21 de junio de 2011

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Requisitos de acceso para el ejercicio de la profesión de Abogado y Procurador de los Tribunales





AbogadosEl pasado día 16 de junio de 2011, se publicó en el BOE el Real Decreto 775/2011, de 3 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 34/2006, de 30 de octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

Esta ley tiene como objetivo principal mejorar la capacitación profesional de los abogados y procuradores, en cuanto colaboradores relevantes de la administración de justicia, con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.

Para alcanzar el objetivo de una capacitación profesional especialmente cualificada la ley establece un sistema de formación en la excelencia que tiene tres pilares básicos: la realización de un curso formativo específico en el que se han de adquirir un conjunto de competencias profesionales específicas, el desarrollo de un periodo de prácticas externas y la realización de una evaluación de la aptitud profesional que culmina el proceso de capacitación con carácter previo a la inscripción en el correspondiente colegio profesional.

De conformidad con lo establecido en la Disposición Final Tercera, este reglamento entrará en vigor el mismo día que la Ley 34/2006, de 30 de octubre. Esta Ley en su Disposición Final Tercera dispone que entrará en vigor a los cinco años de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", es decir, el 31 de octubre de 2011.

A grandes rasgos, la obtención del título profesional de abogado o de procurador de los tribunales requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Estar en posesión del título de Licenciado en Derecho, Graduado en Derecho o de otro título universitario de Grado equivalente que reúna los requisitos establecidos en el artículo 3 de este reglamento.

b) Acreditar la superación de alguno de los cursos de formación comprensivos del conjunto de competencias necesarias para el ejercicio de dichas profesiones en los términos previstos en este reglamento.

c) Desarrollar un periodo formativo de prácticas en instituciones, entidades o despachos, relacionados con el ejercicio de esas profesiones.

d) Superar la prueba de evaluación final acreditativa de la respectiva capacitación profesional.

En primer término, se establece un requisito previo para el acceso. Para la realización del curso se deberá estar en posesión de un título universitario que acredite las competencias jurídicas que expresamente se determinan y que se consideran adquiridas por los licenciados o graduados en Derecho.

Los planes de estudio de los cursos formativos deberán comprender 60 créditos ECTS dirigidos a proporcionar las competencias profesionales necesarias para el ejercicio de la abogacía y de la procura, conforme a unos estándares de calidad homologables con los países de la Unión Europea. Los cursos podrán ser impartidos:

  • Por universidades públicas o privadas, en el marco de las enseñanzas para la obtención de un título oficial de máster universitario, incluso combinando créditos pertenecientes a distintos planes de estudios de títulos oficiales de postgrado, lo que facilita la especialización.
  • Por escuelas de práctica jurídica creadas por los colegios de abogados y homologadas por el Consejo General de la Abogacía.
  • Conjuntamente por las universidades públicas o privadas y las escuelas de práctica jurídica homologadas por el Consejo General de la Abogacía.

Las prácticas supondrán 30 créditos ECTS adicionales a los de los cursos formativos. Serán tuteladas por abogados o procuradores que hayan ejercido la profesión, al menos durante 5 años, y se desarrollarán, total o parcialmente, en juzgados o tribunales, fiscalías, despachos profesionales, instituciones oficiales o empresas. Además, siempre que las prácticas consistan en actividades propias de la abogacía o de la procura, podrán también desarrollarse en establecimientos policiales, centros penitenciarios o entidades que desarrollan actividades de interés general.

Las evaluaciones para el acceso a la abogacía y para el acceso a la procura serán únicas e idénticas para cada profesión en todo el territorio español e irán dirigidas a comprobar la formación práctica suficiente para el ejercicio profesional. Serán convocadas por los Ministerios de Justicia y Educación con periodicidad mínima anual. En cada comunidad autónoma existirá una comisión evaluadora cuyos integrantes serán designados por los Ministerios de Justicia y de Educación.