IurisCivilis - Blog Jurídico Dedicado Al Derecho Civil

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9 de marzo de 2015

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La cancelación de los datos de un fichero de Morosos y los límites a su calificación jurídica como intromisión ilegítima en el derecho al honor

Un fichero de morosos es un fichero automatizado de tratamiento de datos de carácter personal relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias. Es reiterada la jurisprudencia que califica como una intromisión ilegítima en el derecho al honor la inclusión en este tipo de ficheros de una persona, de forma errónea, sin que concurra causa de veracidad y el derecho a cobrar una indemnización por el daño sufrido – vs. STS de 24 de abril de 2009 y la reciente de 18 de febrero de 2015 que focaliza su razonamiento sobre los criterios aplicables para fijar la indemnización por la intromisión ilegítima en el derecho al honor causada por la inclusión indebida de los datos personales en un registro de morosos. Cfr. art. 41.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.

Ahora bien, la STS de 11 de febrero de 2015 da otra vuelta de tuerca sobre esta cuestión cuando analizar si el hecho de que transcurriera 48 horas entre el momento en que se pagó la deuda y el momento en que los datos del deudor fueron cancelados del registro de morosos, constituye una intromisión ilegítima en el derecho al honor.

En efecto, el art. 4.3 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, establece que: “Los datos de carácter personal serán exactos y puestos al día de forma que respondan como veracidad a la situación actual del afectado”. El art. 29.4 de la citada Ley permite el registro y cesión de los datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que no se refieran, cuando sean adversos, a más de seis años, “siempre que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos”. Y el art. 16 establece en sus dos primeros apartados que: “1. El responsable del tratamiento tendrá la obligación de hacer efectivo el derecho de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. 2. Serán rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la presente Ley y, en particular, cuando tales datos resulten inexactos o incompletos”.

El art. 41.1 del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, que desarrolla la Ley Orgánica 15/1999, establece que: “Sólo podrán ser objeto de tratamiento los datos que respondan con veracidad a la situación de la deuda en cada momento concreto. El pago o cumplimiento de la deuda determinará la cancelación inmediata de todo dato relativo a la misma”. 

Concluye la sala que la tardanza de 48 horas en cancelar los datos no puede considerarse excesiva e injustificada, a la vista de los plazos que la normativa sobre protección de datos de carácter personal prevé para actuaciones similares, y por tanto no constituye una vulneración de los derechos del deudor, con el razonamiento siguiente:

(…) La regulación contenida en las normas transcritas muestra que, como consecuencia del principio de calidad de los datos que inspira la regulación de la protección de datos de carácter personal, y más específicamente, los ficheros de información sobre solvencia patrimonial y crédito que incluyen datos relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones dinerarias, en los llamados "registros de morosos" solo pueden incluirse y tratarse datos de carácter personal que sean determinantes para enjuiciar la solvencia económica de los interesados y que respondan con veracidad a la situación actual de aquéllos. Por ello, deben ser rectificados o cancelados los datos que no respondan a las exigencias derivadas del principio de calidad de los datos, en concreto los que sean inveraces o inexactos, incluso cuando inicialmente pudieran haber respetado estas exigencias, como ocurre cuando el deudor paga la deuda que determinó la inclusión de sus datos en el registro de morosos. En tanto que la inclusión de sus datos en un registro de esta naturaleza afecta a sus derechos fundamentales, en concreto a su derecho al honor y al derecho de autodeterminación informativa recogida en el art. 18.4 de la Constitución, esta cancelación debe ser inmediata.

Pero esta exigencia de inmediatez es configurada en la normativa de protección de datos como el respeto de plazos breves, de apenas algunos días. La pretensión del recurrente de configurar el derecho a la cancelación de sus datos del deudor que paga su deuda de modo instantáneo, de modo que de no ser así el responsable de la inclusión de sus datos en el fichero de morosos incurre en una vulneración de sus derechos fundamentales, se configura como una pretensión incompatible con la extensión en el tiempo que conlleva toda actividad humana de una mínima complejidad (como puede ser la de cancelar la inclusión de datos del deudor en un fichero de morosos una vez que este ha abonado su deuda), que difícilmente puede ser instantánea (…).
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17 de febrero de 2015

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Doctrina jurisprudencial sobre el retracto legal


El retracto legal es aquel derecho que tiene una persona para subrogarse en el lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago y en sus mismas condiciones. El Código Civil contempla la figura del retracto legal en los artículos 1521 y ss. – sede de compraventa -, estableciendo algunas normas generales y ofreciendo algunas pautas normativas del retracto de comuneros y de colindantes.

Nuestra legislación civil estatal contempla otros supuestos de adquisición preferente como los retractos arrendaticios, contemplados en las respectivas leyes de arrendamientos y que tuvimos ocasión de tratar en este artículo, el retracto de coherederos regulado en el artículo 1067 del CC o al histórico retracto enfitéutico de los artículos 1638 y 1639 del mismo cuerpo legal.

La reciente STS de 14 de enero de 2015 realiza una valoración del fenómeno adquisitivo que se deriva del ejercicio del retracto legal, particularmente en su proyección o referencia a la legislación de arrendamientos urbanos; antiguo artículo 48 de la Ley 1964, en relación con el ejercicio del derecho de retracto por el arrendatario de local de negocios, hoy artículo 25 de la Ley 29 de 1994, bajo la denominación técnica de "Derecho de adquisición preferente", fijando como doctrina jurisprudencial que: 

“(…) el fenómeno adquisitivo que se deriva del ejercicio de adquisición preferente del arrendatario de vivienda o local de negocios se produce cuando se realiza el pertinente pago a través de la consignación, según lo previsto en los artículos 1518 y 1521 del Código Civil .”

El razonamiento que utiliza es el siguiente:

“(…) Derecho arrendaticio de adquisición preferente y fenómeno adquisitivo.

Naturaleza y alcance de reconocimiento judicial. Doctrina jurisprudencial aplicable.

TERCERO.- 1. La estimación del motivo del recurso extraordinario por infracción procesal determina, conforme a la regla 7ª de la Disposición Final 16ª LEC , que se deba dictar nueva sentencia teniendo en cuenta lo alegado como fundamento del recurso de casación.

Esto supone, conforme a lo alegado en los motivos formulados por la parte recurrente, principalmente con relación al primero de ellos, que fuera de perspectivas parciales entremos en el análisis completo que define el curso del fenómeno adquisitivo que se deriva del ejercicio de derecho de adquisición preferente, llevado a cabo por el arrendatario en el presente caso.

2. La constitución heterónoma o forzosa de las relaciones jurídico-reales: criterios generales.

La vigencia de la autonomía privada como principio en el campo de las relaciones jurídico-reales comporta, como regla general, que estas relaciones y, con ellas, el efecto adquisitivo, se constituyen en virtud de la voluntad negocial acompañada del esquema básico que impone nuestro sistema adquisitivo (artículo 609 del Código Civil con relación al título y el modo).

Sin embargo, esta regla general no es de carácter absoluto y presenta claras excepciones que permiten considerar que en determinados casos se produce una constitución heterónoma de la relación jurídico-real y, por tanto, una transmisión de carácter forzoso que escapa de la voluntad negocial como eje rector o impulsor de la relación jurídica establecida.

En estos supuestos, que resultan muy variados, el curso del efecto adquisitivo presenta también notables diferencias en atención a la configuración normativa que los define. Así, en algunos casos, supuesto de la servidumbre natural de aguas contemplada en el artículo 552 del Código Civil, la relación jurídico-real es creada directa y plenamente por la disposición normativa. En otros casos, la mayoría, el esquema o curso adquisitivo varía pues la misma se limita a configurar las circunstancias o presupuestos para la constitución de la relación jurídico-real, concediendo al beneficiario el derecho a exigir dicha constitución de la relación jurídico-real y paralelamente imponer al afectado el deber de instrumentarla o llevarla a cabo; cuestión que, en unas ocasiones, comporta la tramitación de un procedimiento administrativo o judicial al respecto (servidumbre de acueducto, artículo 557 del Código y servidumbre de paso , artículo 554, respectivamente), y en otras, el derecho a exigir su constitución ya mediante el cumplimiento voluntario del deber impuesto, o su pertinente cumplimiento por la reclamación judicial que proceda, caso de las denominadas hipotecas legales. En todos estos supuestos, a diferencia de lo visto en la servidumbre natural de aguas, la relación jurídico- real no se crea de un modo directo, sino a través de los pertinentes procedimientos administrativos o judiciales y, en su caso, con el cumplimiento obligacional del deber impuesto a estos efectos; de forma que a través de este cumplimiento instrumental se sigue el esquema básico de nuestro sistema adquisitivo y se produce el efecto jurídico-real proyectado.

Aunque este curso de constitución indirecta o complementaria resulta también aplicable, por lo general, a los casos de transmisión forzosa del dominio, no obstante, y he aquí la fundamentación relevante, dicho curso del fenómeno adquisitivo también puede resultar modalizado o particularizado, a su vez, en atención a la configuración que del mismo realice la disposición normativa.

Como vemos a continuación, esta modalización del régimen adquisitivo es lo que ocurre en la transmisión forzosa que se produce por el ejercicio del derecho de adquisición preferente, llevado a cabo por el titular del derecho arrendaticio.

3. El fenómeno adquisitivo derivado del ejercicio de derecho de adquisición preferente.

Modulación y alcance. El fenómeno adquisitivo que se deriva del derecho de adquisición preferente que la ley otorga al arrendatario queda configurado, de forma sustantiva, por los presupuestos que el Código Civil contempla al respecto en la correlación de los artículos 1518 y 1521. De la interpretación sistemática de los mismos se desprende que, si bien el efecto adquisitivo no se produce de un modo directo y pleno por obra de la norma, no obstante, su producción queda modalizada, a diferencia de los supuestos anteriores, por el propio efecto subrogatorio que contempla el artículo 1521 ("derecho a subrogarse, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato, en lugar del que adquiere una cosa por compra o dación en pago") y por el cumplimiento por el arrendatario del referente obligacional de dicho pago, extremo que lleva a cabo con la correspondiente consignación al vendedor del precio de la venta y demás elementos previstos en el artículo 1518 del Código Civil .

Se comprende, de este modo, la de la realización de un acto posterior de específica transmisión del dominio, pues el esquema básico transmisivo que impone nuestro sistema y, con él, el efecto adquisitivo, queda embebido en la propia consumación y función traslativa que se infiere del originario contrato de compraventa realizado por el arrendador, en cuya estructura y eficacia, también la traslativa, se subroga el arrendatario que ejercita su derecho y consuma la relación negocial con la correspondiente consignación o pago realizada a favor del arrendador y propietario del inmueble.

Esta modalización del curso adquisitivo que se deriva del derecho de adquisición preferente, que le asiste al arrendatario, resulta, como se ha señalado, plenamente concorde con nuestro sistema adquisitivo.

Obsérvese, por una parte, que la innecesariedad de un posterior acto o negocio de transmisión del dominio concuerda con la innecesariedad del traspaso posesorio, habida cuenta de la posesión del inmueble que ya disfruta el arrendatario y que le sirve a los efectos del cambio operado en el concepto de dicha posesión; ahora como titular del derecho de dominio. Del mismo modo, por otra parte, y en contra de lo considerado por la sentencia recurrida, que la elevación a escritura pública del contrato de compraventa a favor del arrendatario, aparte de la señalada innecesariedad para el efecto transmisivo, tampoco constituye un presupuesto para la eficacia jurídico-real que se derive del contrato de compraventa; que se produce sin necesidad de la misma (STS 16 de septiembre de 2014, núm. 303/2014).

En suma, lo anteriormente expuesto también concuerda con el especial régimen de eficacia frente a terceros que acompaña el ejercicio de este derecho de adquisición preferente, que no necesita de su previa inscripción para afectar al posible tercer adquirente (artículo 37.3 LH). A lo que hay que añadir la reciente doctrina jurisprudencial de esta Sala (STS de 11 de julio de 2012, núm. 450/2012) por la que no debe entender que la aplicación de esta figura deba ser objeto de una interpretación restrictiva más allá de la concurrencia de los presupuestos y requisitos legales exigibles para su realización.

4. Naturaleza y alcance del reconocimiento judicial.

Conforme a lo anterior, debe señalarse que el reconocimiento judicial, que acompaña a esta figura en aquellos casos en donde su ejercicio resulta discutido, tampoco escapa a la configuración sustantiva que delimita el curso adquisitivo que se deriva del ejercicio de este derecho, de forma que incide, necesariamente, en la naturaleza y alcance del reconocimiento judicial que se produzca al respecto.

En efecto, determinado de este modo el efecto jurídico adquisitivo se comprende que el alcance del reconocimiento judicial que recaiga al respecto se limite a declarar la transmisión dominical que, conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1518 y 1521 del Código Civil analizada, ya se ha producido materialmente con la consumación del contrato de compraventa y la correspondiente consignación realizada por el arrendatario, sin que, por tanto, presente un alcance constitutivo, ya respecto de la sentencia firme, o bien desde la firmeza de la sentencia, con relación a situación jurídico-real previamente creada; todo ello con fundamento a la modalización del curso adquisitivo analizado.

Extremo que, en el presente caso, nos lleva a que la transmisión del bien se produjo el 4 de marzo de 2004, momento en el que el arrendatario efectuó la consignación según la documentación aportada al procedimiento; tal y como declara la sentencia de Primera Instancia. (…)”
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16 de diciembre de 2014

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Un breve y somero análisis del artículo 1351 Código Civil

Sobradamente conocido es que la sociedad de gananciales es una de las modalidades que establece el ordenamiento jurídico para regular la propiedad de los bienes y derechos que se adquieren constante el matrimonio. De esta forma, el artículo 1344 del Código Civil no ofrece un concepto legal de este régimen económico, sino la consecuencia fundamental del establecimiento de dicho régimen al señala que: “Mediante la sociedad de gananciales se hacen comunes para los cónyuges las ganancias o beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos, que les serán atribuidos por mitad al disolverse aquella.”

En este sentido, siguiendo a varios autores podemos definir la sociedad de gananciales como aquella situación que la voluntad privada, o la ley en su defecto, declara establecida entre los cónyuges, en virtud de la cual éstos ponen en común y hacen suyos por mitad, al disolverse el régimen, los beneficios obtenidos indistintamente por cualquiera de ellos durante el mismo – entre otros Puig Peña.

Brevemente, apuntar que el art. 1345 CC indica que: “La sociedad de gananciales empezará en el momento de la celebración del matrimonio o, posteriormente, al tiempo de pactarse en capitulaciones”. Por tanto, en Derecho Común, la sociedad de gananciales comenzará a regir:

1.- Al contraer matrimonio, si no se pactó lo contrario en capitulaciones matrimoniales. 2.- Cuando lo dispongan las capitulaciones matrimoniales y 3.- Si se pactó un régimen diferente, al volver a capitular para pactar la sociedad de gananciales.

Y, por último, como supuesto especial, el que resulta de los arts. 1373 y 1374. Según el primero de ellos: “Cada cónyuge responde con su patrimonio personal de las deudas propias y, si sus bienes privativos no fueran suficientes para hacerlas efectivas, el acreedor podrá pedir el embargo de bienes gananciales, que será inmediatamente notificado al otro cónyuge, y éste podrá exigir que en la traba se sustituyan los bienes comunes por la parte que ostenta el cónyuge deudor en la sociedad conyugal, en cuyo caso el embargo llevará consigo la disolución de aquélla”. Para este caso señala el art. 1374 que: “Tras la disolución a que se refiere el artículo anterior se aplicará el régimen de separación de bienes, salvo que, con el plazo de tres meses, el cónyuge del deudor opte en documento público por el comienzo de una nueva sociedad de gananciales”.

Ahora bien, dicho lo que antecede, vamos a formular la hipótesis siguiente: ¿Qué sucedería si uno de los de los cónyuges fuese el agraciado con un premio de la lotería el día 22 de diciembre? Pues bien, la respuesta es sumamente sencilla, porque el dinero obtenido como premio tendrá carácter ganancial y, por tanto, pasará a ser propiedad del matrimonio - sin embargo, si estamos casados en separación de bienes el premio será propiedad exclusiva del que compró el décimo. En este sentido, la respuesta legal nos la ofrece el artículo 1351 CC cuando señala que son bienes gananciales: “Las ganancias obtenidas por cualquiera de los cónyuges en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución pertenecerán a la sociedad de gananciales.”

En efecto, la doctrina jurisprudencial, interpretando este precepto, razona que el producto de estos premios debe de tener la consideración de gananciales pues se comunica a la sociedad todo cuanto proceda de la actividad de los cónyuges, por mínimo que haya sido el esfuerzo por conseguirlo. De esta forma la STS de 22 de diciembre de 2000, conectando el artículo 1351 con el art. 1361, señala en el F.J. Segundo 3. que: “ (…) Los bienes gananciales son, como concepto, los procedentes de las ganancias que obtienen los cónyuges directa o indirectamente, y, en primer lugar, como esenciales, los procedentes de la actividad de los mismos, sea constitutiva o no de esfuerzo o trabajo y en ella se incluyen las ganancias obtenidas en el juego, según dispone el artículo 1351 del Código civil (…).”

La STS de 4 de febrero de 2010, reiterando este razonamiento, lo amplia a las uniones more uxorio, cuando señala que: “(…) En caso de matrimonio seguido bajo el régimen económico-matrimonial de gananciales, las ganancias obtenidas en el juego son bienes gananciales y ello fue contemplado por la sentencia de 22 de diciembre de 2000. Pero en caso de unión de hecho, tan sólo sería común si se acredita la existencia de una comunidad de bienes.”

Asimismo, la doctrina incluye dentro de este precepto, aunque no se desprenda de su sentido literal, las adquisiciones procedentes de la ocupación, los inventos, el descubrimiento del tesoro… También comprende esta norma, por disposición expresa del propio artículo, las ganancias procedentes de causas que eximen de la restitución; es decir las adquisiciones que provengan de contratos nulos por causa ilícita o torpe de los artículos 1301 y 1306 CC. Igualmente las adquisiciones verificadas en cumplimiento de obligaciones naturales, las que procedan de juegos ilícitos, las recibidas en cobro de lo indebido, si el accipiens prueba una justa causa ex art. 1901 CC – en idéntico sentido, véase SAP de Valladolid de 14 de abril de 2003, de Barcelona de 18 de febrero de 1998 y de Córdoba de 3 de febrero de 2003.

Para finalizar, conviene advertir que este artículo 1351 CC, que hemos analizado someramente, fue redactado conforme a la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio. La antigua redacción del citado precepto era del tenor literal siguiente: “Las ganancias obtenidas por el marido o la mujer en el juego o las procedentes de otras causas que eximan de la restitución, pertenecerán a la sociedad de gananciales” y cuyo única modificación afecta al término “por el marido o la mujer” sustituido por la de “cónyuges” con el único propósito de establecer la igualdad jurídica entre las partes intervinientes en el matrimonio, en consonancia con la reforma operada, denominándose cónyuge a cualquiera de las personas físicas que forman parte de un matrimonio.

En este sentido, no cabe olvidar que el Tribunal Constitucional admitió a trámite, mediante providencia de 25 de octubre de 2005, el Recurso de Inconstitucionalidad núm. 6864/2005, promovido por setenta y un Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados, contra la citada reforma del Código Civil, mediante el alegato de que la Ley 13/20005 vendría a modificar la concepción secular, constitucional y legal del matrimonio como unión de un hombre y una mujer. En cualquier caso, apuntalar que el alto tribunal ha resuelto esta controvertida cuestión mediante la Sentencia núm. 198, de 6 de noviembre de 2012, aunque no por unanimidad, pues existen varios votos particulares. Texto legal que referencio para el lector interesado. 

Por último, recordar que el artículo 1361 CC presume la ganancialidad del bien mientras no se pruebe que pertenece privativamente al marido o a la mujer: “Se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges.”
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13 de diciembre de 2014

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El Tribunal Supremo restringe el pacto del derecho de repetición de las aseguradoras a los casos de conducción sin permiso de conducir

El demandado tenía concertado un seguro de responsabilidad civil, mediante póliza en la que expresamente quedaba excluida la cobertura para conductores menores de veintiséis años que no aparecieran declarados en la misma.

El vehículo se vio implicado en un accidente cuando era conducido por un menor de 26 años viéndose obligada la demandante a pagar como consecuencia del accidente la cantidad de 17.787,82 euros, más intereses, toda vez que la póliza concertada era a todo riesgo con franquicia.

Hasta la reforma operada por la Ley 21/2007, el artículo 10 de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor disponía que el asegurador, una vez efectuado el pago de la indemnización, podrá repetir, según su apartado c) «contra el tomador del seguro o asegurado por causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro, y en elpropio contrato de seguro ....». Con ocasión de dicha reforma, el artículo 10 en su apartado c), autoriza la repetición «contra el tomador del seguro o asegurado, por las causas previstas en la Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro , y, conforme a lo previsto en el contrato, en el caso de conducción del vehículo por quien carezca del permiso de conducir» . Es decir que, legalmente, se limita la posibilidad de pacto sobre repetición al supuesto de conducción del vehículo por quien carezca de permiso de conducir, de modo que fuera de tal caso sólo cabe la repetición en los supuestos previstos por la ley, no alcanzando los supuestos legalmente previstos al caso de conducción por persona no autorizada según el contrato que sea menor de veintiséis años.

La Sala Primera del Tribunal Supremo ha abordado el tema referido a la legalidad de la cláusula contractual incorporada a un contrato de seguro de responsabilidad civil derivada de la conducción de vehículo a motor por la que se excluían de cobertura los daños y perjuicios causados por conductor no autorizado expresamente, que fuera además menor de veintiséis años, quedando así abierta a la aseguradora la acción de repetición una vez que ha satisfecho las indemnizaciones oportunas a los perjudicados.

En concreto, examina la facultad de repetición de la aseguradora a la luz del régimen aplicable, introducido por la reforma de 2007, que, como decimos, limita las posibilidades de repetición de la indemnización satisfecha por el asegurador frente al tomador o asegurado a las causas previstas en la Ley, impidiendo la repetición con base en causas previstas en el propio contrato de seguro.

En el pleito origen de los recursos, la aseguradora demandante pretendió repetir contra su asegurado el importe de la indemnización satisfecha, pero el Juzgado de Primera Instancia rechazó dicha pretensión al considerar nula la referida estipulación contractual.

La Audiencia Provincial, por el contrario, entendió que se trataba de una cláusula meridianamente clara y expresiva de la intención de los contratantes (lo que excluía otras interpretaciones) y válida, puesto que la exclusión de cobertura de conductores de menor edad que la estipulada, no declarados por el asegurado, puede obedecer a diversas motivaciones o finalidades subjetivas queridas y aceptadas por las partes al contratar (p.ej. conocimiento de los declarados, impedir que el vehículo sea conducido por múltiples conductores noveles, etc...) perfectamente lícitas, y aunque se tratase de una cláusula limitativa de los derechos del asegurado, no podía cuestionarse su validez desde el momento en que aparecía «convenientemente destacada en la póliza y suscrita por el tomador», cumpliendo los requisitos exigibles para su virtualidad por el artículo 3 de la Ley de Contrato de Seguro. También consideró que era suficiente para acreditar las sumas reclamadas como indemnización la justificación de la aseguradora demandante y el escrito de la lesionada-perjudicada presentado ante el Juzgado. Ahora, el Supremo llega a una conclusión distinta.

La sentencia de la Sala, de la que es ponente el magistrado Antonio Salas Carceller, estima en primer lugar el recurso extraordinario por infracción procesal al considerar que se infringieron las normas reguladoras de la carga probatoria, puesto que a la aseguradora demandante le incumbía no solo acreditar que había pagado determinadas cantidades sino también que tales cantidades resultaban verdaderamente exigibles por corresponderse con el daño o perjuicio realmente causado, lo que la Audiencia no consideró necesario.

En definitiva, dicha exclusión de cobertura -que claramente era conocida y aceptada por el tomador del seguro- únicamente podrá desplegar sus efectos fuera del ámbito del seguro obligatorio, alcanzando por ello en el caso presente a la indemnización por las daños causados al propio vehículo asegurado.


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29 de noviembre de 2014

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Una ligera aproximación al contrato de asunción de deuda en el derecho civil español



De forma escueta, cabe señalar que la asunción de deuda es un contrato en cuya virtud un tercero – denominado asumente - se obliga a cumplir una deuda ajena, provocando con ello la liberación del deudor anterior - asunción liberatoria - o una acumulación con él - asunción cumulativa. 

Esta terminología procede del Código Civil Alemán (Bürgerliches Gesetzbuch o BGB), a pesar de que nuestra regulación positiva haya seguido al Code francés y regule el cambio de deudor como una de las posibles manifestaciones de la figura romana de la novación (arts. 1156, 1203.2.° y 1205-1208 CC). 

En el Código civil alemán (BGB) se recoge y regula, en los §§ 414 a 418, de forma bastante completa, la figura llamada “Schuldübernahme” o “privative Schuldübernahme”, de cuya traducción al español procede la expresión “asunción de deuda”. En concreto, el § 414 recoge la asunción de la deuda mediante contrato entre el acreedor y un tercero (asumente), y el 415, entre el deudor y un tercero con la posterior ratificación del acreedor. Esta sería la asunción de deuda liberatoria, es decir, la asunción con efectos frente al acreedor y con liberación del que era deudor en la relación jurídica previa, aunque también prevé una asunción de deuda sin liberación de este último y sin efectos frente al acreedor, bien porque éste aún no ha consentido el cambio, bien porque definitivamente lo deniega.

Por otra parte, la admisión, a falta de previsión legal, de una asunción de deuda con efectos frente al acreedor, pero que al mismo tiempo no produce la liberación del deudor primero (asunción llamada cumulativa) no ha planteado ningún problema en Alemania cuando esa ha sido la intención de los contratantes, configurándose como un negocio jurídico atípico - denominado Schuldbeitritt, kumulative Schuldübernahme o Schuldmitübernahme.

No obstante, dicho lo anterior, en nuestro Derecho Positivo no se regula la figura de la asunción de deuda, en los términos que estamos considerando. A mayor abundamiento cabe indicar que en el Código civil ni siquiera aparece mencionada con este nombre (aunque, en ocasiones, se aluda a ella implícitamente) y lo mismo ocurre en el Derecho foral, a excepción de la Compilación del Derecho Foral de Navarra (Fuero Nuevo), que la recoge (ley 512, y en menor medida, ley 513 sobre la cesión de contrato y 514 sobre el contrato con facultad de subrogación), para referirse básicamente a una asunción con efectos frente al acreedor y con liberación del deudor de la relación preexistente – vid. Ley 1/1973, de 1 de marzo, por la que se aprueba la Compilación del Derecho Civil Foral de Navarra: Ley 512 Asunción de deudas. El tercero que asume una obligación ajena queda obligado para con el deudor o acreedor con quienes haya contraído la asunción de la obligación, en los términos de la misma, y, de no haberse establecido otra cosa, asume también todas las obligaciones accesorias o derivadas de la principal. La asunción no aceptada por el acreedor no libera de responsabilidad al deudor en tanto no quede cumplida la obligación. La aceptación por el acreedor de la sustitución de deudor podrá presentarse expresamente o por actos que impliquen inequívocamente la liberación del primer acreedor. Los terceros que hubieren garantizado el cumplimiento de la obligación quedarán liberados por la asunción, a no ser que hubieren prestado su consentimiento.

Evidentemente nuestro Ordenamiento Jurídico y jurisprudencia no iba a ser ajeno al reconocimiento de esta figura jurídica. La corriente favorable a la asunción de deuda se inicia en España con la publicación en 1912 de la obra del Prof. De Diego “La transmisibilidad de las obligaciones” y el reconocimiento de esta figura en la doctrina jurisprudencial se produjo con las SSTS de 22 de febrero de 1946, donde el Tribunal Supremo se refiere, por primera vez, a la asunción de deuda, y de 10 de febrero de 1950. 

A prima facie, el Código Civil parece responder a la concepción tradicional romano-napoleónica de la intransmisibilidad de las deudas. Efectivamente, nuestro Código civil siguió en este punto, aunque parcialmente, al Código civil francés (y al italiano de 1865, continuador de este último) y fiel a ello, en principio, el cambio de la persona del deudor tiene lugar a través de una de las posibles aplicaciones de la novación: la novación subjetiva por cambio de la persona del deudor, figura ésta de origen romano que, en este caso, significaría la extinción de una obligación con liberación de quien era su deudor y el nacimiento de otra nueva en su lugar a cargo del nuevo deudor; una y otra conectadas causalmente. Así, nuestro art. 1156 la recoge como uno de los posibles modos de extinción de las obligaciones, estableciéndose una regulación más detallada en la Sección sexta (De la novación) del Capítulo IV (De la extinción de las obligaciones) del Título primero del Libro IV.

A la novación subjetiva por cambio del deudor se refieren, según entiende la doctrina, los artículos 1203.2.º y del 1205 al 1208 CC, siendo más dudosa la aplicabilidad del 1204 que, en mi opinión, debe quedar para la novación objetiva (relativa al objeto o a las condiciones principales de la obligación a tenor del art. 1203.1.º CC). 

En concreto, el 1203.2.º CC recoge el cambio de deudor como una de las posibles formas mediante las cuales las obligaciones pueden modificarse; el 1205 se refiere a la necesidad de concurrencia del consentimiento del acreedor para que se produzca el cambio de deudor, el 1206 recoge los posibles casos en que, si resultara insolvente el nuevo deudor, el acreedor podría dirigirse contra el que hasta entonces parecía liberado, el 1207 establece el régimen jurídico de las obligaciones accesorias ante la novación y el 1208 queda dedicado a los efectos que, sobre la nueva obligación, puede tener la nulidad de la antigua.

Por su parte, la admisión de una novación sin efectos liberatorios se ha producido por la vía de la atipicidad - asunción o novación cumulativa. El término “asunción cumulativa” quizás no sea el más apropiado para acoger aquella asunción en la que el primer deudor y el tercero quedan obligados conjuntamente y el cumplimiento de la obligación por cualquiera de ellos provoca su extinción para los dos. En este sentido, la doctrina romanística suele distinguir, en atención a los sujetos, entre obligaciones parciarias, cumulativas y solidarias. Frente a estas últimas, que se caracterizan por tener una pluralidad de sujetos y un objeto único, en las obligaciones cumulativas en sentido propio hay varios sujetos (en nuestro caso, pasivos) que tienen que realizar una prestación igual, pero que no es la misma, sino que las obligaciones son independientes. Como ejemplos pueden referirse en el Derecho romano arcaico y clásico cuando varias personas conjuntamente cometen un daño, cada uno está obligado a repararlo por entero; lo mismo cuando se vendía una misma cosa a varias personas, en cuyo caso el vendedor debe la entera prestación a cada uno de ellos. Ambos ejemplos tienen en común la idea de sanción impuesta a quienes conjuntamente causan un daño o a quien promete la misma cosa a varios.

La anterior regulación positiva de la novación por cambio de deudor, como un supuesto más bien de “modificación” que de “extinción” de obligaciones, fue el desencadenante en nuestro país de la primera de las tensiones sobre la que ha girado la asunción de deuda en su vertiente liberatoria. No obstante, la polémica acerca del significado del término novación en nuestro Derecho (novación extintiva para unos, novación modificativa para otros se encuentra hoy superada para centrar la cuestión en los efectos prácticos que produce este fenómeno jurídico de la asunción de deuda.

Ahora bien, para una mayor concreción de esta figura, parece ser necesario establecer los puntos de encuentro y diferencias entre la asunción de deuda y otros conceptos o instituciones con las que se viene tradicionalmente asociando - vicisitud de la relación jurídica, cambio de deudor, transmisibilidad de las deudas a título singular, novación y pago de tercero- con las que, guarda importantes diferencias, y que serán tratadas por separado en sucesivos artículos. 



Fuente: Antonio Gálvez Criado. La Asunción de Deuda en el Derecho Civil Español. Universidad de Málaga. 2003.
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21 de noviembre de 2014

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La Audiencia de Pontevedra exime a un recurrente de pagar la tasa judicial por considerarla inaplicable

Durante el pasado mes de septiembre la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Pontevedra, especializada en materia mercantil, dictó dos resoluciones en las que estima la queja interpuesta por el administrador de una sociedad limitada en concurso y al que, para recurrir la sentencia que le condenaba a la pérdida de determinados derechos y al pago de importantes indemnizaciones, se le exigía el previo abono de una tasa de elevada cuantía.


Las resoluciones, de las que son ponentes los magistrados Manuel Almenar y Javier Menéndez, respectivamente, señalan que, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional español, la introducción de un régimen de tasas no es contraria, por sí sola, al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, salvo que se demuestre que la cuantía de la tasa resulta tan elevada que impide en la práctica el ejercicio del derecho fundamental o lo obstaculiza.

Sobre esta base, el Tribunal razona que en una primera aproximación cabría pensar que, al tratarse de un recurso de apelación que se interpone ante una sentencia dictada en la sección de calificación de un proceso concursal y por la que, tras calificar el concurso como culpable, se condena al administrador de la sociedad a indemnizaciones relacionadas con su actuación y con las deudas de la sociedad por importe superior a los 600.000 euros, el interesado, de conformidad con la Ley 10/2012, tendría que abonar una tasa que ascendería a 2.800 euros.

La Sala entiende sin embargo que, si esta interpretación fuera la única legalmente posible, habría de valorar la procedencia de plantear una cuestión de inconstitucionalidad, dado que la tasa resultante, por su cuantía, aparece como un elemento que hace excesivamente difícil, cuando no imposible, el derecho fundamental al acceso a la justicia, en su modalidad de interposición de los recursos previstos en la ley.

Ante esta situación la Sección 1ª de la Audiencia ha decidido que la interpretación que lleva a exigir el pago de la tasa no es la única posible, sino que existen otras posibilidades más respetuosas con el derecho fundamental y que no violentan la norma legal. Los magistrados concluyen que se trata de un supuesto que no está sujeto al pago de la tasa, cuya cuantía sería “manifiestamente desproporcionada y con seguridad no querida por el legislador en tanto que afecta negativamente al derecho fundamental al acceso a la justicia”.

En esta misma línea de interpretación constitucional de la Ley 10/2012 y el RDL 3/2013, cita el auto el acuerdo de pleno no jurisdiccional de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 5 de junio de 2013, sobre las tasas en el orden social, que exime del pago de las tasas para la interposición de los recursos de suplicación y casación a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social y a los funcionarios y personal estatutario que accionen en la jurisdicción social y los sindicatos cuando ejerciten un interés colectivo.

En todo caso, la Sala aclara que esta interpretación responde a las concretas circunstancias de este caso y se justifica precisamente por las mismas, sin vocación generalizadora, al menos en tanto no se pronuncie el Tribunal Constitucional en los diversos recursos y cuestiones de inconstitucionalidad que tiene pendientes.

La Sala aclara que esta interpretación responde a las concretas circunstancias del caso y no tiene vocación generalizadora.


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17 de noviembre de 2014

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La eficacia temporal de las normas procesales

A priori, y sin entrar en demasiadas consideraciones, puede afirmarse que las normas procesales no tienen una eficacia ilimitada ni en el tiempo ni en el espacio. En el tiempo, porque la voluntad del legislador es normalmente regular situaciones de hecho con carácter de permanencia – vid. art. 2 Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil: “(…) los asuntos que correspondan a los tribunales civiles se sustanciarán siempre por éstos con arreglo a las normas procesales vigentes, que nunca serán retroactivas.” Sin embargo, no puede negarse que esas mismas situaciones de hecho pueden cambiar con el trascurso del tiempo. De esta forma, parece necesario regular con otras normas jurídicas el contenido sustancial del proceso. 

Y, brevemente, en el espacio – que analizaremos en otro post -, porque las normas jurídicas procesales emanan de unos órganos legislativos concretos, que, en cuanto tales, pertenecen a un Estado por lo que su eficacia debe de estar limitada a los confines territoriales del Estado de donde emane.

Profundizando en el aspecto temporal de las normas procesales, dado que el derecho se desarrolla en el tiempo, suele ocurrir con mucha frecuencia que a una norma jurídica le suceda otra que regule el mismo supuesto de hecho aunque de manera diversa. Cómo no puede ser de otra manera, el problema a resolver es qué norma procesal de entre las dos es la aplicable.

En principio, esta dicotomía jurídico-procesal no debería haber nacido, si tenemos en cuenta que si el legislador ha entendido que el proceso queda regulado de mejor manera con la nueva norma, ésta debería ser de aplicación inmediata. Por tanto deberíamos mantener que debe aplicarse al proceso actual sin detenernos en el examen del tiempo en que surgió ese proceso o el objeto de la litis. 

Efectivamente, la vigencia del principio de irretroactividad de las leyes (art. 9 CE y art. 2 CC) aplicado de forma estricta en el campo procesal, nos llevaría a sostener no sólo que las normas procesales nuevas no pueden regular situaciones o relaciones jurídicas procesales preexistentes sino que se aplicarán exclusivamente a las situaciones y relaciones procesales existentes durante su vigencia.

Sin embargo, el principio de irretroactividad de las normas procesales nos permite afirmar que el cambio de norma procesal no debe afectar ni puede afectar al efecto procesal ya producido, pero esto no es suficiente porque normalmente es extremadamente difícil saber cuáles son los efectos procesales ya producidos, dado que no están claros cuáles son los efectos inmediatos de los actos procesales. De esta forma, no es tan fácil aplicar este principio de irretroactividad por el que la norma procesal nueva ni afecta ni puede afectar a los actos procesales que han producido ya sus efectos procesales. 

Sólo partiendo de estas premisas, podremos conocer si la norma procesal nueva vincula o no a actos procesales posteriores, dependiendo la respuesta de que se consideren o no como efectos inmediatos de actos procesales realizados con anterioridad a la modificación normativa.

La dificultad del descenso a la casuística ha movido al legislador a la búsqueda de soluciones globales, mediante el recurso de la promulgación de las llamadas normas de derecho transitorio, acogiendo algunas de estas dos soluciones:

a) La negación de efectos procesales determinantes de la prosecución del proceso, aplicándose la nueva norma de forma inmediata a todos los actos procesales que se desarrollan con posterioridad a su entrada en vigor. b) O, bien, estimar que iniciándose un proceso bajo el amparo de una ley o de un conjunto de normas, debe terminarse conforme a lo dispuesto en esa misma ley o en ese mismo conjunto de normas, con independencia de cuál sea la regulación que se haga en la nueva.

La primera solución no es válida en cuanto que la realización de cualquier acto procesal determina de forma inmediata el nacimiento de poderes o facultades procesales para la parte contraria a aquella que realizó la actividad; si la nueva ley suprime alguna de esas facultades o de esos poderes se produciría una situación de falta de paridad en la posición procesal de las partes. 

La segunda solución tampoco es válida pues en el proceso los actos ulteriores no deben entenderse como meras consecuencias de la incoación del proceso, sino únicamente como hechos condicionados por la demanda. 

De esta forma, parece conveniente pensar que el proceso puede dividirse en etapas, concibiendo éstas como un conjunto de actos y efectos jurídicos consumados, de modo que se entendería como una nueva etapa aquella que se inicia necesariamente con una petición que produce en cadena una serie de efectos jurídicos predeterminados por la ley.

Las normas de derecho transitorio que se han promulgado a raíz de las reformas llevadas a cabo en nuestra legislación procesal, han ido por el camino anteriormente expuesto, partiendo de un proceso dividido en etapas entendiendo por éstas las instancias. Así, las disposiciones transitorias de la LEC vigente hablan de instancias, de recursos extraordinarios, de trámite de ejecución o de proceso cautelar, en modo tal que la instancia, el recurso, la ejecución, etc., promovida se regulará por la ley vigente en el momento de su promoción - presentación de la demanda, interposición del recurso de apelación o del recurso de casación...


Fuente: Introducción al Derecho Procesal. Víctor Moreno Catena. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Carlos III de Madrid. Abogado. Valentín Cortés Domínguez. Catedrático de Derecho Procesal. Universidad Autónoma de Madrid. Abogado. Vicente Gimeno Sendra. Catedrático de Derecho Procesal de la UNED. Abogado. 8ª. Edición. 2013. Colex.

Pd: Últimamente recibo una buena dósis de comentarios que, cuando puedo, dispongo su publicación, y que, a pesar de que suelo leerlos, lamentablemente no puedo responder por falta de tiempo. Cada vez me resulta más difícil atender debidamente al blog y, por ello, os pido disculpas. Gracias a todos los lectores por su comprensión.
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16 de octubre de 2014

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Entrada en vigor de las tasas judiciales catalanas, de las que están exentas los ciudadanos

En el día de hoy, entra en vigor las tasas judiciales en el ámbito de la comunidad autónoma catalana, tras la publicación en el DOGC de ayer de la Orden JUS/303/2014, de 13 de octubre, por la que se establecen el procedimiento y los plazos de autoliquidación de la tasa judicial de Cataluña, establecida por el apartado 1 del artículo 3 bis.1.1, del Texto refundido de la Ley de tasas y precios públicos de la Generalidad de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2008, de 25 de junio.

1.- Hecho imponible (Art. 3 bis.1-1 del DLeg 3/2008)

Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación de servicios personales y materiales en el ámbito de la administración de la Administración de Justicia de competencia de la Generalidad, a instancia de parte, en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso administrativo, en órganos judiciales con sede en Cataluña.

La producción del hecho imponible se manifiesta mediante la realización de los siguientes actos:

§  La presentación del escrito iniciador del procedimiento en primera o única instancia
§  La presentación del escrito iniciador del incidente en el proceso concursal.
§  La presentación del escrito iniciador de la segunda o superior instancia del procedimiento principal que deban resolver órganos judiciales con sede en Cataluña.

También constituye el hecho imponible de la tasa en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo la emisión de segunda certificación y testimonio de sentencias y otros documentos que constan en los expedientes judiciales de los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo.

2.- Sujeto pasivo Artículo 3 bis.1-2

Es sujeto pasivo de la tasa, en concepto de contribuyente, quien directamente o mediante representación, realice alguno o algunos de los actos que constituye el hecho imponible. En los supuestos en que haya una pluralidad de solicitantes para la realización de un mismo hecho imponible, se tiene que liquidar una única tasa, y quedan todos ellos solidariamente obligados al pago de la deuda ante la Administración.

3.- Exenciones Artículo 3 bis.1-3

- Exenciones objetivas.

Está exenta de la tasa la presentación de solicitud de declaración de concurso.

- Exenciones subjetivas.

Están exentos de la tasa:
§  Las personas físicas.
§  Las personas jurídicas que tengan reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita.
§  Las entidades totalmente o parcialmente exentas del impuesto sobre sociedades.
§  Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto sobre actividades económicas, de acuerdo con la normativa reguladora de las haciendas locales.
§  El Ministerio Fiscal

Esta tasa solo afecta a las personas jurídicas que no tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita y que pleiteen ante los ámbitos civiles y contencioso-administrativo de la jurisdicción, no ante el penal ni el social.

4.- Bonificaciones. Artículo 3 bis.1-3

Se establece una bonificación del 25 % sobre la tasa en caso de que la presentación de los escritos se haga por medios telemáticos. Según la Consejería de Justicia, el importe de estas taxas - entre un mínimo de 60 euros y un máximo de 120- es muy distante de las acordadas por el Gobierno central, que en opinión del consejero "pueden generar un efecto disuasorio desproporcionado en los que quieren obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos".

Fuente: Noticias  Jurídicas


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9 de septiembre de 2014

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Doctrina Jurisprudencial sobre la interpretación de la Disposición Transitoria 2ª B) apartado 4º, párrafo 3º de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994

La figura jurídica de la subrogación arrendaticia tiene como fundamento legal la pervivencia del contrato de arrendamiento y viene a significar que una persona, que en principio no es el titular del citado contrato, pase a tener la condición de arrendatario, asumiendo todos los derechos y obligaciones derivados del contrato, permaneciendo inalteradas las condiciones pactadas. La ley establece dos supuestos por los cuales es válida la subrogación del alquiler: en caso de defunción del titular y en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial del inquilino.

La vigente Ley 29/94, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, se ocupa de regular esta materia en las Disposiciones Transitorias Primera y Segunda, concretamente, entre otras cosas, estableciendo el régimen normativo de la subrogación de los contratos celebrados con anterioridad al 1 de enero de 1995, con una técnica legislativa muy desafortunada. 

En concreto, la farragosa Disposición Transitoria Primera regula todo lo relativo a los contratos celebrados a partir del 9 de mayo de 1985, mientras que la Segunda se encarga de la regulación de los celebrados con anterioridad a dicha fecha. 

En una apretada síntesis se puede colegir que en caso de muerte del arrendatario la LAU establece una enumeración de personas con derecho a subrogarse, con sus mismos derechos y deberes. La enumeración por orden de preferencia es la siguiente: a) El cónyuge a la fecha de fallecimiento. b) la persona que hubiera venido conviviendo de forma permanente durante los dos años anteriores en análoga relación de afectividad con independencia de su orientación sexual. c) los descendientes del arrendatario bajo patria potestad o tutela al momento de fallecimiento, o, que hubiesen convivido con él durante los 2 años anteriores al fallecimiento. d) los ascendientes (convivencia 2 años). e) Hermanos (igual período de convivencia de 2 años). f) Personas distintas a las anteriores que sufran una minusvalía igual o superior al 65% siempre que sean parientes hasta el tercer grado colateral del arrendatario (más el período de convivencia de 2 años).

En relación a este último supuesto la Disposición Transitoria 2ª B) apartado 4º de la LAU señala que: 

“A partir de la entrada en vigor de esta ley, la subrogación a que se refiere el artículo 58 del texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, sólo podrá tener lugar a favor del cónyuge del arrendatario no separado legalmente o de hecho, o en su defecto, de los hijos que conviviesen con él durante los dos años anteriores a su fallecimiento; en defecto de los anteriores, se podrán subrogar los ascendientes del arrendatario que estuviesen a su cargo y conviviesen con él con tres años, como mínimo, de antelación a la fecha de su fallecimiento. 

El contrato se extinguirá al fallecimiento del subrogado, salvo que lo fuera un hijo del arrendatario no afectado por una minusvalía igual o superior al 65 por 100, en cuyo caso se extinguirá a los dos años o en la fecha en que el subrogado cumpla veinticinco años, si ésta fuese posterior. 

No obstante, si el subrogado fuese el cónyuge y al tiempo de su fallecimiento hubiese hijos del arrendatario que conviviesen con aquél, podrá haber una ulterior subrogación. En este caso, el contrato quedará extinguido a los dos años o cuando el hijo alcance la edad de veinticinco años si esta fecha es posterior, o por su fallecimiento si está afectado por la minusvalía mencionada en el párrafo anterior.”

En relación a este último supuesto ha existido jurisprudencia menor contradictoria sobre la interpretación que debía darse a este último párrafo de la Disposición Transitoria 2ª b), apartado 4º de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , en relación con el artículo 16 y la Disposición Adicional novena del citado Texto legal. 

Algunas Audiencias Provinciales consideran que basta para que se produzca válidamente la subrogación con que concurra la incapacidad en el momento de la defunción del arrendatario, aunque no haya sido entonces formalmente declarada o reconocida, siempre y cuando la declaración se emita dentro de los dos años – cfr. la SAP de Barcelona de 23 de septiembre de 2008, que únicamente exige que el subrogado se encuentre "afectado" por la minusvalía, sin que pueda exigirse que esta haya sido declarada por la Administración Pública competente en el momento de la subrogación, cuando lo normal es precisamente que se promueva la declaración para obtener la adecuada asistencia social cuando el hijo del arrendatario queda desasistido por el fallecimiento de su padre o madre, o de ambos sucesivamente, al no haber necesitado probablemente hasta ese momento promover la declaración de minusvalía por encontrase asistido hasta entonces por sus progenitores. 

Otras sentencias de las Audiencias Provinciales entienden que la condición de minusválido y el grado correspondiente, deben estar legalmente declarados en el momento en el cual surge el derecho de subrogación, momento coincidente con el del fallecimiento del arrendatario inicial, atendiendo fundamentalmente al carácter restrictivo de la subrogación y a razones de seguridad jurídica.

La STS de 11 de julio de 2014, siendo ponente el Ilmo. Sr. José Antonio Seijas Quintana, fija como doctrina jurisprudencial y resuelve esta cuestión relativa a si es necesario que al tiempo del fallecimiento haya sido reconocido el grado de incapacidad del hijo por resolución administrativa o basta con que concurra la incapacidad en ese momento, teniendo en cuenta que de conformidad con la Disposición Adicional Novena de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre , de Arrendamientos Urbanos "a los efectos prevenidos en esta Ley, la situación de minusvalía y su grado deberán ser declarados, de acuerdo con la normativa vigente, por los centros y servicios de las Administraciones Públicas competentes".

Doctrina Jurisprudencial:

“(…) en la interpretación de la Disposición Transitoria 2ª B) de la Ley de Arrendamientos Urbanos 29/1994, apartado 4º, párrafo 3º, en relación con la Disposición Adicional novena de la misma Ley , en materia de subrogación mortis causa, es suficiente para reconocer la subrogación que se produzca la situación de convivencia y el hijo se encuentre afectado por la minusvalía, sin necesidad de que esta hubiera sido declarada en el momento del fallecimiento del arrendatario por el órgano competente.”
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28 de julio de 2014

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Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores – Las denominadas Reglas de Beijing

En el ámbito de la protección del derecho fundamental a la intimidad de los menores resulta relativamente relevante la regla 8 de las denominadas Reglas de Beijing. Esta regla hace hincapié en la importancia de proteger a los menores de los efectos adversos que pueden resultar de la publicación en los medios de comunicación de informaciones derivadas de un proceso judicial en los que menores de edad aparezcan como presuntos delincuentes. El contenido general de la regla 8 se sigue concretando en la regla 21.

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores (Reglas de Beijing) fueron adoptadas por la Asamblea General en la Resolución 40/33 de 29 de noviembre de 1985 por recomendación del séptimo congreso. Con anterioridad, por recomendación de la Resolución 4 del sexto congreso, el Comité de las Naciones Unidas sobre Prevención y Control del Crimen había contribuido al desarrollo de estas Reglas en colaboración con los institutos de las Naciones Unidas regionales e interregionales. Estas Reglas fueron elaboradas más a fondo por la reunión preparatoria interregional para el séptimo congreso sobre “Juventud, Crimen y Justicia” en Beijing, China, en 1984.

Estas Reglas tienen en cuenta los diversos marcos nacionales y estructuras legales, reflejan los objetivos y el espíritu de la justicia juvenil y exponen principios convenientes y prácticas para la administración de la justicia para jóvenes. 

Por otra parte, representan un mínimo de condiciones aceptadas internacionalmente para el tratamiento de jóvenes que entran en conflicto con la ley. En las Reglas de Beijing se expone que los objetivos de justicia juvenil son de promover el bienestar del joven y de asegurar que cualquier respuesta a los delincuentes juveniles será siempre en proporción a las circunstancias tanto del joven como del delito. En estas Reglas se prevén medidas específicas que cubren las varias fases de justicia juvenil, haciendo hincapié en que el ingreso en instituciones sólo será utilizado como último recurso y durante el plazo más breve posible.

Estas reglas tienen como objetivo promover el bienestar del menor en la mayor medida posible y reducir al mínimo el número de casos en que haya de intervenir el sistema de justicia de menores y prevenir el delito y la delincuencia juvenil con la necesidad de perfeccionar la justicia de manera continua.

Un menor es todo niño o joven que, con arreglo al sistema jurídico respectivo, puede ser castigado por un delito en forma diferente a un adulto. Un delito es todo comportamiento (acción u omisión) penado por la ley con arreglo al sistema jurídico de que se trate Un menor delincuente es todo niño o joven al que se ha imputado la comisión de un delito o se le ha considerado culpable de la comisión de un delito.

En los sistemas jurídicos que reconozcan el concepto de mayoría de edad penal con respecto a los menores, su comienzo no deberá fijarse a una edad demasiado temprana habida cuenta de las circunstancias que acompañan la madurez emocional, mental e intelectual. La edad mínima a efectos de responsabilidad penal varía considerablemente en función de factores históricos y culturales. El enfoque moderno consiste en examinar si los niños pueden hacer honor a los elementos morales y psicológicos de responsabilidad penal; es decir, si puede considerarse al niño, en virtud de su discernimiento y comprensión individuales, responsable de un comportamiento esencialmente antisocial. 

Si el comienzo de la mayoría de edad penal se fija a una edad demasiado temprana o si no se establece edad mínima alguna, el concepto de responsabilidad perdería todo sentido. En general, existe una estrecha relación entre el concepto de responsabilidad que dimana del comportamiento delictivo o criminal y otros derechos y responsabilidades sociales (como el estado civil, la mayoría de edad a efectos civiles, etc.). Por consiguiente, es necesario que se hagan esfuerzos para convenir en una edad mínima razonable que pueda aplicarse a nivel internacional.


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