29 de enero de 2009

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La responsabilidad civil derivada de los accidente de tráfico provocados por especies cinegéticas





Resumen.- Los accidentes de circulación ocasionados por el atropello de animales han adquirido en los últimos años una notable relevancia como consecuencia directa de haber incrementado sus tasas de siniestralidad. Este fenómeno viene provocado por la irrupción repentina e inesperada a una vía de un animal, que no puede ser evitado por el conductor de un vehículo, con el consiguiente atropello y aparición de determinados daños a los vehículos y a las personas.

Este artículo pretende analizar el régimen jurídico de la responsabilidad civil derivada de estos accidentes de tráfico provocados por animales cinegéticos, a la luz de la modificación operada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos y que modifica el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el Texto Articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, al incorporar una Disposición Adicional Novena, referente a la responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas.

I.- La regulación legal de la responsabilidad por los daños producidos por animales salvajes derivada de un accidente de tráfico a la luz de la Ley 19/2001

a) Introducción

En los últimos años se ha producido un incremento considerable del número de accidentes de tráfico en los que intervienen animales. En este sentido la Exposición de Motivos de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra, proclama que:

(…) “en los últimos años se ha producido un destacable aumento de los accidentes de circulación provocados por atropello de especies cinegéticas, llegando a constituir un problema social(…)”(1)

Así según una denuncia de la AEA (Asociación de protección a los conductores Automovilistas Europeos Asociados) se producen más de 6.000 accidentes de tráfico al año por invasión de animales en la calzada y un 70 por ciento de los mismos son originados por animales de caza. Así, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, dependiente de la DGT, para el año 2006, se produjeron en España 6.227 accidentes de este tipo, con un balance de 17 muertos, 76 heridos graves y 396 heridos leves.(2)

Los supuestos que estamos considerados pueden reconducirse a aquellos accidentes de tráfico ocasionados por la irrupción repentina e inesperada a una vía pública de animales, sin que el conductor del vehículo pueda evitarlos, provocando el atropello de los mismos y generando el nacimiento de la oportuna responsabilidad civil por daños. Como señala acertadamente la SAP de Cáceres, de 23 de enero de 2006 el daño puede ocasionarse incluso sin que exista colisión con el animal sino por obligar al conductor a realizar una maniobra evasiva que genere el accidente.

Estos supuestos de responsabilidad por daños se encontraban hasta hace relativamente poco tiempo exento de una regulación legal especifica. Esta ausencia de un marco jurídico determinado y una normativa general insuficiente generaba una cierta confusión que se trasladaba a la Jurisprudencia de los Tribunales (en especial las Sentencias emanadas de las Audiencias Provinciales) a la hora de dar plena satisfacción a los intereses de los afectados.

b) El concepto de especies cinegéticas

Los animales han tenido siempre la consideración de objetos de derecho y como tal vienen contemplados en nuestra legislación civil configurados como bienes semovientes (aunque en algún caso como el del artículo 334.6 del Código Civil se consideren como bienes inmuebles por afectación o destino).

El Código Civil se ha ocupado de los animales al regular los frutos naturales (artículo 357), la posesión (artículo 465), la ocupación (artículo 610 y ss.), los vicios redhibitorios en la compraventa (artículo 1.491 y ss.) y en particular al contemplar como supuestos específicos de responsabilidad derivados del artículo 1.902 los daños causados por animales (artículos 1.905 y 1.906), sobre la base del hecho cierto, conforme a la naturaleza y al modo de ser de las cosas, de la irracionalidad del animal, objeto de derecho pero sujeto de vida imprevisible cuyo actuar, genera un riesgo y, por tanto, es susceptible de causar unos daños a los bienes jurídicos de los distintos sujetos de derecho.

La determinación de esta responsabilidad descansa en la clasificación tradicional entre animales mansos o domésticos, amansados o domesticados y fieros o salvajes. Los primeros son aquellos animales que nacen y se crían ordinariamente en poder del hombre. Los segundos son aquellos que, siendo naturalmente salvajes, guardan el denominado animus revertendi, esto es, la costumbre de volver a casa del poseedor. Y, los terceros los que vagan libremente y no pueden ser cogidos sino por la fuerza y que, a su vez, pueden ser susceptibles o no de ser cazados, dando lugar a la reciente distinción entre especies de fauna silvestre cinegética y especies de fauna silvestre no cinegética,

Así debemos entender por animales cinegéticos aquellos que son susceptibles de ser objeto del deporte o derecho de caza y así viene establecido en el artículo 33 de la Ley 4/1.989, de 27 de marzo, por la que se establecen normas de Protección, Conservación, Restauración y Mejora de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestre, al disponer que “La caza y la pesca en aguas continentales sólo podrá realizarse sobre las especies que reglamentariamente se declaren como piezas de caza o pesca, declaración que en ningún caso podrá afectar a especies catalogadas. ”. Este precepto ha sido desarrollado, a nivel estatal, por los Anexos del Real Decreto 1.095/1.989, de 8 de septiembre, sobre Declaración de Especies que Pueden ser Objeto de Caza y Pesca y se establecen normas para su protección.

Serán, pues, animales cinegéticos aquellos que, conforme a esa normativa estatal y la de desarrollo autonómico en la materia, estén autorizados para ser objeto del deporte de la caza. Incluso aquellos que en un momento determinado y por condiciones circunstanciales estén sustraídos a esa actividad. Los restantes animales tendrán la consideración de no cinegéticos y estarán sometidos a un régimen de protección y conservación por la normativa antes mencionada.

c) La evolución legal de la responsabilidad civil por daños causados por animales

La responsabilidad nacida de la culpa o negligencia derivada de los actos producidos por animales silvestres o domésticos, viene establecida con carácter general en los artículos 1905 y 1906 en relación con el artículo 1902 del Código Civil que, de forma específica contempla la responsabilidad referente a animales y cotos de caza.

Así el artículo 1905 dice que: “El poseedor de un animal, o el que se sirve de él, es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe. Sólo cesará esta responsabilidad en el caso de que el daño proviniera de fuerza mayor o de culpa de que lo hubiese sufrido” y el artículo 1906 que: “El propietario de una heredad de caza responderá del daño causado por ésta en fincas vecinas, cuando no haya hecho lo necesario para impedir su multiplicación o cuando haya dificultado la acción de los dueños de dichas fincas para perseguirla”.

Este inicial régimen de responsabilidad de los accidentes ocasionados por el atropello de animales se caracterizaba fundamentalmente por ser un sistema de doble responsabilidad objetiva y subjetiva y por la circunstancia de que la responsabilidad subjetiva que establecía el artículo 1.906 venía únicamente limitada en su objeto a los daños provocados por la caza en los fundos contiguos (no así por la fauna silvestre no cinegética).

Por tanto se hacía imprescindible la definición previa de especie de caza, sobre la Ley de Caza de 4 de abril de 1970, desarrollada por el Reglamento aprobado por Decreto 506/1971, de 25 de marzo, a la remitía el artículo 4 de la Ley de 1970, deslegalizando la materia, resultando la condición de especie cinegética entre aquella más genérica de los “animales salvajes y los domesticados que hayan perdido esa condición”, hoy totalmente superada por la nueva regulación de protección de la fauna silvestre que hemos señalado con anterioridad, esto es, el Real Decreto 1.095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca, cuya habilitación legal deriva expresamente del artículo 33.1 de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre, y la posterior normativa autonómica que desarrolla la legislación básica.

La Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza, introdujo un régimen específico de responsabilidad en su artículo 33, desarrollado en el artículo 35 de su reglamento de ejecución, que se apartaba del régimen de responsabilidad subjetiva previsto en el artículo 1.906 del Código Civil y asumía, en líneas generales, un régimen de responsabilidad objetiva que vinculaba, como sujetos agentes, a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos especiales y, subsidiariamente, a los propietarios de las fincas, con independencia de cualquier exigencia de culpa o negligencia en la actuación, derivado de la mera producción del daño, es decir, bajo un sistema de responsabilidad objetiva.

Esta materia y su regulación se vio afectada por lo dispuesto el artículo 148.1.11.ª de la Constitución Española que preveía que en los Estatutos de Autonomía de las diferentes CCAA se asumiera por los entes políticos regionales la competencia en materia de caza, aunque el Estado se reservara en el artículo 149.1.23.ª la competencia para fijar la legislación básica en materia de medio ambiente. Así se expresa el referido artículo 33 de la Ley de Caza:

“1. Los titulares de aprovechamientos cinegéticos, definidos en el artículo 6 de esta Ley, serán responsables de los daños originados por las piezas de caza procedentes de los terrenos acotados. Subsidiariamente, serán responsables los propietarios de los terrenos. 2. La exacción de estas responsabilidades se ajustará a las prescripciones de la legislación civil ordinaria, así como la repetición de responsabilidad en los casos de solidaridad derivados de acotados constituidos por asociación 3. De los daños producidos por la caza procedente de Refugios, Reservas Nacionales y Parques Nacionales y de los que ocasione la procedente de terrenos de caza controlada responderán los titulares de los aprovechamientos de caza y subsidiariamente el Servicio de Pesca Continental, Caza y Parques Nacionales. 4. En aquellos casos en que la producción agrícola, forestal o ganadera de determinados predios sea perjudicada por la caza, el Ministerio de Agricultura, a instancia de parte, podrá autorizar a los dueños de las fincas dañadas, y precisamente dentro de éstas, a tomar medidas extraordinarias de carácter cinegético para proteger sus cultivos. 5. Todo cazador estará obligado a indemnizar los daños que causare con motivo del ejercicio de la caza, excepto cuando el hecho fuera debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado o a fuerza mayor. En la caza con armas, si no consta el autor del daño causado a las personas, responderán solidariamente todos los miembros de la partida de caza.”

Por otra parte, no existía en nuestra normativa viaria precepto alguno que recogiese esa responsabilidad generada por el eventual riesgo del atropello de animales. En efecto, el Reglamento General de Tráfico, aprobado por Real Decreto 13/1.992, de 17 de enero (vigente hasta el día 23 de enero de 2004) no hacía referencia alguna, lo que obligaba a entender aplicable las regla general que se imponía a todo conductor, respecto de la velocidad del vehículo, en el artículo 45 de ese Reglamento (3), con la importante condición que se exigen en el artículo 46 de imponer la obligación de moderar la velocidad, e incluso proceder a la detención del vehículo, entre otros supuestos “cuando haya animales en la parte de la vía que se esté utilizando o pueda racionalmente preverse su irrupción en la misma”. Extremar la exigencia del Legislador supondría estar en una permanente previsión de que, en lugares de especial vegetación, podría producirse esa irrupción de animales y, por ello, estar en la obligación de evitar su atropello. Ello estaba en contra de las propias pretensiones del Reglamento que sí se ocupó de regular la circulación de animales por las carreteras y terminaba por imponer en el artículo 127.2 la prohibición de “dejar animales sin custodia en cualquier clase de vía”, haciéndose ya, al menos, una determinación de responsabilidad a los animales con custodia encomendada a alguna persona, en cuyo supuesto la obligación que se impone al conductor es concurrente con la que se impone a su encargado que lógicamente ha de impedir la irrupción inmediata del animal a la calzada o, al menos, ha de guardar las disposiciones específicas que el Reglamento imponía para la circulación de animales. Tal obligación se correspondía ya con la impuesta en el artículo 1905 del Código Civil al que antes nos hemos referido.

Esta situación normativa descrita en las líneas precedentes fue duramente criticada pues al margen de la inseguridad jurídica que ofrecía, la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales se inclinaba por hacer responsables de los daños causados a los titulares de los aprovechamientos cinegéticos, de los cotos de caza en base al régimen general de omisión por diligencia o, por el contrario, directamente a la Administración. Por ello, consciente el legislador de la inexistencia de un marco jurídico propio dentro de la normativa de tráfico, mediante la Ley 19/2001, de 19 de diciembre, de reforma del texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por real decreto legislativo 339/1990, de 3 de marzo, se introduce la Disposición Adicional Sexta, a modo de regulación específica, en la que se atribuye la responsabilidad por los daños producidos al conductor del vehículo. Así rezaba la citada disposición:

En accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas, será causa legal que permita atribuir la responsabilidad al conductor del vehículo por los daños producidos en un accidente de circulación el hecho de que se le pueda imputar un incumplimiento de las normas de circulación que pueda ser causa suficiente de los daños ocasionados; ello sin perjuicio de la responsabilidad que sea exigible a quien corresponda conforme a la normativa específica y de que sean probadas debidamente las circunstancias del accidente”

Sin embargo, esta reforma no satisfizo los intereses de los afectados. En lo principal porque está atribución de la responsabilidad al conductor resulta ser extremadamente frágil y diabólica. De esta forma, en base al segundo párrafo de la referida Disposición a responsabilidad por este tipo de accidentes se se siguió atribuyendo al titular del aprovechamiento cinegético de donde procede el animal atropellado mediante un sistema de responsabilidad objetiva, lo que provocó una situación insostenible para muchos de estos titulares, que se vieron obligados a hacer frente a una responsabilidad ajena. El hecho de atribuir al titular del coto esta responsabilidad resultaba desproporcionado, pues son varios los agentes implicados en estos sucesos: Administración, conductor y titulares del coto y de los aprovechamientos cinegéticos, cada uno de ellos con su respectiva participación y circunstancias. Así, en ocasiones podía resultar culpable el propio conductor cuando incumple la legislación en materia de tráfico y no adopta las medidas de precaución necesarias cuando se le ha advertido previamente mediante señales del tránsito de animales salvajes y, en otras, el organismo titular de la carretera (la Administración) en los casos en que esta no esté debidamente señalizada.

II.- La reforma operada por la Ley 17/2005 de 19 de julio, de atribución de la responsabilidad por los daños producidos a especies cinegéticas derivada de un accidente de tráfico

Para acomodar la situación anteriormente descrita con la realidad de los hechos, se modificó la regulación legal existente en materia de responsabilidad por los daños producidos a especies cinegéticas derivadas de accidentes de circulación, a través de la Disposición Adicional Novena de la Ley 17/2005 de 19 de julio, por la que se regula el permiso y la licencia de conducción por puntos, que se incorpora al Texto Refundido de la Ley de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo.

La Disposición Adicional Novena queda redactada en los siguientes términos:

“En accidentes de tráfico ocasionados por atropellos de especies cinegéticas será responsable el conductor del vehículo cuando se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación. Los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. También podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización”.

Esta modificación legal supone el establecimiento de un sistema de responsabilidad jurídica por culpa o negligencia en materia de responsabilidad en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas. Así la citada norma contempla los distintos supuestos de atribución de responsabilidad que analizaremos a continuación.

a) La responsabilidad del conductor del vehículo

La responsabilidad civil del conductor de un vehículo que se ve involucrado en estos hechos vendrá delimitada por el incumplimiento de las normas de circulación, tal como expone la referida Disposición Adicional Novena. En efecto este incumplimiento de las normas de circulación es el hecho que motiva el atropello de la animal y el nacimiento de la responsabilidad por los daños sufridos.

Así deberemos considerar como un incumplimiento de las normas de circulación la velocidad del vehículo que, si hubiera sido la adecuada a las condiciones de la vía, podría haber evitado el atropello. Ahora bien, estos incumplimientos deben ser valorados atendiendo a las condiciones en que el animal accede a la vía y las posibilidades que el conductor pudiera, conforme a ella, detener el vehículo de acuerdo con las normas impuestas por la señalización en cada tramo de la vía.

De todas formas, acreditar la concurrencia de la culpa del conductor fundamentada en incumplimientos de las normas de circulación resulta, en algunas ocasiones, una tarea extremamente compleja. Por ello, la carencia absoluta de medios probatorios puede ser constitutiva de la imposición a la parte demandante de una especie de “prueba diabólica”, que sólo genera inseguridad jurídica y puede vulnerar el legítimo derecho a la defensa, proclamado en el artículo 24 de la Constitución Española.

En este sentido la SAP de Guadalajara, sec. 1ª, de fecha S 28-2-200, siendo ponente la Magistrada M.ª Angeles Martínez Domínguez, dice que:

“(…) en base a lo cual se viene aplicando el principio de responsabilidad por riesgo derivado del uso, la explotación o la simple tenencia de determinados bienes, unas veces con carácter lucrativo, otras para su simple disfrute y ostentación, que ha determinado que aquellos lleven inherente la responsabilidad de los eventuales daños que produzcan, salvo casos de fuerza mayor o culpa de la víctima. Y en el caso que nos ocupa concurren los requisitos exigidos para el surgimiento de la responsabilidad extracontractual, a saber, producción del daño, culpa o negligencia atribuible al causante del mismo (por no haber adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar la irrupción en la carretera de piezas de caza procedentes del coto de su titularidad) y relación de causalidad entre dicha conducta y el resultado dañoso cuya reparación se pretende; no existiendo otra razón a la que atribuir el suceso, toda vez que no se ha demostrado que mediara culpa por parte del conductor del vehículo, esto es, el incumplimiento de las normas de circulación a que alude el apartado primero de la Disposición Adicional 9ª de la Ley 17/05“.

b) La responsabilidad de los titulares de terrenos cinegéticos

A este respecto la redacción de esta Disposición Adicional Novena dispone que “los daños personales y patrimoniales en estos siniestros, sólo serán exigibles a los titulares de aprovechamientos cinegéticos o, en su defecto, a los propietarios de los terrenos, cuando el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar o de una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado”.

En cualquier caso, es interesante hacer notar el hecho que la citada Disposición impone una responsabilidad fundamentada en la acción de cazar o en la conservación de los animales cinegéticos. A pesar que la SAP de Guadalajara de 20 de diciembre de 2004 hace exclusión de la propiedad del animal, imputando la responsabilidad al titular del aprovechamiento cinegético, por el mero hecho de proceder del mismo el animal.

· La responsabilidad derivada de la actividad cinegética

Este primer supuesto resulta de una lógica aplastante, pues parece totalmente adecuado que el nacimiento de la imputación de responsabilidad propiciado por una actividad cinegética determinada se encuentre vinculado directamente a la titularidad de dicha actividad. Esta titularidad no se concreta necesariamente en el cazador sino en la persona o entidad que ostenta las condiciones administrativas requeridas que garantiza la disponibilidad de la acción de caza.

Pensemos que es propio y connatural de la actividad cinegética que en las acciones de caza se produzcan batidas de animales que provocan o propician una invasión de la calzada por parte de éstos animales y que se provoque a los mismos a dirigirse a un determinado lugar, haciéndoles vagar de forma incontrolada, con el peligro de una potencial invasión o irrupción de los animales en la vía.

· La responsabilidad derivada de una falta de diligencia de conservación

Mayor enjundia tiene este segundo supuesto. Mediante el mismo se imputa la responsabilidad a los propietarios de los terrenos con aprovechamientos cinegéticos y a los titulares de dichos aprovechamientos, en aquellos supuestos de falta de diligencia en la conservación del terreno acotado.

Una interpretación adecuada a derecho de esta regla nos conduce a pensar que el nacimiento de la responsabilidad únicamente puede producirse en aquellos casos en los que los titulares o dueños de los terrenos o aprovechamientos cinegético (generalmente suele coincidir en una misma persona ambas titularidades) haya hecho una dejación u omisión de las obligaciones de protección del terreno acotado, no imponiendo aquellas medidas de conservación necesaria que impidan que los animales puedan ocasionar riesgo de atropello.

La SAP Cáceres, sec. 1ª, de fecha 16-1-2007 establece los requisitos necesarios para que nazca la responsabilidad de los propietarios de cotos de esta forma:

“(…) para que pueda derivarse una responsabilidad por parte de los titulares del coto de Caza Mayor, se precisa la concreción de unos requisitos, como son: 1.- De una parte que el accidente sea consecuencia directa de la acción de cazar. En el caso que enjuiciamos no se ha acreditado que el 30 de septiembre de 2005, en el que tuvo lugar el accidente de tráfico hubiere habido una acción de cazar, como por ejemplo una montería en el referido coto que pudiera haber provocado la salida de los animales cinegético del mismo con las consecuencias que ello pudieran derivarse. 2º.- Otro requisito indispensable para la imputación de responsabilidad a los titulares del coto es una falta de diligencia en la conservación del terreno acotado. Sobre este particular es de tener en cuenta que es al actor a quien le incumbe la prueba de esta falta de diligencia en la conservación del terreno, no habiéndose desarrollado actividad probatoria alguna sobre esta falta de diligencia, siendo de considerar también que para el cerramiento de los cotos de caza se precisa la autorización de la Junta de Extremadura”.

Las SAP de Asturias de 3 de mayo de 2004 y de 7 de enero de 2005 declaran la responsabilidad del titular del coto por no adoptar las medidas de protección para evitar que los animales invadan la calzada. Y, la SAP de Cáceres de 21 de marzo de 2003 imputa la responsabilidad al titular del coto de caza por los desperfectos sufridos en la valla cinegética instalada.

La sentencia de la AP de Cáceres de 7 de marzo de 2.003 imputa la responsabilidad a un titular de aprovechamiento cinegético de caza menor porque existía autorización específica para actividades de caza mayor. De manera taxativa rechaza la imputación de responsabilidad al titular del acotado la sentencia de la AP de La Rioja de 16 de septiembre de 2.003, porque la autorización lo era para animales de caza menor y el accidente lo ocasionó uno de caza mayor.

Por su parte, la sentencia de la AP de Teruel de 26 de febrero de 2.003 rechaza la imputación del daño al titular del aprovechamiento, pese a ser de caza mayor, cuando el concreto animal (ciervo) no estaba autorizado en el aprovechamiento. La sentencia de la AP de León de 5 de enero de 2.004 hace exclusión de la naturaleza del aprovechamiento y establece el título de imputación por la existencia de la concesión de aprovechamiento, con independencia de que sea de caza mayor o menor.

c) La responsabilidad de la administración pública titular de la vía

El tercer y último supuesto de imputación de la responsabilidad por atropellos inducidos por animales cinegéticos como consecuencia de la titularidad de la vía pública. Así se expresa la referida Disposición Adicional Novena: “(…) podrá ser responsable el titular de la vía pública en la que se produce el accidente como consecuencia de su responsabilidad en el estado de conservación de la misma y en su señalización”.

La titularidad de las vías pertenece a la Administración Pública y el nacimiento de la responsabilidad como consecuencia de su obligación de conservar y señalizar las vías de forma adecuada, sin perjuicio de aquellos supuestos de concesiones administrativas a favor de particulares.

Es decir, que este supuesto contempla el nacimiento del régimen especial de responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, que se encuentra regulado en los artículos 139 a 144 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común, basada en criterios objetivos y directos.

Sin ánimos de ser excesivamente exhaustivos, la responsabilidad de la Administración Pública vinculada a su deber de conservación y señalización de las vías públicas debe ser interpretado de forma excesivamente amplia, a pesar que la SAP de Burgos, de 20 de marzo de 2.003, rechace la responsabilidad administrativa por estimar que la colindancia de un terreno acotado suponía la responsabilidad del titular del aprovechamiento. Para el caso de autovías, declara la sentencia de la AP de Pontevedra de 16 de enero de 2.006, que el titular responsable es la concesionaria de la vía por la irrupción de animales en la calzada.

III.- El peregrinaje judicial

A prima facie, el acierto de esta modificación es la de armonizar la regulación legal con los supuestos de hechos, lo que ha contribuido a una aceptación o beneplácito por parte de distintas Asociaciones o Entidades involucradas en este sector. Más crítico se muestra el CEA (Comisariado Europeo del Automóvil) cuando manifiesta que lo único que va a fomentar esta modificación es la litigiosidad en aquellos casos de gravedad, ya que es difícil demostrar una infracción en la circulación y los dueños de los aprovechamientos cinegéticos es probable que no paguen hasta que no se demuestre su falta de diligencia en el terreno. Así, CEA cree que el Legislativo se ha equivocado al rehacer una normativa que ya estaba recogida en la Disposición Adicional Sexta de la Ley 19/2001 y que no era necesario tocar otra vez. Aseguran, por tanto, que ahora resulta más complicado estipular de quién es la culpa en un accidente y, por tanto, cobrar indemnizaciones o sanciones.

Ahora bien, el principal problema se deriva de algunas decisiones de los Jueces y Tribunales y, en especial, de la Jurisprudencia nacida de las Sentencias de las Audiencias Provinciales, con ocasión de estos accidentes, al considerarlos como accidentes de caza en vez de accidentes de tráfico. La diferencia entre una y otra consideración es abismal, por cuanto la competencia para regula la caza se encuentra transferidas a las distintas CCAA que cuentan cada una con su respectiva legislación.

En efecto, la competencia en materia de caza viene atribuida a las CCAA en virtud del artículo 148.1.11 de la Constitución Española y ha sido recogida íntegramente por la totalidad de los Estatutos de Autonomía. De esta forma, las distintas CCAA se encuentran legitimadas para legislar sobre la materia de caza, incluida la responsabilidad que la actividad cinegética comporta.

Sin embargo, el Estado se reserva la competencia para legislar esas mismas actividades cinegéticas cuando afecta a la seguridad vial, en virtud de lo establecido en el artículo 149.1.21 de la Constitución Española.

Especial relevancia, para el caso que nos ocupa, es el artículo 86 de la Ley Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de Caza y Pesca de Navarra que ofrece una regulación específica de la responsabilidad por atropello en el ámbito de la circulación, en estos términos:

“Daños causados por la fauna cinegética. 1. El Departamento competente en materia de caza, en el caso de accidente motivado por atropello de especies cinegéticas, tramitará el correspondiente expediente administrativo para determinar las posibles responsabilidades que podrán recaer según lo siguiente:

a. El conductor del vehículo accidentado, en los casos en que éste no hubiera adoptado las precauciones necesarias para evitar el atropello o se le pueda imputar incumplimiento de las normas de circulación.

b. El titular del aprovechamiento cinegético o, en su caso, del terreno acotado, sólo en los casos en los que el accidente sea consecuencia de la negligencia en la gestión del terreno acotado o de la acción de cazar.

c. En la Administración competente en materia de caza, en los supuestos en que el accidente sea consecuencia de las disposiciones de ordenación del aprovechamiento cinegético.

d. En el titular de la explotación de la vía pública en que se produzca el accidente, siempre y cuando esté motivado por la falta de conservación en relación con las medidas de protección frente a invasión de la vía por animales, cuyo mantenimiento sea responsabilidad del titular de la explotación de la vía, o por ausencia de señalización adecuada de paso de fauna cinegética.

2. El resto de daños causados por la fauna cinegética o pesquera se indemnizarán por quienes resulten responsables conforme a la legislación civil.

3. Para el caso de daños en accidentes de carretera causados por especies cinegéticas, se regulará una ayuda para apoyar económicamente el establecimiento de un mecanismo asegurador, que cubra la eventual responsabilidad de los titulares de los aprovechamientos cinegéticos de Navarra.” A mi juicio, en sintonía con la inmensa mayoría de los tratadistas en esta materia, establecido un régimen específico de responsabilidad de la actividad cinegética en el ámbito de la normativa sectorial estatal, debe ceder el régimen de responsabilidad que se contienen en la normativa autonómica en materia de caza.”

A mi juicio, en clara sintonía con la inmensa mayoría de los tratadistas de esta materia, establecido un régimen específico de responsabilidad de la actividad cinegética en el ámbito de la normativa sectorial estatal, debe ceder el régimen de responsabilidad que se contienen en la normativa autonómica en materia de caza.

Así la SAP Cáceres, sec. 1ª, de fecha 16-1-2007, siendo ponente el Magistrado D. Salvador Castañeda Bocanegra, intenta establecer un punto de equilibrio sensato en esta materia, al señalar que:

“(…) En este aspecto será de aplicación al caso de autos la nueva normativa, es decir, la Disposición Adicional Novena de la Ley 17/2005 de 19 de junio, toda vez que al amparo del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre la legislación civil y por tanto dentro de ésta, la que regula la responsabilidad civil extracontractual. Ciertamente la Constitución Española en su artículo 148 también permite que las Comunidades Autónomas puedan legislar en materia relativa a la caza pero la competencia exclusiva que, según los Estatutos, pudieran corresponder a las Comunidades Autónomas en materia de caza, no las legitiman para poder regular sobre seguridad vial por el hecho de que el accidente de circulación se haya producido por una pieza de caza; además, no parece razonable que en el caso de calzadas que discurran por más de una Comunidad la responsabilidad sea distinta según el punto kilométrico en que el accidente ocurra”

IV.- Recomendaciones ofrecidas por el CEA

Finalicemos este breve estudio sobre la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tráfico producidos por el atropellos de animales cinegéticos, señalando una serie de recomendaciones elaboradas por el CEA para evitar este tipo de percances.

  • Según revela el estudio elaborado por CEA, la mayor parte de los accidentes ocurre en carretera y, en menor número, en zona urbana. Por ello, se recomienda a todos los conductores, sobre todo, precaución en las zonas donde puede ser probable que salga un animal a la vía.
  • Se consciente de esa posibilidad, evitando la sorpresa. Cumple estrictamente las limitaciones de velocidad en las zonas en que estén señalizadas con la señal "peligro animales".

  • Si conduces por una zona donde es probable que se cruce un animal, modera tu velocidad y permanece muy atento a lo que sucede en la carretera.

  • No te distraigas cambiando de música o poniendo el aire acondicionado.

  • Además CEA aconseja que si ha ocurrido un accidente con un animal, el conductor del vehículo implicado debe poner en conocimiento de la autoridad competente la situación, para que los responsables de la zona puedan retirar inmediatamente al animal de la vía, ya que existe el peligro inminente de provocarse un segundo accidente. Esto es debido a dos causas: la primera, el movimiento incontrolado del animal asustado y, la segunda, que el animal fallecido puede servir de comida para otras especies y atraerlas hacia la calzada.

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(1) Para ampliar la información sobre este tema podéis consultar “La problemática de los accidentes con animales en la red de interés general del Estado en Castilla y León”, ponencia elaborada por el Ingeniero D. Javier Payán de Tejada González.

(2) Datos obtenidos de la página web de noticias GeoNoticias.

(3) Artículo 45. Adecuación de la velocidad a las circunstancias. Todo conductor está obligado a respetar los límites de velocidad establecidos y a tener en cuenta, además, sus propias condiciones físicas y psíquicas, las características y el estado de la vía, del vehículo y de su carga, las condiciones meteorológicas, ambientales y de circulación, y, en general, cuantas circunstancias concurran en cada momento, a fin de adecuar la velocidad de su vehículo a las mismas, de manera que siempre pueda detenerlo dentro de los límites de su campo de visión y ante cualquier obstáculo que pueda presentarse (artículo 19, número 1, del texto articulado).

Fuentes consultadas

Para la elaboración de este trabajo se han realizado infinidad de consultas online y la lectura de varios libros jurídicos que por su volumen dificultan ostensiblemente la identificación de los mismos. Sirva por todos, el excelente trabajo de D. Luis Biendicho Gracia, Letrado Diputación General de Aragón en “La responsabilidad por daños causados por especies cinegéticas en Aragón”.

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