23 de abril de 2010

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La intervención de los Procuradores en los Actos de Comunicación tras la reforma de la Ley 13/2009





CONSEJO_GENERAL_PROCURADORES La reforma de la legislación procesal operada por Ley 13/2009, de 3 de noviembre, tiene como principal objetivo su adaptación a la nueva oficina judicial y, como señala la propia exposición de motivos, la inclusión de otros objetivos, ya anunciados en el Plan de Transparencia Judicial. Uno de estos otros objetivos es la intervención de los procuradores en los actos de comunicación, tal vez, fundamentada en evitar una hipotética supresión de esta profesión. Esta reforma entra en vigor el próximo día cuatro de mayo de 2009 - salvo el apartado diez del artículo 15, que adiciona un nuevo apartado 3 al artículo 23 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que entró en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (es decir, el 4 de noviembre de 2009).

En primer lugar, cabe señalar que la reforma del artículo 23 de la LEC, relativo al régimen jurídico del Procurador, ciertamente guarda una estrecha relación con la posibilidad de que el mismo pueda llevar válidamente a cabo actos de comunicación (reforma de los artículos 26 y 152 de la LEC, a la que adelante nos referimos). No obstante, no se acaba de comprender ni la necesidad ni mucho menos la urgencia de la adición de un parágrafo tercero al artículo 23 de la LEC, para permitir al Procurador poder comparecer sin necesidad de abogado, cuando lo realice a los simples efectos de oír y recibir actos de comunicación y efectuar comparecencias de carácter no personal de sus representados, en las que no podrá formular solicitud alguna. Tal vez el inconfesado objeto de la reforma consiste en establecer expresamente que es incompatible el ejercicio simultáneo de las profesiones de abogado y procurador, previsión que, en cualquier caso, debería por lógica sistemática haberse ubicado en la regulación que de ambas profesiones efectúan los artículos 542 a 546 de la LOPJ.

Podemos clasificar los actos de comunicación que un órgano judicial puede realizar en el curso de un proceso en actos de comunicación con las partes y en actos de comunicación con organismos, instituciones y personas ajenas al propio proceso.

a.- Actos de comunicación con las partes (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos). En relación a la intervención del procurador en tales actos distinguiremos:

· Actos de comunicación para con la parte a la que representan. Conforme a lo previsto en el art. 152.2 LEC, cuando hubiere de comunicarse el órgano judicial con las partes que estén personadas en el proceso con representación de procurador, los actos de comunicación se efectuarán a través de éste. Es por esta circunstancia que, entre las obligaciones que contrae el procurador al aceptar poder, el art. 26 LEC contempla la de tener al poderdante y al abogado elegido por éste (o designado por turno) siempre al corriente del curso del asunto que se le hubiere confiado, pasando al segundo copias de todas las resoluciones que se le notifiquen y de los escritos y documentos que le sean trasladados por el tribunal o por los procuradores de las demás partes. En relación al abogado está también obligado a transmitirle los documentos, antecedentes o instrucciones que se le remitan o pueda adquirir.

Precisamente por ello, el procurador, conforme a lo dispuesto en el art. 28 LEC, oirá y firmará los emplazamientos, citaciones, requerimientos y notificaciones de todas clases, incluso las de sentencias que se refieran a su parte, durante el curso del asunto y hasta que quede ejecutada la sentencia, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniere en ellas directamente el poderdante sin que le sea lícito pedir que se entiendan con éste.

· Actos de comunicación para con la parte contraria. El art. 152 LEC presenta nueva redacción tras la reciente reforma, al disponer que los actos de comunicación, realizados bajo la dirección del secretario judicial, se ejecutarán por:

· Los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial (cuyos análisis vamos a relegar a un futuro próximo, aunque es conveniente dejar apuntado los innumerables problemas de carácter administrativo que va a provocar, sobre todo en los Servicios de Actos de Comunicaciones y Embargos).

· El procurador de la parte que así lo solicite, a su costa.

Con ello, se ha roto con la tradición en nuestro ordenamiento procesal de mantener el monopolio de las comunicaciones del órgano judicial a las partes entre el personal al servicio de la Administración de Justicia. Ahora el procurador podrá intervenir en el diligenciamiento del acto de comunicación de modo directo, es decir, actuando como agente comunicador. El acto de comunicación se tiene por válidamente realizado en cuanto quede constancia suficiente de haber sido practicados en la persona o en el domicilio del destinatario. A tales efectos, añade el art. 152 LEC, que “el procurador acreditará, bajo su responsabilidad, la identidad y condición del receptor del acto de comunicación, cuidando de que en la copia quede constancia de su firma y de la fecha en que se realice”.

Conforme al reformado art. 161 LEC, la comunicación por medio de entrega de copia de la resolución o de cédula se documenta por medio de diligencia que debe

firmar el funcionario o, en su caso, el procurador que la efectúe y por la persona a quien se haga, cuyo nombre se hará constar. Ese mismo precepto prevé la eventualidad de que el destinatario de la comunicación fuere hallado en el domicilio y se niegue a recibir la copia de la resolución o la cédula o no quiera firmar la diligencia acreditativa de la entrega. En tal caso el funcionario, o bien el procurador que hubiere asumido su práctica, le hará saber que la copia de la resolución o la cédula queda a su disposición en la oficina judicial, produciéndose los efectos de la comunicación, de todo lo cual quedará constancia en la diligencia.

El procurador deberá auxiliarse por dos testigos (extremo que parece revitalizar la administración de justicia decimonónica) o cualquier otro medio idóneo (cabe pensar en cámaras de grabación de video, fotográficas …) en los actos de comunicación que hubiere realizado cuando se dé en ellos alguna de las siguientes circunstancias:

· Que el destinatario se negare a firmar.

· Si no los hubiera podido entregar a su destinatario por haberse negado éste a recibirla.

· Si se hubiere practicado con el empleado, familiar o persona con la que conviva, mayor de 14 años, que se encuentre en ese lugar, o con el conserje de la finca.

· Pero el art. 152 LEC no sólo prevé la práctica del acto de comunicación mediante entrega directa de copia de la resolución o cédula, sino que además contempla la posibilidad de remisión de lo que haya de comunicarse mediante correo, telegrama o cualquier otro medio técnico que permita dejar en los autos constancia fehaciente de la recepción, de su fecha y del contenido de lo comunicado.

A este respecto, el art. 160 LEC señala que cuando proceda la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por alguno de estos medios el secretario judicial dará fe en los autos de la remisión y del contenido de lo remitido, y unirá a aquéllos, en su caso, el acuse de recibo o el medio a través del cual quede constancia de la recepción “o la documentación aportada por el procurador que así lo acredite, de haber procedido éste a la comunicación”. De ello se desprende que la remisión de la copia de la resolución o de la cédula por estos medios puede hacerse por el procurador de la parte interesada.

b.- Actos de comunicación con organismos, instituciones y personas ajenas al propio proceso (solicitudes de cooperación judicial o exhortos, mandamientos, oficios)

La reforma operada por Ley 13/2009 ha afectado también al art. 26 LEC, disponiendo que, una vez aceptado el poder, el procurador vendrá obligado también “a la realización de los actos de comunicación y otros actos de cooperación con la Administración de Justicia que su representado le solicite, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales”.

Cuando hubieren de practicarse actuaciones fuera del ámbito territorial de actuación del órgano judicial que los hubiere ordenado, deberá hacerse mediante auxilio judicial, que prestará el que correspondiere al lugar en que el destinatario se hallare. Deberá acompañarse al despacho la copia o cédula correspondiente y lo demás que en cada caso proceda. También podrán ser realizados estos actos, a instancia de parte, por procurador legalmente habilitado para actuar ante el órgano exhortado, encargándose de su cumplimiento en los mismos términos y plazos establecidos en el párrafo anterior (art. 165 LEC).

También al hablar del diligenciamiento de mandamientos y oficios se prevé en el art. 167 LEC que, aunque unos y otros pueden ser remitidos directamente por el secretario judicial que los expida, las partes podrán encargarse personalmente de ello. Ese mismo precepto añade que, en todo caso, la parte a cuya instancia se hubieren librado deberán satisfacer los gastos que requiera el cumplimiento de tales despachos. Pese a lo anterior, y conforme a lo previsto en el art. 243.2 LEC, la parte que hubiere corrido con tales gastos no podrá incluirlos en la tasación de costas, para repercutirlos en quien hubiere sido condenado a su pago.

Por lo que respecta a las responsabilidades que el procurador asume con la gestión de tales despachos, el art. 168.2. LEC dispone que el procurador que incurriere en dolo, negligencia o morosidad en los actos de comunicación cuya práctica haya asumido o no respetare alguna de las formalidades legales establecidas, causando perjuicio a tercero, será responsable de los daños y perjuicios ocasionados y podrá ser sancionado conforme a lo dispuesto en las normas legales o estatutarias. La redacción de este precepto ha sufrido una modificación tras la reciente reforma por Ley 13/2009, incorporando la “negligencia” como uno de los comportamientos del procurador generadores de responsabilidad. Con ello se ha pretendido ampliar las obligaciones de estos profesionales más allá del comportamiento o actitud dolosa ya prevista en la anterior redacción, previendo también la responsabilidad del procurador por la desatención culpable en el cumplimiento de sus obligaciones como portador del despacho.

En fin, que el tiempo será fiel testigo del resultado de esta reforma orientada a la implantación de la nueva oficina judicial, que en la actualidad únicamente figura sobre el papel, y cuya demora sólo puede tener como causa razones puramente políticas y presupuestarias.

Fuentes consultadas

3 comentarios:

  1. Buena publicación. Y le hago dos observaciones: a) la intervención de testigos en el acto de comunicación planterá problemas porque estos deberán ser imparciales y, terminarán solicitando una remuneración y b) soy especialmente cauteloso con las innovaciones en "papel", la reforma del 2000 permitió a los Procuradores crear "Depósitos" y me parece que funcionan dos (LA CORUÑA y MADRID).

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  2. Gracias por el comentario. Efectivamente estoy completamente de acuerdo. La reforma de la oficina judicial se encuentra profundamente paralizada por motivos políticos, mientras que las reformas anticipada de las leyes no aportan ninguna solución y sí mucha incertidumbre a los ciudadanos y a los funcionarios. Pero, así están las cosas. Un saludo.

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  3. Me parece muy interesante esta nueva función del procurador, cada vez nos estamos asimilando más a otros países, donde el procurador realiza los actos de comunicación y permiten desatascar los juzgados...

    Te mando este enlace donde hemos publicado un post acerca de los actos de comunicación.

    http://derechobancario.es/index.php/79-procesal-y-concursal/166-los-actos-de-comunicacion-realizados-por-procurador

    Enhorabuena por el blog.

    Saludos

    derechobancario

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