No cabe duda que el Poder Ejecutivo está intentando agotar la legislatura, minimizando los daños causados por la crisis económica y su mala gestión para solventar la misma. Para ello, tras el enorme impacto causado por la declaración del estado de alarma y el creciente protagonismo de Rubacalba, este “moribundo” gobierno, conservando hasta el último aliento intenta cerrar el año 2010 impulsando determinadas reformas legales en diferentes marcos normativos que por su importancia vamos, brevemente, a reseñar a continuación.
I.- Anteproyecto de ley de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia, estrictamente necesario para el buen funcionamiento de este servicio público esencial que pretende dar soporte jurídico al paso definitivo de los legajos al expediente digital, de las comunicaciones por correo ordinario a las comunicaciones por correo electrónico , de las autorizaciones escritas a la firma digital y del archivo físico a las bases de datos.
II.- Proyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo que incorpora la Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 23 de abril de 2008, para conseguir una armonización total de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre determinados aspectos del crédito al consumo. Un aspecto destacable es el derecho del consumidor a desistir de un contrato de crédito sin penalización, ni obligación de justificación, a la regulación del reembolso anticipado del crédito, indicando el importe de la compensación al prestamista por sus posibles costes, la posibilidad de someter al arbitraje de consumo los conflictos relacionados con estos contratos, o el establecimiento de obligaciones de los intermediarios de crédito respecto de los consumidores.
III.- Anteproyecto de Ley con medidas para agilizar los procesos civiles y contencioso administrativos que introduce reformas orientadas fundamentalmente a la simplificación y supresión de trámites innecesarios y también a impedir la dilación deliberada del proceso o limitar el uso desproporcionado de instancias judiciales. Para ello, racionaliza los procesos y mejora el sistema de recursos extraordinarios. Las medidas tienen como objetivo principal mejorar la respuesta de juzgados y tribunales dentro del contexto general de reforma de la legislación procesal para lograr una administración de Justicia más ágil, moderna y eficaz.
IV.- El anteproyecto de reforma de la Ley Concursal continuación de la efectuada mediante el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal. Esta reforma se propone normalizar el papel del concurso y que se constituya como un instrumento al servicio de la viabilidad de las empresas y no sólo como fórmula para su liquidación cuando entran en dificultades. La reforma profundiza en la línea de la simplificación, agilización y abaratamiento del proceso de concurso.
Fuente: MJU
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