Los efectos profundos que puede tener en un futuro la transposición en España de la Directiva de Servicios en el sector de las profesiones colegiadas y, en muchos casos, liberales, parece no tener fin. Ahora les toca a los procuradores. La redacción actual del anteproyecto de la ley ómnibus -que modificará 46 normas para adaptarse a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios, la denominada ley paraguas- tiene muy preocupados a los procuradores porque da vía libre a que los abogados ejerzan como procuradores sin traba alguna y viceversa (se elimina la independencia entre ambas profesiones) y serán posibles las sociedades profesionales o entidades en las que se ejerzan ambas profesiones.
Así se desprende tanto de la modificación prevista en la Ley de Colegios Profesionales como en la Ley de Sociedades profesionales: Se permitirá que un abogado sea procurador directamente o viceversa, sin requisitos adicionales, y en una misma sociedad se podrán ejercer distintas profesiones siempre que su desarrollo no se haya declarado incompatible por ley. Esto supondría un duro golpe para la procura, ya que los abogados al poder ejercer las dos profesiones acaparan más negocio.
El anteproyecto de ley ómnibus incluye una modificación que permitirá la colegiación del abogado como procurador sin traba alguna: «Los requisitos que obliguen a ejercer de forma exclusiva una profesión o que limiten el ejercicio conjunto de dos o más profesiones (...), serán sólo los que se establezcan por ley».
Además, lo que sucede es que la incompatibilidad para ejercer la profesión de procurador y la de abogado en el seno de una misma sociedad únicamente tiene rango reglamentario, en los estatutos de ambas profesiones, por lo que, de aprobarse como está ahora el anteproyecto de ley ómnibus, «los abogados se comerían a los procuradores».
Los procuradores plantearán la batalla en el trámite parlamentario y se han adelantado porque está previsto que la ley ómnibus se apruebe esta semana en el Consejo de Ministros para iniciar su andadura en las Cortes. Antes de que estos suceda, ya han presentado una enmienda en el proyecto de ley que implantará la nueva oficina judicial. De esta forma, tratarán de que la incompatibilidad tenga rango de ley. Èsta es su estrategia en medio de un clima de descontento hacia la abogacía al tratarse de una cuestión que le beneficia y, por tanto, no suscribe.
La enmienda, apoyada por el Partido Popular, el Grupo Vasco (EAJ-PNV), Coalición Canaria, CiU y el Grupo Esquerra Republicana-IU-ICV, reza así: «El ejercicio de la Procura es incompatible con el de la Abogacía». Si prospera, se incluiría en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
«Los abogados y los procuradores somos incompatibles a través de dos reales decretos, por lo que con la ley ómnibus así redactada desaparecería la incompatibilidad», afirma Juan Carlos Fernández Estévez, presidente de los Procuradores. «Estamos en completo desacuerdo porque para nosotros no es rentable, ya que supondría prácticamente nuestra muerte; nos fagocitarían los abogados, ya que son muchos más y nos comen», señala. El escenario que dibuja Fernández Estévez es desolador: «Se nos colegiarían una avalancha de abogados, se colapsarían los colegios y ejerceríamos todos de abogados y procuradores. No creo que fuera bueno ni para nuestra profesión y tampoco en ningún caso para la Justicia de nuestro país».
Según apunta el presidente de los procuradores se muestra confiado en que prospere: «El PSOE no la ha firmado pero parece que la apoyará o, al menos, no la repudiará».
El ambiente que se vive entre los procuradores es de crítica hacia la abogacía, porque han percibido que los abogados están muy conformes con la redacción actual del anteproyecto por lo que, obviamente, no han querido remover ni cambiar el asunto cuando se ha tramitado el anteproyecto desde el Ministerio de Economía.
Profesiones «compatibles»
Los abogados explican su postura a través de un portavoz oficial del Consejo General de la Abogacía (CGAE): «No tiene sentido que exista esta incompatibilidad en relación con las sociedades profesionales porque esta ley habla de que tienen que ser profesiones compatibles». En otras palabras, ambas profesiones lo son. Estas mismas fuentes explican que establecer una incompatibilidad por ley «crearía más problemas de los que se pretenden solucionar porque ahora hay sociedades familiares en las que trabajan juntos procuradores y abogados [por ejemplo, el marido es abogado y la mujer procurador o viceversa], parece demasiado riguroso exigirla». En este sentido, califican de «numantina» la postura de los procuradores. Por este motivo, las fuentes consultadas confirman que «el CGAE no hará una cuestión de gabinete con esto».
Una tramitación agitada
La tramitación del anteproyecto de la denominada Ley ómnibus, que modificará 46 normas para adaptarse a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios (llamada ley paraguas), ha sido bastante agitada. Los colegios profesionales -comandados por Unión Profesional- presentaron una batería de alegaciones contra el texto con el objetivo de acabar con varios de los puntos conflictivos: colegiación obligatoria -que matiza el anteproyecto-, los visados -que los convierte en voluntarios-, publicidad y baremos de honorarios orientativos. El dictamen del Consejo de Estado también cuestionó los colegios autonómicos obligatorios y obligó a cambiar la redacción del anteproyecto. Tanto en la colegiación obligatoria como en los visados los resultados no han sido los esperados. Fuentes consultadas por EXPANSIÓN han confirmado que el anteproyecto se aprobará en el Consejo de Ministros de esta semana y que la regulación del visado irá invariable a las Cortes.
Fuente: Diario La Ley

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