina en torno a la distinción entre cláusulas delimitadoras del riesgo y aquellas otras que restringen los derechos de los asegurados, doctrina reiterada, entre otras por la Sentencia 251/2007, de 1 de marzo. El propósito este pronunciamiento es mantener un criterio uniforme y clarificador, procurando el reforzamiento de los principios de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la Ley, sin desconocer la casuística propia del derecho de seguros, y la dificultad que en la práctica presenta la distinción entre ambas cláusulas - cfr. STS de 10 de febrero de 1998, 2 de febrero de 2001, 14 de mayo de 2004 y 30 de diciembre de 2005, entre otras muchas.

La citada Sentencia 853/2006, de 11 de septiembre, parte de la distinción entre las cláusulas delimitadoras del riesgo y cláusulas limitativas de los derechos del asegurado. Las primeras define el Tribunal Supremo son: “aquellas mediante las cuales se concreta el objeto del contrato, fijando los riesgos que, de producirse, hacen que nazca en el asegurado el derecho a la prestación y, en la aseguradora, la recíproca obligación de atenderla, pertenecen al ámbito de la autonomía de la voluntad y constituyen la causa del contrato”. Las segundas, continúa señalando la Sentencia: “serían aquellas otras que operan para restringir, condicionar o modificar el derecho del asegurado a la indemnización una vez que el riesgo objeto del seguro se ha producido.”

Reconociendo la dificultad que, en la práctica, puede presentar la distinción entre unas y otras cláusulas, se señala como cláusulas delimitadoras del riesgo aquellas que determinan qué riesgo se cubre, en qué cuantía, durante qué plazo y en qué ámbito espacial. Igualmente se indica cómo mientras las cláusulas limitativas están sometidas a la exigencia de la específica aceptación por escrito que impone el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro 50/1980 de 8 de octubre, para las delimitadoras del riesgo, es suficiente su aceptación genérica, al ser susceptibles de incluirse en las condiciones generales, de las que basta con la constancia de su aceptación por el asegurado. El segundo aspecto que destaca la sentencia, son las condiciones generales de contratación que, en cuanto cláusulas contractuales, están a su vez sometidas a lo que el Tribunal Supremo denomina “control de inclusión”, atendiendo al carácter del contrato de seguro como contrato masa y de adhesión: “su redacción debe ser clara y precisa a fin de facilitar al adherente su efectivo conocimiento y debe constar su conocimiento y aceptación por el asegurado para que desplieguen su fuerza vinculante.”

La reciente STS de 25 de noviembre de 2013 reitera esta doctrina:

“La STS de 11 de septiembre de 2006 (RC 3260/1999) sienta una doctrina, recogida posteriormente en otras muchas, (entre las más recientes la STS núm. 598/2011, de 20 de julio ), según la cual son estipulaciones delimitadoras del riesgo aquellas que tienen por finalidad delimitar el objeto del contrato, de modo que concretan (i) qué riesgos constituyen dicho objeto, (ii) en qué cuantía (iii) durante qué plazo y (iv) en que ámbito temporal. Otras SSTS posteriores a la citada, como la de 17 de octubre de 2007 , recordada en la más reciente de 5 de marzo de 2012 , entiende que debe incluirse en esta categoría, la cobertura de un riesgo, los límites indemnizatorios y la cuantía asegurada. Se trata, pues, de individualizar el riesgo y de establecer su base objetiva, establecer " exclusiones objetivas ", como señala la citada sentencia de 5 de marzo de 2012, eliminar ambigüedades y concretar la naturaleza del riesgo en coherencia con el objeto del contrato o con arreglo al uso establecido, siempre que no delimiten el riesgo en forma contradictoria con las condiciones particulares del contrato o de manera no frecuente o inusual (sorprendentes). 
Por su parte, las cláusulas limitativas de derechos se dirigen a condicionar o modificar el derecho del asegurado y por tanto la indemnización, cuando el riesgo objeto del seguro se hubiere producido. Estas deben cumplir los requisitos formales previstos en el art. 3 LCS, de modo que deben ser destacadas de un modo especial y han de ser expresamente aceptadas por escrito, formalidades que resultan esenciales para comprobar que el asegurado tuvo un exacto conocimiento del riesgo cubierto (SSTS de 20 de abril de 2011, RC 1226/2007 y de 15 de julio de 2009, RC 2653/2004 ). Estas últimas, determinan, de forma práctica, el concepto de cláusula limitativa, referenciándolo al contenido natural del contrato, derivado, entre otros elementos, de las cláusulas identificadas por su carácter definidor, de las cláusulas particulares del contrato y del alcance típico o usual que corresponde a su objeto con arreglo a lo dispuesto en la ley o en la práctica aseguradora. El principio de transparencia, fundamento del régimen especial de las cláusulas limitativas, opera con especial intensidad respecto de las cláusulas introductorias o particulares.”
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7 de abril de 2014

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El carácter dispositivo de la regla de proporcionalidad del artículo 30 LCS

El infraseguro es aquella situación que se produce cuando el valor real del objeto asegurado es superior al capital asegurado. En caso de siniestro la indemnización recibida será menor que el valor del objeto asegurado, puesto que se ha estado pagando una menor prima de la que correspondería si se hubiese valorado correctamente el interés asegurado. Si el siniestro es total y, por tanto, afecta a la totalidad del interés asegurado la prestación será igual al capital asegurado, tal como establece el artículo 27 LCS: “La suma asegurada representa el límite máximo de la indemnización a pagar por el asegurador en cada siniestro.”


En el supuesto que el siniestro sea parcial y, por tanto, afecte sólo en parte al interés asegurado, la prestación que obtiene el beneficiario del seguro se determinará aplicando la denominada “regla proporcional”, mediante la cual la indemnización se calcula en función de la relación existente entre el capital asegurado, el interés asegurado y el valor siniestrado, siendo la prestación el cociente de dividir el producto del capital asegurado por el valor siniestrado entre el interés asegurado.





O,  También:


Ejemplo:

El fundamento de la regla proporcional suele ser la falta de proporción entre la indemnización y la prima, al ser ésta insuficiente. Según la doctrina de la situación de infraseguro derivará el hecho de que se ha pagado por parte del tomador una prima insuficiente en relación a la totalidad del riesgo. En este sentido destaca Ruiz Sánchez que: “La necesidad de que exista una perfecta armonía entre suma asegurada e interés asegurado, con sus efectos en caso de siniestro beneficiosos para el asegurado, en cuanto será reintegrado con el “valor de reemplazo o sustitución 'cuasi real'”, ha de tener en la correspondiente prima el equivalente adecuado para quien ha de indemnizar”.

El problema del infraseguro suele ser muy habitual en la concertación de los seguros de hogar, especialmente en la valoración del contenido. Ante la dificultad de valorar con exactitud todos los bienes del interior de una vivienda, las compañías de seguros suelen dar un margen de error que depende del asegurador, pero que suele oscilar entre un 15 y un 25 por ciento entre el valor real y el valor declarado en la póliza, no aplicándose, en este caso, la regla de proporcionalidad.

Al margen de lo anterior, la doctrina suele distinguir varias excepciones a la aplicación de la regla de proporcionalidad. En primer término, nos encontramos con las pólizas de seguros de daños en las que se efectúa una discriminación por objetos y artículos separados, con evaluaciones independientes, infravaluados unos y sobrevaluados otros, en cuyo caso no puede considerarse indivisible el contrato. En segundo término, el seguro de riesgo locativo, para el supuesto en que un inmueble tiene varios ocupantes y el arrendatario asegurado garantiza el importe del piso que habita, o suscribe un seguro complementario en relación al riesgo que corre dicho inmueble. Respecto de dicho seguro complementario tampoco juega la regla proporcional en cuanto a los daños en el resto del inmueble, siempre que el riesgo locativo principal haya sido asegurado correctamente. 

Una última forma exclusión sería la convencional o pactada establecida en el párrafo segundo del art. 30 LCS: “(…) Las partes, de común acuerdo, podrán excluir en la póliza, o con posterioridad a la celebración del contrato, la aplicación de la regla proporcional prevista en el párrafo anterior”, habida cuenta del carácter dispositivo del precepto y que tendremos ocasión de analizar en la última parte del post.

En este sentido, a prima facie, la cuestión más relevante que plantea el art. 30 LCS es si cabe o no el acuerdo tácito de exclusión. Siguiendo las opiniones doctrinales, en un principio cabría entender excluida la aplicación de la regla proporcional cuando se deduzca indubitadamente la existencia de una excepción general a la misma basándose en la propia naturaleza del contrato. Atendiendo a una interpretación literal del citado artículo 30 párrafo segundo, no podrá presumirse la exclusión de dicha regla a falta de manifestación formal y expresa al respecto en la póliza o en un documento posterior salvo, claro está, en el supuesto de incompatibilidad manifiesta del clausulado con la citada regla. Siguiendo a Sánchez Calero, cabe que el acuerdo a que hace referencia el párrafo segundo del artículo 30 sea expreso o tácito, en el sentido de que la exclusión de la regla proporcional puede derivar “del régimen específico adoptado por las partes a los efectos del cálculo de la indemnización”. Esto ocurre, por ejemplo, en los casos de seguro a primer riesgo, en las pólizas estimadas, en las cláusulas de estabilización, y en el seguro a valor nuevo.

En efecto, existen otros métodos para evitar la aplicación de la regla proporcional, mediante la aplicación de fórmulas alternativas como son la del seguro a primer riesgo, donde se establecen cuantías máximas hasta que quede cubierto el riesgo, independientemente del valor del interés asegurado, la del seguro a valor estimado, tasado o convenido, donde el interés asegurado se fija a través de un acuerdo entre el tomador del seguro y el asegurador y la del seguro a valor nuevo, donde el interés asegurado es igual al valor de reposición en el mercado.

Es la forma de aseguramiento a través de la cual el Asegurado establece una suma máxima para garantizar la indemnización de determinado riesgo con independencia de su valor. En esta forma de aseguramiento aunque el valor sea inferior al valor total del bien no se aplica la regla proporcional. Se conviene que la Aseguradora indemnizará el valor de los daños producidos con el límite máximo del capital establecido como primer riesgo. Por esta forma de aseguramiento existe la ventaja de evitar el incurrir en infraseguro por asegurar por debajo del valor del bien, pero existe el inconveniente de que si se produce un siniestro cuyos efectos produzcan un daño superior al valor establecido como primer riesgo el seguro no alcanzará a pagar lo suficiente para reparar o reponer el bien.

Se aplica el seguro a primer riesgo como cobertura complementaria del seguro que deriven de daños eléctricos, daños a bienes refrigerados, daños estéticos, etc. En estos casos se fija un límite a primer riesgo y se paga el daño hasta ese límite sin aplicar en ningún caso la regla proporcional. Asimismo, como cobertura principal en seguros de incendio, explosión y riesgos extensivos. Se utiliza el primer riesgo cuando el Asegurado no es el propietario del inmueble y solo pretende cubrir la obra de reforma realizada, o en caso de ser el propietario asume estar protegido por una parte de su valor, bien por existir otro seguro sobre el mismo bien o simplemente por aceptar una cobertura menor a su valor total, pensando que puede ser difícil que el daño, de producirse un riesgo, llegue a superar la cuantía establecida como primer riesgo.

Por el contrario, el seguro a valor estimado es un acuerdo entre el asegurador y el asegurado mediante el cual se establece un valor estimado evitándose, con la correspondiente sobreprima, la aplicación de la regla de proporcionalidad. El seguro a valor nuevo es la ampliación de la cobertura de la póliza a la diferencia entre el valor real del bien asegurado en el momento del siniestro y su valor en estado de nuevo. 

La Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, recoge en el párrafo primero del artículo 30, la aplicación de esta regla: “Si en el momento de la producción del siniestro la suma asegurada es inferior al valor del interés, el asegurador indemnizará el daño causado en la misma proporción en la que aquélla cubre el interés asegurado (...).”

Para finalizar, la STS de 241/2009, de 20 de abril, siendo ponente D. Román García Varela, recuerda la doctrina jurisprudencial sobre el carácter dispositivo de la regla de proporcionalidad establecida en el art. 30 LCS que se puede sintetizar con el razonamiento realizado por la STS de 3 de abril de 2007: 

"(…) que el párrafo segundo del artículo 30 de la Ley de Contrato de Seguro establece que la regla proporcional es de carácter dispositivo, debido a que se puede prescindir de su aplicación por acuerdo de las partes, cuyo precepto guarda relación con el artículo 2º, que declara el carácter imperativo de la Ley , salvo que en sus preceptos se disponga otra cosa".

En este sentido, la STS de 20 de abril de 2009 expone que:

“Destacada doctrina científica ha explicado que el artículo 30 considera que la regla proporcional es de carácter dispositivo, pues su aplicación puede eliminarse mediante acuerdo de las partes; este precepto puede compaginarse con la norma del artículo 2º, la cual declara el carácter imperativo de la Ley de Contrato de Seguro , salvo que en sus preceptos se disponga otra cosa, como aquí acontece; pero aunque el artículo 30 no indicara la posibilidad de que las partes eliminasen, de común acuerdo, la aplicación de la regla proporcional, habría de estimarse igualmente que su régimen es dispositivo, habida cuenta de que su exclusión cabría entenderla como una cláusula más beneficiosa para el asegurado, a la que el propio artículo 2º considera válida con carácter general. Esta posición científica, amén de los supuestos de exclusión de la regla proporcional por voluntad de las partes, hace referencia a otros en que puede resultar por la adopción de algunas modalidades contractuales, como en los llamados "seguros a primer riesgo", relativos a casos de una pluralidad de intereses asegurados cubiertos por un mismo contrato de seguro. El desarrollo de los recién indicados modos de seguro se ha extendido ampliamente en las pólizas flotantes y en los seguros de robo; la no aplicación de la regla proporcional en los mismos se ha visto facilitada no sólo por el deseo de una mayor cobertura a favor del asegurado, sino también por la dificultad de determinar el valor de los objetos asegurados, dada su movilidad.

La cuestión planteada en el motivo quedó resuelta en el fundamento de derecho cuarto de la sentencia de instancia, que recoge la doctrina científica antes expresada, donde se ha argumentado lo siguiente: "Esta situación en la que la suma asegurada es inferior al valor del interés asegurado es lo que se conoce como infraseguro, habiendo declarado la doctrina que la regla establecida en el primer párrafo de este artículo es de carácter dispositivo, pues su aplicación puede eliminarse por acuerdo de las partes. El asegurador, en estos casos, indemnizará el daño teniendo en cuenta el valor concreto del interés lesionado en el caso del siniestro, sin aplicación de la regla proporcional. Una de las modalidades de seguro en donde la no aplicación de la regla proporcional se ha extendido más ampliamente ha sido en los casos de las llamadas < >, en las cuales la no aplicación de la regla proporcional obedece no simplemente a obtener una mayor cobertura para el asegurado sino también por la dificultad de determinar el valor de las objetos asegurados, dada su movilidad.”

Fuente Consultada: 



1. LA REGULACIÓN DEL INFRASEGURO, LA REGLA PROPORCIONAL Y LA PÓLIZA ESTIMADA EN LA LEY DE CONTRATO DE SEGURO Y EN EL SEGURO MARÍTIMO. PRIMERA EDICIÓN. JAVIER SOTO ABELEDO. 2011. UAB.
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6 de abril de 2014

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El Cómputo del Dies a Quo del plazo de Prescripción de las acciones derivadas de un contrato de seguro - El artículo 23 LCS

La prescripción extintiva es una institución jurídica que se caracteriza por ser una forma de extinción de las acciones o derechos por no haberse ejercido por su titular durante cierto lapso de tiempo. El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, sección decimonovena, de 2 de marzo de 2010 determina que es criterio doctrinal que: “la prescripción extintiva actúa más que por un no ejercicio por "silencio de la relación jurídica" durante el tiempo pertinente, el fundamento de la prescripción extintiva es que se entiende que abandona su derecho la persona que era su titular (STS 9 noviembre 1954). El "silencio" es el elemento fundamental de la prescripción extintiva y medida de la entidad de su eficacia frente al derecho afectado por ella; silencio y extinción son pues, términos correlativos.”

La SAP de Donostia-San Sebastián, sección 1ª, de 28 de junio de 2000 razona que: “El instituto de la prescripción extintiva tiene como componente básico el transcurrir de un determinado plazo de tiempo, plazo durante el cual el derecho, ni es ejercitado por su titular, ni tampoco es reconocido por el obligado. Para que la prescripción opere ha de producirse, a todo lo largo de un período de tiempo prefijado, lo que se ha llamado "silencio en la relación jurídica", es decir, silencio del acreedor o sujeto activo (falta de ejercicio) y también silencio del deudor o sujeto pasivo (falta de reconocimiento).” 

En cuanto a la naturaleza jurídica de la prescripción la SAP de Cádiz, Sala de lo Civil-Penal, Sección 4ª, de 3 de noviembre de 2004 señala, conforme a una reiterada jurisprudencial, que el instituto de la prescripción, al no estar fundado en razones de justicia sino de seguridad jurídica, que deben ceder ante las anteriores, no debe ser objeto de una aplicación rigorista, sino que ha de ser entendido con talante restrictivo y cauteloso y en el cual han de valorarse significativamente la actitud del perjudicado de reclamar por exteriorizar un ánimo de hacer efectivo su derecho y no de abandono del mismo – cfr. STS de 20 de octubre de 1988, 14 de marzo de y 1 de abril de 1990 y de 20 de junio de 1994, entre otras.

“La doctrina jurisprudencial proclama de manera reiterada y uniforme que el instituto de la prescripción, al no estar fundado en razones de justicia, sino de seguridad jurídica, ante las que las anteriores han de ceder, no debe ser objeto de una interpretación rigorista, sino que ha de ser entendido con talante restrictivo y cauteloso. Así, aunque ello no implique que hayan de recompensarse actitudes ociosas y apáticas ha de tenerse en cuanto, como declara la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de Octubre de 1.988 que "cuando la cesación o abandono en el ejercicio de los derechos no aparece debidamente acreditada, y sí, por el contrario, lo está el afán o deseo de su mantenimiento o conservación, la estimación de la prescripción extintiva se hace imposible a menos de subvenir sus esencias."

En este sentido, establece el artículo 23 de la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro que: “Las acciones que se deriven del contrato de seguro prescribirán en el término de dos años, si se trata de seguro de daños y de cinco, si el seguro es de personas”. En relación con el plazo de prescripción de las acciones que derivan del contrato de seguro marítimo, éste es de tres años frente a los dos años del art. 23 de la LCS, tal como establece el art. 954 del Código de Comercio: “Prescribirán por tres años, contados desde el término de los respectivos contratos o desde la fecha del siniestro que diere lugar a ellas, las acciones nacidas de los préstamos a la gruesa o de los seguros marítimos”.

No obstante, conviene precisar que este precepto no contiene de forma explícita la fecha de inicio a partir de la cual comienza a correr el cómputo del plazo de prescripción de las acciones derivadas de un contrato de seguro. Por tanto, resulta enteramente aplicable la regla general dispuesta en el artículo 1969 del Código Civil, aprobado por el Real Decreto de 24 de julio de 1889, que señala: “El tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse.” El Auto 232/2012, de 10 de diciembre de 2012, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, en referencia al dies a quo, señala que, cualquiera que sea el criterio que se sustente sobre el momento del nacimiento de la acción, su determinación debe abordarse con criterios objetivos y exclusión de imposibilidades subjetivas.

En idéntico sentido al artículo 1969 CC se pronuncia la doctrina del Tribunal Supremo, sentando el criterio jurisprudencial, en base a la aplicación del aforismo “actio nondum nata non praescribitur”, que el dies a quo para el ejercicio de la acción derivada de un contrato de seguro es el día en que puede ejercitarse dicha acción. Por todas, STS de 8 de marzo de 2003: “El dies a quo para el ejercicio de la acción es aquel en que puede ejercitarse (SSTS de 27 de febrero y 24 de mayo de 2010, 12 de diciembre de 2011), es decir, desde el día 20 de octubre de 2006, momento en que se notifica la nulidad de la condena, conforme a lo que dispone el art.1969, que complementa en este aspecto el artículo 23 LCS.” 

Ahora bien, explicitado lo anterior, la cuestión principal radica en determinar en qué momento temporal se produce el nacimiento de la acción. Sobre esta cuestión, la STS 12/2013, de 21 de enero de 2013 nos advierte que la acción puede ejercitarse cuando “la parte que propone el ejercicio de la acción disponga de los elementos fácticos y jurídicos idóneos para fundar una situación de aptitud plena para litigar”. La SAP de Málaga, 626/2001 de 10 de octubre de 2001 que es: “doctrina reiterada que la institución de la prescripción viene sometida a una interpretación y un tratamiento restrictivo, siendo cuestión de hecho lo relativo al cómputo de plazos.”

Por otra parte, en idéntico sentido, la STS de 17 de julio de 2012 nos previene que el dies a quo se encuentra condicionado por los antecedentes fácticos del caso aclarando que: “Es reiterada y pacífica doctrina de esta Sala que la fijación de dies a quo, para computar el plazo prescriptivo de la acción, ha de determinarlo el juez de instancia con arreglo a las normas de la sana crítica, siendo doctrina también reiterada que la determinación de este día inicial es función que corresponde en principio a la Sala de instancia, y que su decisión al respecto, estrechamente ligada a la apreciación de los hechos, es cuestión perteneciente al juicio fáctico, no revisable en casación ( SSTS de 27 de mayo de 2009 ; 16 de junio 2010, entre otras).” - La sana crítica es una operación jurídico-valorativa de índole intelectual realizada por el Juez y destinada a la correcta apreciación del resultado de las pruebas judiciales, realizada de acuerdo a la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados e impregnada del principio de la bona fide y definida por Montero Roca como "la lógica interpretativa y el común sentir de las gentes".

La Sentencia T.S. 895/2011 de 30 de noviembre hace depender el ejercicio de la acción al momento temporal del reconocimiento de la responsabilidad civil mediante este razonamiento: 

“La jurisprudencia establece que el artículo 23 de la Ley de Contrato de Seguro (RCL 1980\2295 y ApNDL 12928) al referirse a la prescripción de "las acciones que se derivan del contrato de seguro", cuando este es de responsabilidad civil, ha de interpretarse precisamente en relación con el artículo 73 de dicha Ley, en el sentido de la obligación del asegurador de "cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado conforme a derecho", lo cual conduce a afirmar que, entretanto la misma no sea reconocida o declarada, no comienza a transcurrir el plazo de prescripción; luego tal prescripción no puede producirse cuando se demanda en el mismo proceso al asegurado y a la aseguradora (sentencia del Tribunal Supremo de 23 abril 1991 [RJ 1991\3022]).

Por su parte, la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias n.º 125/2005, tiene oportunidad de pronunciarse en un supuesto de responsabilidad profesional que guarda múltiples semejanzas con el supuesto que se plantea en el presente juicio: "La sentencia que puso fin al procedimiento en la primera instancia acogió la excepción de prescripción opuesta por la aseguradora demandada al considerar que habían transcurrido más de dos años desde el rechazo del siniestro hasta que se presentó la demanda. Cuestiona el demandante en su recurso de apelación este pronunciamiento por entender que el plazo de dos años, que el art. 23 de la LCS (RCL 1980\2295) señala para el ejercicio de la acción cuando se refiere al seguro de daños, debe computarse desde la fecha de la sentencia de la Audiencia Provincial que determinó definitivamente su responsabilidad en el ejercicio de su profesión de abogado. Este motivo del recurso debe resultar acogido ya que esta solución es de todo punto lógica pues solo cuando se dicta sentencia firme en la que se declara la existencia de responsabilidad y la cuantía de la indemnización se conoce realmente el alcance del daño y cuál es la suma de la que debe responder la aseguradora. En este sentido, cuando del ramo de seguro de responsabilidad civil se trata, se pronuncian Garrigues y Muñoz Jiménez, así como las sentencias del TS de 23-4-1991 (RJ 1991\3022), 10-5-93 (RJ 1993\3532),156-95 (RJ 1995\5295), 29-10-1997 (RJ 1997\7342), 14- 6-02 (RJ 2002\4901) y 14-7-03 (RJ 2003\4630) (entre otras).”

La STS de 5 de julio de 2013 en materia del seguro de responsabilidad civil fija el díes a quo en el momento de la notificación de la sentencia de apelación de una causa penal en la que se declara dicha responsabilidad mediante el siguiente alegato: 

“(…) definido legalmente el seguro de responsabilidad civil como aquel que cubre "el riesgo del nacimiento a cargo del asegurador de la obligación de indemnizar a un tercero los daños y perjuicios causados por un hecho previsto en el contrato de cuyas consecuencias sea civilmente responsable el asegurado, conforme a derecho" (art. 73 LCS ), es indiscutible que la obligación del hoy recurrente frente a terceros nació, como muy tarde, el 30 de noviembre de 2005, fecha de la sentencia de apelación de la causa penal que confirmó la responsabilidad civil directa del hoy recurrente y fijó definitivamente tanto las cuantías de las indemnizaciones a favor de los muchos perjudicados como la cuarta (tercera parte) del hoy recurrente en su relación interna con los otros dos responsables civiles directos, y sin embargo la demanda del presente litigio no se presentó hasta el 15 de octubre de 2009, es decir, vencido con creces el plazo de dos años establecido en el art. 23 LCS .”

En definitiva, sentado lo anterior, en cuanto al momento temporal del cómputo del plazo de dos años establecido en el artículo 23 LCS, es bien conocido el debate doctrinal sobre si lo decisivo en el seguro de responsabilidad civil derivado del artículo 73 LCS es el hecho causante de la obligación, el nacimiento de la obligación o la reclamación del perjudicado, inclinándose la jurisprudencia por la especial relevancia del hecho causante de la obligación – cfr. STS de 10 de marzo de 1993. Por tanto, la obligación del asegurado y, por consiguiente, del asegurador no depende de la reclamación, sino de que efectivamente exista o no una deuda de resarcimiento al reclamante a cargo del asegurado. En la teoría general de la responsabilidad civil la deuda del responsable nace con el hecho dañoso, que es la causa de la deuda. De la doctrina expuesta se deriva que el dies a quo para computar el plazo de prescripción de dos años previsto en el artículo 23 LCS comienza el mismo día del siniestro, entendiéndose, por tal, el hecho del que deriva la obligación de indemnizar.

Para finalizar, entiende la doctrina que no puede hablase de la prescripción sin tratar la cuestión de la interrupción. Según el artículo 1973 CC: ”La prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de deuda por el deudor”. La STS de 7 de julio de 2011 admite una interpretación amplia y flexible de las causas que determinan la interrupción del plazo prescriptivo debido a la naturaleza de la prescripción señalando que:

“En este sentido podemos citar la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 13-10-94 que señala que el acto interruptivo de la prescripción exige, no sólo la actuación del acreedor, sino que llegue a conocimiento del deudor su realización. O según señala la STS de fecha 9-10-2007 " la eficacia de la interrupción depende de una declaración de voluntad recepticia por parte del acreedor, que, además de la actuación objetivamente considerada, impone que la misma haya llegado a conocimiento del deudor". También podemos citar la más reciente de fecha 25-5-2010: " para que opere la interrupción de la prescripción, es preciso que la voluntad se exteriorice a través de un medio hábil y de forma adecuada, que debe trascender del propio titular del derecho, de forma que se identifique claramente el derecho que se pretende conservar, la persona frente a la que se pretende hacerlo valer y que dicha voluntad conservativa del concreto derecho llegue a conocimiento del deudor."

La SAP de Madrid, sec. 19ª, núm. 356/2009, de 6 de julio, que: "...la interrupción de la prescripción ex art. 1973 del Código Civil supone que el tiempo de prescripción haya de contarse de nuevo por entero, a diferencia de lo que ocurre en la suspensión, partiendo de lo precedente es de señalar que para atender a la existencia o no de prescripción ha de estarse a la acción ejercitada, independientemente de la procedencia de la misma, que habrá de ser objeto de examen posterior, en el concreto caso consta pagado lo que luego por derecho de repetición se reclama, el día 24 de agosto de 2005, en fecha 14 de diciembre del mismo año, ya se formula reclamación por la demandante a la codemandada, reclamación que también se formula al codemandado en fecha 25 de noviembre también del mismo año, se les reitera ambos en fecha 25 de mayo de 2006 y de nuevo en fecha 19 de abril de 2007, siendo presentada la demanda en fecha 19 de julio de 2007, desde todo lo precedente que se haya de confirmar la sentencia recurrida en cuanto desestima la prescripción por los demandados alegados, con desestimación del recurso en ese particular...".

La Sentencia A.P. Bilbao 589/2010 de 20 de julio que: “El artículo 1973 del Código Civil establece que la prescripción de las acciones se interrumpe por su ejercicio ante los Tribunales, por reclamación extrajudicial del acreedor y por cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor. Ciertamente, y según reiterada jurisprudencial, el instituto de la prescripción ha de ser objeto de tratamiento restrictivo por no estar fundado en principios de justicia intrínseca, sino de seguridad, pero también indica el Tribunal Supremo en Sentencia de 24 de diciembre de 1994 que "si bien la declaración de voluntad en que consiste la reclamación extrajudicial a la que se remite el artículo 1973 del Código Civil reconoce la virtud de interrumpir la prescripción extintiva, la misma tiene naturaleza receptiva por lo que debe ir dirigida al sujeto pasivo y recibida por éste, aunque sus efectos se producen desde la fecha de la emisión y no de la recepción...".

Por último, la STS de 12 de julio de 1991 que: “el instituto de la prescripción, al no estar constituido sobre los principios de la justicia intrínseca, ha de ser tratado con un criterio restrictivo, de tal modo que, en lo referente a la prescripción extintiva, en cuanto aparezca fehacientemente evidenciado el «animus conservandi» por parte del titular de la acción, incompatible con toda idea de abandono de ésta, ha de entenderse queda correlativamente interrumpido el «tempus praescriptionis» -Sentencias de 17 de diciembre de 1979 (RJ 1979\4363); 16 de marzo de 1981 (RJ 1981\916); 8 de octubre de 1982; 9 de marzo de 1983 (RJ 1983\1430); 4 de octubre de 1985 (RJ 1985\4572); 18 de septiembre de 1987 (RJ 1987\6066); 14 de marzo de 1989 ( RJ 1989\2043), entre otras.”
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4 de abril de 2014

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La doctrina de la asunción del riesgo – Un breve análisis de la STS de 22 de octubre de 1992




En sede de responsabilidad civil la asunción del riesgo o aceptación de riesgo y el consentimiento de la víctima son elementos causales de justificación que excluyen que la conducta causante del daño pueda ser calificada de antijurídica. En este sentido, la doctrina tradicional matiza que la diferencia esencial entre la aceptación de riesgo y el consentimiento de la víctima o perjudicado radica en que en la asunción de riesgos no existe una aceptación de un daño actual, sino la exposición a ese daño. 

En esencia, la regla de la asunción del riesgo consiste en que quien decide voluntariamente practicar alguna actividad o intervenir en un acontecimiento asume el riesgo inherente que comporta, aceptando el mismo y, por tanto, quedando excluida la responsabilidad del agente causante del daño.

Habida cuenta de la especial naturaleza del deporte, la asunción del riesgo juega un papel muy importante en la jurisprudencia deportiva, sobre todo en aquellos deportes cuyo desarrollo implica de forma habitual caídas o golpes entre los participantes y es la más aplicada por los tribunales que resuelven supuestos de accidentes deportivos. 

Ante la ausencia de una regulación normativa específica de la responsabilidad civil derivada del hecho deportivo, la STS de 22 de octubre de 1992, siendo ponente D. Rafael Casares Córdoba, marcó un punto de inflexión en materia de responsabilidad civil deportiva, al ser la primera que reconoció la asunción del riesgo por parte de los deportistas y además fijó una doctrina al respecto que, a partir de entonces, ha sido seguida por la mayoría de la jurisprudencia tanto del Tribunal Supremo como de las Audiencias Provinciales – cfr. como precedente remoto de la doctrina de la asunción del riesgo la STS, 1ª, 29.12.1984 que se limitaba a señalar el riesgo implícito a las actividades deportivas. Art. 5 de la Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

Los antecedentes de hecho del litigio que motivaron el mentado pronunciamiento judicial eran los siguientes: Por don Ricardo V. O. y ante el Juzgado de 1ª Instancia de Bilbao se interpuso demanda contra don José O. R. y una compañía aseguradora en reclamación de una indemnización de 10.037.100 ptas., por responsabilidad civil derivada de la pérdida del ojo izquierdo, producida como consecuencia de un lance de juego en el transcurso de un partido de pelota y por rebote en el lanzamiento de ésta. La sentencia de dicho Juzgado estimó parcialmente la demanda, condenando solidariamente a los demandados al pago al actor de la cantidad de 2.037.100 ptas. Interpuesto recurso de apelación por ambas partes, la Audiencia Provincial de Bilbao, desestimó el formulado por la parte demandada y estimando parcialmente el interpuesto por la actora elevó el montante indemnizatorio a la suma de 5.037.100 ptas.

Contra la mentada sentencia se interpuso por la parte demandada el correspondiente recurso de casación, que posibilitó el conocimiento del litigio por parte del Tribunal Supremo, el cual, a su vez, declaró haber lugar al recurso y con revocación de las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial y Juzgado de 1ª Instancia de Bilbao, desestima en su totalidad la demanda interpuesta, absolviendo a los demandados.

En una apretada síntesis, el citado pronunciamiento judicial excluye la aplicación de la teoría del riesgo a esta actividad deportiva aficionada, puesto que la misma se aplica a los titulares de actividades peligrosas, que extraen un beneficio de su explotación. En segundo lugar, afirma que en la práctica de un deporte los participantes asumen el riesgo implícito al mismo, salvo que la conducta de los otros participantes pueda calificarse de dolosa o culposa.

La sentencia comienza por recoger la reiterada doctrina jurisprudencial de que la aplicación del art. 1902 CC, pese a la tendencia objetivizadora en su interpretación, no puede prescindir del matiz subjetivo, constituido por la exigencia de la culpa o negligencia, lo que hace en los términos siguientes:


“El problema que sobre la base de lo relatado plantea el único motivo del recurso es, el de si aun concurriendo los requisitos que la doctrina jurisprudencial exige para que pueda surgir la responsabilidad por daños o lesiones de naturaleza extracontractual, ello resulta suficiente para que la obligación de resarcir pueda ser declarada, interrogante esta que a la luz de esa doctrina (y de la científica prevalente) ha de ser contestada negativamente, toda vez que del hecho de concurrir un acto u omisión del que deriven resultados lesivos, incluido el mortal, y de que entre aquél y éste exista la adecuada relación de causalidad, la imputación de la responsabilidad exige si se aplica el art. 1902 CC, y no nos hallamos a presencia de un supuesto de la mal llamada responsabilidad objetiva o por riesgo, una tipificación de la conducta del agente, esto es, que exista en ella negligencia en la realización del acto o en la omisión”.

La responsabilidad deportiva no es, pues, una responsabilidad objetiva, precisando el nacimiento de la misma, en la esfera extracontractual, la existencia de culpa o negligencia. No obstante lo cual la misma no sólo abarca, como es evidente, al deportista, sino también al organizador de la práctica deportiva, así como al monitor de la actividad, es decir a todos aquéllos que interviniendo de una u otra forma en la misma hayan contribuido, de forma culpable y causal, a la génesis del daño. 



Entrando en el análisis de esta resolución y siguiendo en esta materia al Iltre. Magistrado-Juez Sr. José Luis Seoane Spiegelberg, Presidente de la sección 4ª Audiencia Provincial de A Coruña, la referida sentencia en referencia al tema de la responsabilidad civil deportiva hace las consideraciones siguientes: 

1.-  Ausencia de una regulación normativa específica de la responsabilidad civil dimanante de las prácticas deportivas.- Sobre esta cuestión, la meritada sentencia comienza destacando que: 

“Establecido lo que antecede y siguiendo con el discurrir de lo en este motivo presentado y planteado, es preciso adentrarse en lo que constituye la esencia del tema que originó el ejercicio de la acción de responsabilidad extracontractual que concluye con este recurso, y no es otro que la responsabilidad civil derivada de actos realizados en el ejercicio de una actividad deportiva a título particular entre amigos y representada en este caso, cual se ha dicho, por un juego de pelota a pala en el curso del cual y como consecuencia de un pelotazo, uno de los jugadores perdió un ojo a consecuencia del golpe en él recibido.” 

2.- Posibilidad de fundar las reclamaciones resarcitorias derivadas del deporte dentro del ámbito contractual y extracontractual.- En este aspecto, la sentencia parte de la clase de la acción ejercitada, que no era otra que la de la culpa extracontractual, en la que considera subsumibles supuestos como el enjuiciado, pero tampoco es de descartar la aplicación de las normas reguladoras de la responsabilidad contractual, de existir una relación o vínculo de tal clase entre el perjudicado y el causante del daño, por ejemplo en el caso del llamado contrato atípico de exhibición de espectáculos deportivos, participación en actividades organizadas mediante el pago del precio correspondiente o en casos de aprendizaje deportivo retribuido – cfr. STS de 10 de junio de 1991, 6 de octubre de 1992, 13 de febrero de 1993, STS de 19 de mayo de 1997 que cita las de 15 de junio de 1996, 5 de julio, 27 de septiembre, 29 de noviembre de 1994 y STS de 17 de octubre de 2001 y 1 de julio de 2002. 

3.- La inaplicación de la teoría del riesgo.- La sentencia analizada parte igualmente de la inaplicación a estos supuestos de la denominada teoría del riesgo como criterio objetivizador de la responsabilidad civil, por no concurrir los condicionantes que posibilitan su juego jurídico, señalando, al respecto, al aplicar el art. 1902 del CC, que dicho: 

“(…) precepto que aun cuando considerablemente objetivizado por esta Sala, especialmente cuando su aplicación se proyecta sobre actividades, aspectos o conductas de clara y patente trascendencia social ha conducido a una llamada socialización de responsabilidades, lo que no es, en principio al menos de aplicación a las competiciones deportivas, dado que el riesgo particular que del ejercicio de una actividad de ese género pueda derivar y va implícito en el ejercicio de la misma, no puede equipararse a la idea del riesgo que como objetivación de la responsabilidad ha dado lugar a la aparición de una especial figura responsabilicia, en cuanto ésta se encuentra fundada en la explotación de actividades, industrias, instrumentos o materias que si bien esencialmente peligrosos, el peligro que su puesta en funcionamiento lleva implícito se ve compensado en primer y fundamental lugar por el beneficio que como consecuencia de ello recibe la Sociedad en general, y en cuanto al directamente exportador del medio, por los beneficios que a través de ello obtiene, nada de lo cual acontece en casos como el presente en el que concretamente y por lo que a él se refiere, no era un deporte de masas, ni siquiera cultural, sino al igual que acontece con otros deportes como el tenis a estos niveles, la natación, etc., no son otra cosa que aspectos deportivos propios de la Sociedad actual que a nivel individual vienen a constituir una faceta lúdico-sanitaria en cuanto dirigida a paliar en cierta medida las consecuencias psíquicas que las agotadoras horas de servicio o trabajo diario, en medios lo suficientemente ásperos y en ocasiones hasta agresivos, como suelen ser aquellos en que se desenvuelven actualmente las tareas laborales, provoca en la persona la necesidad de acudir a manera de «válvula de escape» a la práctica de ciertos deportes de carácter más bien individualista, cual acontece con el aquí contemplado.” – cfr. sentencia de la sección 1ª de la Audiencia Provincial de Valladolid, de 21 de septiembre de 1994 y sentencia de la sección 2ª de la Audiencia Provincial de Sevilla de 12 de mayo de 2000. 

4.- La teoría de la asunción de riesgos.- El fundamento de la exención de responsabilidad del deportista causante material del daño se hallaría en la teoría de la asunción de riesgos, ahora bien siempre que la práctica de la actividad deportiva no se salga de los límites normales, pues fuera de tales casos podría incluso nacer una responsabilidad criminal dolosa o culposa. De esta forma, la mencionada sentencia nos indica que:
“Así centrada la cuestión y para comprobar si la tipificación realizada tanto por el Juzgador de instancia como el de Apelación se acomoda a lo indicado, debe también señalarse que en materia de juegos o deportes de este tipo la idea del riesgo que cada uno de ellos pueda implicar -roturas de ligamentos, fracturas óseas, etc.-, va ínsita en los mismos y consiguientemente quienes a su ejercicio se dedican lo asumen, siempre claro es que las conductas de los partícipes no se salgan de los límites normales ya que de ser así podría incluso entrar en el ámbito de las conductas delictivas dolosas o culposas. Lo que ha de imperar por tanto en este tipo de actividades son las reglas de prudencia que los jugadores deben seguir, debiendo a su vez tenerse en cuenta que los actos de los deportistas en cada manifestación deportiva, aun cuando dirigidos a lograr las más adecuadas jugadas no siempre producen el resultado perseguido, cual aquí ha acontecido, ya que no puede extraerse la consecuencia de que en un juego como el de pelota a pala quien maneja ésta quiera lesionar a su compañero de competición de la misma forma que tampoco se le puede exigir que la pelota vaya siempre al lugar deseado. Todas estas consideraciones conducen a estimar que al demandado y hoy recurrente don José O. R. no le es imputable a título de culposo o negligencia el acto que originó la pérdida del ojo izquierdo a don Ricardo V. O., en cuanto tal evento no es en realidad otra cosa que una consecuencia, desgraciada y siempre sentida, de cualquier tipo de juego, pero de responsabilidad inicialmente inimputable, lo que produce como consecuencia la estimación del motivo y consiguientemente del presente recurso.” - cfr. sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2001.

5.-  La teoría de la asunción de riesgos en la responsabilidad civil deportiva.- El Tribunal Supremo, considera que el tratamiento de la responsabilidad civil deportiva debe hacerse dentro de la teoría de la asunción de riesgos, figura que nace por obra de la jurisprudencia francesa en la segunda mitad del siglo XIX, con esta noción se alude a que el daño aparece ligado a una conducta de la víctima que lo sufre cuando se expone de forma consciente a un peligro típico y específico. 

En definitiva, la idea que subyace en la práctica de los deportes es que existe un riesgo en la mayoría de ellos, ya sea de sufrir un accidente entre deportistas, o de sufrirlo solo, y que éste es asumido de forma voluntaria. El Tribunal Supremo, por primera vez, a través de la sentencia analizada, aplica esta regla de la asunción del riesgo y señala de forma detallada los requisitos que deben concurrir para su apreciación. Así entiende que quien practica un deporte con riesgos inherentes debe asumir su concreción, siempre que el causante haya actuado dentro de los límites normales del deporte concreto. 

En efecto, la asunción del riesgo es el principal criterio de resolución de los daños causados en actividades deportivas por la doctrina jurisprudencial y se aplica tanto a deportes de riesgo bilateral, en los que el contacto entre los deportistas es parte esencial del deporte, como a los de riesgo unilateral en el que el contacto entre los mismos es infrecuente. La asunción del riesgo no sólo se aplica a los deportistas sino también a árbitros u otros auxiliares de la competición, a deportistas que están realizando un curso de aprendizaje deportivo e, incluso en algunos supuestos, a espectadores. El criterio del conocimiento de los riesgos inherentes al deporte sólo será objeto de especial análisis en aquellas modalidades deportivas de aparición reciente o infrecuente, cuyos practicantes desconozcan las posibilidades de lesión derivadas de su práctica. En los deportes de riesgo unilateral el deportista asume los posibles accidentes que sufra por sí solo, siempre que el riesgo del mismo no se haya visto incrementado por el organizador del evento, el titular de la instalación u otro deportista. 

Este criterio de imputación de daños ha sido aplicado continuadamente por el Tribunal Supremo en numerosas ocasiones: STS, 1ª, 18.3.1999: esquiadora murió al chocar contra la caseta de un transformador eléctrico cuando descendía una pista de esquí sobre un plástico; STS, 1ª, 27.9.2001 : alumna de un curso de golf golpeó con el palo a su monitora al errar un golpe; STS, 1ª, 17.10.2001: joven aficionado al rafting murió ahogado tras caer al agua y golpearse con una roca; STS, 3ª, 1.7.2002 : una participante en un encuentro de fútbol femenino sufrió una fractura compleja distal en el radio izquierdo. El Tribunal Supremo también recurre a la asunción del riesgo en casos en los que la propia víctima realiza una actividad peligrosa a sabiendas del peligro que conllevaba. La STS, 1ª, 12.3.1998 nos muestra un caso de autopuesta en peligro por parte de la víctima. 

En último lugar, también se ha aplicado por la doctrina jurisprudencial la regla de la asunción del riesgo por los daños derivados de otros tipos de hechos. En este sentido, son relativamente frecuentes los casos de daños sufridos por una persona que se adentra en una finca ajena sin consentimiento de su propietario. La STS, 1ª, 2.4.2004 expone que: la víctima se adentró en una fábrica abandonada a través de un agujero de una de las vallas y, ya en el interior, accedió a un transformador de electricidad propiedad de “Fuerzas Eléctricas de Cataluña, SA” (FECSA) y se apoyó en un interruptor, a consecuencia de lo cual sufrió una descarga eléctrica que le provocó la pérdida de ambas manos. El TS estimó el recurso interpuesto por FECSA aplicando criterios de prohibición de regreso y de asunción del riesgo: la conducta ilícita del actor de acceder a una finca ajena y vallada para coger tuberías de cobre interfirió en el curso causal de los hechos y propició el accidente, con independencia del riesgo que entrañaba la actividad de suministro eléctrico. Además, tal conducta suponía la aceptación de un grave riesgo por el sujeto “habida cuenta de la peligrosidad que entraña el acceso sin control a una edificación [...] por persona desconocedora de las contingencias nocivas inherentes a la misma” (F.D. 2º). 

En cuanto a los presupuestos objetivos para que actué la asunción de riegos, la doctrina jurisprudencial los cifra en dos: aceptación por el perjudicado del eventual peligro y que tal aceptación se refiera a un hipotético riesgo que se concreta en función de las circunstancias concurrentes – cfr. STS 14 de enero de 2013. Para la doctrina estos requisitos para la aplicación de esta regla pueden concretarse en: que la práctica habitual del deporte comporte riesgos para la integridad física de los deportistas, que estos riesgos sean conocidos por sus practicantes y que se concrete el riesgo en una acción que no exceda de los límites normales de la actividad – a efectos de no extender demasiado este post postergamos para otras ocasiones el análisis jurisprudencial de estos presupuestos.



Fuentes Consultadas 


1. Responsabilidad Civil. Aspectos Fundamentales. José Antonio Seijas Quintana. Ed. Sepín. 2007.

2. Repensar la regla de la asunción del riesgo (De causal de justificación a dispositivo tecnológico de gobierno de los riesgos) por Gonzalo Sozzo. pág. 287-339. Revista de derecho de daños. Buenos Aires. nº 2 (2007).

3. Accidentes deportivos: lesiones consentidas. Análisis de la doctrina de la asunción del riesgo en la responsabilidad civil en el deporte. José Piñeiro Salguero. Facultad de Derecho. Universitat Pompeu Fabra. Revista Indret. 2005.

4. Causalidad y responsabilidad (Tercera edición). Pablo Salvador Coderch y Antonio Fernández Crende. Facultad de Derecho. Universitat Pompeu Fabra. Revista Indret. 2006.

5. IV Congreso Nacional De La Asociación Española De Abogados Especializados en Responsabilidad Civil y Seguro. Deporte y Responsabilidad Civil. José Luis Seoane Spiegelberg. Presidente de la sección 4ª Audiencia Provincial de A Coruña Profesor asociado de Derecho Procesal. Pontevedra 11, 12 Y 13 de noviembre de 2004.

6. La Responsabilidad Civil Contractual y Extracontractual: El Seguro como Criterio de Imputación. Paulina Vélez Posada. Trabajo de Fin de Master. Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Derecho. Dpto. de Derecho Civil. 2012.

7. Responsabilidad Civil y Deporte. Tesis Doctoral. José Piñeiro Salguero. Universitat Pompeu Fabra. Director: Dr. Pablo Salvador Coderch. 2008.
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