10 de diciembre de 2008

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La enajenación de bienes inmuebles de menores





Resumen.- Los actos de Jurisdicción Voluntaria se caracteriza por la ausencia de contradicción y, por tanto, por el carácter no litigioso de los expedientes. Para ampliar la información podéis consultar el artículo de este blog titulado “La Jurisdicción Voluntaria”.

La normativa aplicable en la materia sigue siendo en el plano sustantivo el Libro I del Código Civil, y procesalmente sigue estando vigente el Libro III de la LEC de 1881, cuya vigencia fue prorrogada, hasta la entrada en vigor de la futura Ley sobre Jurisdicción Voluntaria, mediante la excepción 1ª prevista en el apartado primero de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 1/2000, de 7 de enero, que aprobó la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Con excepción de los artículos expresamente derogados como el 1827, sobre oposición al expediente de adopción, 1880 a 1900 donde se regulaban las medidas provisionales en relación con los procesos matrimoniales, las cuales han sido integradas en la actual LEC. En consecuencia los actos de Jurisdicción Voluntaria se regulan por los artículos 1811 a a 2174 del Libro III de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881, con las excepciones previstas.

Es destacable mencionar que hubo un intento de elaboración de una Ley sobre Jurisdicción Voluntaria con la aprobación del proyecto por el gobierno el día 20 de julio de 2006. Sin embargo, el Gobierno anunció en el mes de octubre del año 2007 la retirada del proyecto de Ley sobre la Jurisdicción Voluntaria que hubiera debido debatirse para su aprobación definitiva en el pleno del Senado.

De acuerdo con la normativa vigente y a la espera de la aprobación de la citada Ley de la Jurisdicción Voluntaria, vamos a tratar en este artículo de los trámites necesarios para la obtención de la correspondiente autorización judicial para proceder a la venta de los bienes propiedad de los menores de edad.

I.- La protección del patrimonio del menor de edad

El artículo 1 del Real Decreto-ley 33/1978, de 16 de noviembre(1) sobre mayoría de edad establece que la mayoría de edad de todos los ciudadanos españoles es los dieciocho años cumplidos, en clara consonancia con la proclamación constitucional realizada en el artículo 12 y el artículo 315 del Código Civil (en la redacción dada por la Ley 11/81).

La mayoría de edad garantiza la obtención de la plena capacidad para realizar actos jurídicos válidos y ser responsables de los mismos. Los menores de edad y con más 16 años cumplidos pueden obtener el estado civil de la emancipación, que se caracteriza por la concesión de la plena capacidad para disponer de su persona y de sus bienes como si fuera un mayor de edad.

Tradicionalmente la doctrina asociaba el término minoría de edad con incapacidad, en base a lo preceptuado en le artículo 1263.1 del CC. Sin embargo, este planteamiento fue objeto de una serie de críticas por la doctrina civilista más ilustrada y, actualmente, la capacidad del menor se reconoce de forma graduada y paulatina. La atribución de esta capacidad gradual fue otorgada por la La Ley 11/81 (aludida en el anterior artículo) que modificó los preceptos del CC relativos al menor y a las relaciones paterno-filiales, contempladas en los artículos 154 y ss.

El CC establece que los padres administrarán los bienes de los hijos con la misma diligencia que los suyos propios, cumpliendo las obligaciones generales de todo administrador, matizando que pertenecen siempre al hijo no emancipado los frutos de sus bienes, así como todo lo que adquiera con su trabajo o industria. Vid artículo 164 y 165 del CC.

Sin embargo, los padres podrán destinar los bienes del menor que viva con ambos, o con uno de ellos, en la parte que le corresponda, al levantamiento de las cargas familiares, no estando obligados a rendir cuentas de lo que hubiesen consumido en tales atenciones. Vid artículo 165 del CC.

Por el contrario, en aras de proteger al menor de la responsabilidad por sus propios actos, el legislador somete la eficacia y validez de determinados actos jurídicos a las personas que ostenten la patria potestad, como los padres o los tutores. De esta forma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 166, 270 y 271, en relación con el artículo 2011 de la Lec de 1881, los padres o tutores no podrán:

“renunciar a los derechos de que los hijos sean titulares ni enajenar o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles o industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios, salvo el derecho de suscripción preferente de acciones, sino por causas justificadas de utilidad o necesidad y previa la autorización del Juez del domicilio, con audiencia del Ministerio Fiscal. Los padres deberán recabar autorización judicial para repudiar la herencia o legado deferidos al hijo. Si el Juez denegase la autorización, la herencia sólo podrá ser aceptada a beneficio de inventario. No será necesaria autorización judicial si el menor hubiese cumplido dieciséis años y consintiere en documento público, ni para la enajenación de valores mobiliarios siempre que su importe se reinvierta en bienes o valores seguros.” ( la negrita es mía) (2)

Por el contrario, no será necesaria la autorización judicial si el menor hubiese cumplido los 16 años y consintiere en documento público, ni para la enajenación de valores mobiliarios, si el importe de éstos se reinvierte en bienes o valores seguros. Vid artículo 166 del CC.

Cuando la administración de los bienes lleva a cabo por los padres ponga en peligro el patrimonio del menor, el Juez a instancia del propio hijo, del Ministerio Fiscal o de cualquier pariente del mismo, podrá adoptar las resoluciones que estime conveniente en aras de garantizar la seguridad y recaudo de los bienes, exigir caución o fianza para la continuación en la administración o en caso extremos, nombrar un nuevo administrador. Vid. artículo 167 del CC.

II.- Los trámites necesarios para enajenar o gravar de los bienes de los menores de edad

a) Requisitos procesales

La regulación legal para poder enajenar o gravar bienes inmuebles se halla contenida en los artículos 164 a 168 del CC, como hemos tenido ocasión de comprobar en el apartado anterior y por, su naturaleza de acto correspondiente a la jurisdicción voluntaria, los artículos 2011 a 2030 de la Lec de 1881, en cuanto a los trámites a seguir.

Para poder proceder a la enajenación o gravamen de los bienes inmuebles de titularidad de un menor, la autorización judicial debe solicitarla al menos uno de las personas siguientes:

a. El padre o la madre que tengan la patria potestad de su hijo menor. Si éste fuere mayor de doce años, firmará también la petición.

b. El padre o la madre que tengan la patria potestad prorrogada sobre un hijo incapacitado, que prestará o no su conformidad, con arreglo a lo que disponga la sentencia declaratoria de la incapacidad.

c. El tutor de un menor de edad. Si éste fuera mayor de doce años deberá ser oído.

d. El tutor o el curador de un incapacitado, si así lo permite la sentencia declaratoria.

e. El sujeto a tutela o curatela, cuando no le haya sido prohibido o cuando lo haga con la conformidad del tutor o curador. Vid. art. 2012 de la Lec- 1881.

En la solicitud se deberá expresar el motivo de la enajenación o del gravamen y la finalidad a que se debe aplicar la suma que se obtenga y que se justifique, además, la necesidad o utilidad de la enajenación.

La intervención del Ministerio Fiscal, en aras de proteger el interés de los menores es preceptiva, tal como establece el apartado 4 del artículo 2012: “que se oiga al Ministerio Fiscal”, expresa la letra del precepto.

Cuando la justificación de la necesidad o utilidad de la enajenación haya de hacerse por medio de testigos, deberán ser tres, por lo menos, dando fe el actuario de conocerlos. Si no los conociere, exigirá la presentación de dos testigos de conocimiento, con citación del Ministerio Fiscal. Vid art. 2013.

b) La autorización Judicial

Hecha la justificación pertinente, tras haberse practicado la información testifical, antes de la aprobación o denegación, el Juez oirá al Ministerio Fiscal y al menor, si fuere mayor de doce años o si lo considera oportuno y, en su caso, recabará los informes necesarios.

Evacuados estos trámites, sin más dilación, el Juez dictará una resolución en forma de Auto concediendo o denegando la autorización solicitada. Esta resolución judicial es susceptible de apelación en ambos efectos. Vid art. 2014.

c) El procedimiento de enajenación: la subasta

La autorización se concederá en todo caso bajo la condición de haberse de ejecutar la venta en pública subasta, y previo avalúo si se tratare de derechos de todas clases, excepto el de suscripción preferente de acciones, bienes inmuebles, establecimientos mercantiles e industriales, objetos preciosos y valores mobiliarios que no coticen en Bolsa.

Exceptúanse de esta regla las ventas hechas por el padre o por la madre con patria potestad. Estos podrán realizarla sin otro requisito que el de haber obtenido previamente la autorización judicial, con audiencia del Ministerio Fiscal y de los titulares registrales.

En cuanto a las particularidades de la subasta de bienes inmuebles, nos remitimos a los artículos publicados en el blog con anterioridad, para no hacernos repetitivos, entre ellos “ La subasta de bienes inmuebles”.

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(1) El Real Decreto-Ley de 16 de noviembre de 1978 declara en su artículo 1 que “la mayoría de edad empieza para todos los españoles a los dieciocho años cumplidos”, y modifica los artículos 19, 168, 278, 318, 320 y 323 del Código Civil, los artículos 6, 27 y 99, apartado 1º, de la Compilación del Derecho Civil de Aragón, y el artículo 5 del Código de Comercio. Por consiguiente, era de aplicación en toda España, excepto en Navarra, pues en ésta, a tenor de la disposición adicional segunda, había que esperar a que se modificase la Ley 50 de su Compilación, lo que tuvo lugar por Real Decreto-Ley de 5 de diciembre de 1977.La razón que motiva que estos Reales Decretos se adelanten a la Constitución es puramente política, reconocida expresamente en el Real Decreto-Ley de 16 de noviembre de 1978. Según este Real Decreto se adelanta la mayoría de edad para que la juventud española se incorpore a la vida jurídica, social y política del país. En el Decreto de 3 de noviembre de 1978 se dice que se somete a referéndum de la nación el proyecto de Constitución aprobado por las Cortes. En el Real Decreto-Ley de 18 de marzo de 1979 se decía que “serán electores todos los españoles mayores de edad incluidos en el censo y que se hallen en el pleno uso de sus derechos civiles y políticos”. Por la Ley de 13 de mayo de 1981, el artículo 315 del Código Civil se redacta de acuerdo con la fórmula constitucional (art. 12 de la Constitución española) y dice así: “la mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.

(2) Los menores emancipados podrán regir su persona y sus bienes como si fuera mayor, pero hasta que llegue a la mayor edad no podrá el emancipado tomar dinero a préstamo, gravar o enajenar bienes inmuebles y establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador.

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