25 de marzo de 2010

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La exoneración de la responsabilidad contractual: caso fortuito y fuerza mayor





En términos generales, el incumplimiento de una obligación equivale a no llevar a cabo la prestación debida. O, dicho de otra forma, esta afirmación pone de manifiesto que la conducta debida por el deudor ha de adecuarse perfecta y completamente a la ejecución de la prestación. No obstante, adoptando una visión mucho más amplia, el incumplimiento de una obligación puede tener lugar tanto en caso de una falta absoluta de ejecución de la prestación debida, cuanto en caso de una ejecución inexacta de la misma.

El Código Civil parte de la base de que cualquier contravención de una relación obligatoria será considerada como falta de cumplimiento y, por tanto, dará lugar al resarcimiento o indemnización de los daños y perjuicios caudados al acreedor. En este sentido, establece el artículo 1101 del CC que: ”quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren el tenor de aquéllas”. Es decir, que conocedor el legislador civilista de la casuística que caracteriza al cumplimiento de las obligaciones, se limitan a establecer los criterios de imputabilidad del incumplimiento del deudor.

Por tanto, es nuestro deseo que quede perfectamente clara y diáfana la tesis expuesta por esta norma sustantiva, caracterizada por considerar cualquier contravención de una obligación como una causa de incumplimiento – con independencia del origen, intensidad o gravedad de la misma. Resaltando que lo verdaderamente relevante, a estos efectos, es averiguar la responsabilidad del deudor por el mero hecho objetivo de la insatisfacción del acreedor o, por el contrario, pueden existir determinados supuestos en los que la falta de cumplimiento no es imputable directamente al deudor y, por ello, resulta ser inimputable o falto de responsabilidad.

Es ciertas ocasiones, el deudor no puede ser considerado responsable de la ausencia de cumplimiento de la prestación debida por haberse tenido ésta su origen en el nacimiento de determinadas circunstancias insuperables para el deudor. En este sentido dispone el artículo 1105 del Código Civil que: “fuera de los casos expresamente mencionados en la Ley y de los en que así lo declare la obligación, nadie responderá de aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, fueran inevitables.” Con la alusión de estas determinadas circunstancias insuperables nos estamos refiriendo al caso fortuito y a la fuerza mayor.

Ahora bien, a tenor del espíritu que se desprende de esta norma, resulta obligatorio señalar que estas circunstancias insuperables actúan como supuestos verdaderamente excepcionales y que en la mayoría de los supuestos de incumplimiento de una obligación el deudor será responsable del mismo y, en particular, cuando haya incurrido en dolo, culpa o mora, idea que queda taxativamente plasmada en el referido - ut supra - artículo 1101 del Código Civil.

En efecto, el artículo 1105 del CC establece que las causas de exoneración de la responsabilidad ante el advenimiento de hechos imprevistos y/o inevitables que la totalidad de la doctrina y la jurisprudencia identifican con el caso fortuito y la fuerza mayor. A prima facie, puede resultar sorprendente que el citado precepto no utilice en su redacción estos términos o conceptos, cuyo conocimiento se remontan a los tiempos del Derecho Romano y, sí recurra a la perífrasis expuesta. Este tema plantea la cuestión de determinar la igualdad o analogía entre los supuestos de caso fortuito y fuerza mayor, de una parte, y de otra, desentrañar el sentido de tales sucesos o eventos, dónde la jurisprudencia de nuestro alto tribunal juega un papel esencial mediante su labor de interpretación de las normas.

Ahora bien, antes de continuar desarrollando esta cuestión, conviene precisar que tales términos – caso fortuito y fuerza mayor -, no son, en absoluto, ajenos o extraños a nuestro Código. Esta norma utiliza en repetidas ocasiones estas expresiones a lo largo de su articulado, bien aislada o conjuntamente. Por ejemplo, se refiere al término caso fortuito en los artículos 1136, 1183, 1744, 1745 y 1836 y a la fuerza mayor en los artículos 457,1777, 17847, 1905 y 1908.3. En otros casos, utiliza ambas expresiones, refiriéndose a ellas de forma conjunta – artículos 1602 y 1625. Finalmente, en el artículo 1575 - en sede de arrendamiento de fincas rústicas -, contrapone a los “casos fortuitos ordinarios” los “casos fortuitos extraordinarios” que, habría que identificar, seguramente, con aquellos casos de fuerza mayor.

El deslinde entre ambas causas ha sido siempre un proceso complejo. La doctrina ha venido establecido como criterios distintivos el origen del evento y la previsibilidad o evitabilidad del mismo. Según el primer criterio – identificándolo con los hechos naturales -, los sucesos provenientes de la naturaleza debían de ser calificados como casos fortuitos (terremotos, maremotos, huracanes…) y los que tuvieran su origen en la actuación humana – hechos humanos -, como las guerras o los robos o incendios, debían ser calificados como supuestos de fuerza mayor. En cuanto al segundo de los criterios – atendiendo al dato de la imprevisibilidad o inevitabilidad -, los sucesos imprevisibles deberían considerarse casos fortuitos, mientras que los hechos inevitables deberían ser calificados como supuestos de fuerza mayor.

Por ello, para evitar cierta polémica el legislador optó por no utilizar ninguna de estas expresiones en el artículo 1105, limitándose a disponer que el deudor quedaría exonerado de responsabilidad en el supuesto de que el incumplimiento de la obligación tuviera como causa sucesos tantos imprevisibles como inevitables.

En consecuencia, parece acertado concluir que ambas causas pueden considerarse coincidentes – pero diferentes -, y describen aquellos hechos o circunstancias que, siendo absolutamente ajenas a la voluntad del deudor, permiten exonerar de responsabilidad al mismo, pese haber incumplido la obligación. Este es el sentido que inspira la tesis propuesta por la doctrina jurisprudencial plasmada – entre otras -, en la STS de 6 de marzo de 2003, Sala de lo Contencioso-Administrativo, siendo Ponente: D. José Manuel Sieira Míguez.

“como ha establecido esta Sala, por todas sentencia de 31 de mayo de 1999, (…) y en esto se muestran hoy coincidentes la doctrina científica y la jurisprudencia, que fuerza mayor y caso fortuito son unidades jurídicas diferentes: a) En el caso fortuito hay indeterminación e interioridad; indeterminación porque la causa productora del daño es desconocida (o por decirlo con palabras de la doctrina francesa: "falta de servicio que se ignora"); interioridad, además, del evento en relación con la organización en cuyo seno se produjo el daño, y ello porque está directamente conectado al funcionamiento mismo de la organización. En este sentido, entre otras, la STS de 11 de diciembre de 1974: "evento interno intrínseco, inscrito en el funcionamiento de los servicios públicos, producido por la misma naturaleza, por la misma consistencia de sus elementos, con causa desconocida". b) En la fuerza mayor, en cambio, hay determinación irresistible y exterioridad; indeterminación absolutamente irresistible, en primer lugar, es decir aun en el supuesto de que hubiera podido ser prevista; exterioridad, en segundo lugar, lo que es tanto como decir que la causa productora de la lesión ha de ser ajena al servicio y al riesgo que le es propio. En este sentido, por ejemplo, la STS de 23 de mayo de 1986: "Aquellos hechos que, aun siendo previsibles, sean, sin embargo, inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motive sea extraña e independiente del sujeto obligado". En análogo sentido: STS de 19 de abril de 1997 (apelación 1075/1992)”

Acogiéndose a esta doctrina, la jurisprudencia menor – entre otras muchas -, plasmada por la Sentencia de la Sección 3ª de la AP de Tarragona de 14 de enero de 2005 invoca la misma, para sentar el presupuesto objetivo de causalidad de estas causas: la falta de culpa del deudor.

“Respecto al tratamiento del caso fortuito, la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 1988 declaró: "En torno al caso fortuito, tiene declarado esta Sala que el requisito de la previsibilidad es esencial para generar culpa extracontractual, porque la exigencia de prever hay que considerarla en la actividad normal del hombre medio con relación a las circunstancias desde el momento en que no puede estimarse previsible lo que no se manifiesta con constancia de poderlo ser y sin que a ello obste la teoría de la inversión de la carga de la prueba por causa del riesgo en cuanto viene proyectada al daño normalmente previsible por el actuar con algún medio peligroso que también normalmente pueda producirlo y que, en los supuestos en que se produzca esta imprevisibilidad del daño, habrá de entenderse que cesará la obligación de responder, por aplicación del mandato del art. 1105 del Código Civil, entrando en juego el mecanismo del caso fortuito, entendiéndose por tal todo suceso imposible de prever, o que, previsto, sea inevitable y, por tanto realizado sin culpa alguna del agente, por lo que el vínculo de causalidad se produce entre el acontecimiento y el daño, sin que él intervenga como factor apreciable la actividad dolosa o culposa del agente, por lo que, para que tal suceso origine exención de responsabilidad es necesario que sea imprevisible e inevitable, y que, cuando el acaecimiento dañoso fue debido a incumplimiento del deber relevante de previsibilidad, no puede darse la situación de caso fortuito, debido a que con ese actuar, falta la adecuada diligencia por omisión de atención y cuidado requerido con arreglo a las circunstancias del caso, denotando una conducta interfiriente frente al deber de prudencia y cautela exigibles, que como de tal índole es excluyente de la situación de excepción que el indicado art. 1105 establece, al implicar la no situación de imprevisibilidad, insufribilidad o irresistibilidad requeridas al respecto -SS.22 de diciembre de 1981, 11 de noviembre de 1982, 11 de mayo de 1983  y 8 de mayo de 1986)”.

Por otra parte, en idéntico sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de julio de 1988 precisó:

"El último motivo achaca a la sentencia de instancia, con igual amparo procesal que los dos anteriores, infracción por inaplicación del artículo 1105 del Código Civil, en relación con el artículo 306 del Código de Comercio y la doctrina jurisprudencial que acota, debiendo decaer porque el caso fortuito, identificado con la fuerza mayor en el artículo primeramente citado, es todo suceso no culposo imposible de prever, o que previsto sea inevitable, y por tanto realizado sin culpa alguna del agente, por lo que el vínculo de causalidad se produce entre el acontecimiento y el daño, sin que en él intervenga como factor apreciable la actividad dolosa o culposa del agente, de forma que para que tal suceso origine exención de responsabilidad es necesario que sea imprevisible e inevitable". En el caso enjuiciado, es obvio que la tormenta fue muy intensa, por lo que el hecho debe encuadrarse como de fuerza mayor, subsumible en el artículo 1.105 del Código Civil en el caso fortuito, ya que no consta acreditado que la bajante estuviera en mal estado, sino que el hecho se causó de forma exclusiva por la tormenta acaecida en dicho día, ni tampoco puede imputarse responsabilidad en el siniestro por el hecho de que la Comunidad no avisará a los propietarios de dicho piso, ya que es sobradamente conocido que en los edificios que se habitan sólo en determinadas estaciones del año, la comunicación con los vecinos o propietarios de dichos edificios se suele producir en dichos períodos, pero, aún así, tampoco dicha omisión es causa determinante del hecho productor de los daños”

En cuanto a la prueba del caso fortuito y la fuerza mayor, la regla general es que el onus probandi corresponda al deudor que, alegando la existencia de estas causas, pretenda exonerarse del cumplimiento de la obligación. Es decir, que deberá ser el propio deudor quien haya de probar el efectivo acaecimiento de las circunstancias objetivamente insuperables a su capacidad de actuar. Esta carga de la prueba viene implícitamente prevista en el artículo 1214 in fine con la expresión: “incumbe la prueba de la extinción de las obligaciones al que la opone” y permite realizar una interpretación extensiva del artículo 1183 del CC: “Siempre que la cosa se hubiese perdido en poder del deudor, se presumirá que la pérdida ocurrió por su culpa y no por caso fortuito, salvo prueba en contrario (…)”.

Ahora bien, la exoneración de responsabilidad del deudor en los supuestos de concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor, es una regla general establecida en nuestro sistema legal que, obviamente, no tiene carácter absoluto. El referido artículo 1105 del CC explicita que no será de aplicación en los cas expresamente mencionados en la ley y cuando expresamente lo declare la obligación. De esta forma, el legislador permite que las partes de una obligación puedan pactar la pervivencia de la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento, aunque éste se deba a algún supuesto de caso fortuito o fuerza mayor y, por otra parte, establece determinados supuestos legales en los que el deudor no queda exonerado del incumplimiento provocado por sucesos imprevisibles o inevitables.

Comenzado esta exposición por los supuestos legales, parece obvio que el legislador haya dispuesto que en determinados situaciones el deudor responde directa y expresamente en caso de incumplimiento de la obligación, aunque éste traiga su causa del caso fortuito o la fuerza mayor. Estos casos son los siguientes:

  • En el contrato de comodato el comodatario responde siempre por el incumplimiento de su obligación, cuando destina la cosa a un uso distinto de aquél para el que se le prestó o la conserva en su poder más tiempo del convenido (vid. artículo 1744 del CC) y cuando la cosa se le entregó bajo tasación (vid. artículo 1745).
  • Cuando el obligado a entregar una cosa determinada se constituye en mora o se halla comprometido a entregar una misma cosa a dos o más personas diversas, serán de su cuenta los casos fortuitos hasta que se realice la entrega (vid. artículo 1096.3 en relación con el 1182 del CC).
  • Cuando la prestación de hacer resulta legal o físicamente imposible y el deudor hubiese incurrido en mora o culpa, pese a que no lo disponga así expresamente el artículo 1184.
  • Cuando el gestor de negocios ajenos acometa operaciones arriesgadas o posponga el interés del dueño al suyo propio (vid. artículos 1888 y 1891).

Por otra parte, las partes de una obligación se encuentran legitimadas para pactar o estipular expresamente que el deudor responderá incluso cuando el incumplimiento se hace inevitable, por existir un caso fortuito o fuerza mayor. La ausencia de imperatividad del artículo 1105 del CC responde al principio de autonomía privada que rige en nuestro ordenamiento, mas también en la existencia de un modelo contractual típico – el contrato de seguro -, cuya celebración se bascula sobre el acaecimiento de un riesgo – equivalente, en la inmensa mayoría de casos, al caso fortuito o fuerza mayor como origen del daño asegurado.

Ahora bien, para que estas causas de exoneración de la responsabilidad resulten operativas, por aplicación extensiva del artículo 1104.1 del CC, el incumplimiento del deudor debe haberse producido incorporando a su conducta la diligencia debida, es decir, la ausencia de culpa “la omisión de aquella diligencia que exija la naturaleza de la obligación y corresponda a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar” señala el precepto. Este aspecto es importante porque nuestro sistema legal sienta la presunción de culpa en el caso del incumplimiento de una obligación.

Por tanto, y sin profundizar en esta materia, cabe señalar que el grado de diligencia exigible es múltiple y variado, y requiere una determinación ad hoc en cuanto a su aplicación a cualquier supuesto real, sin perjuicio de aplicar supletoriamente la diligencia del bonus paterfamilias proclamada en el párrafo segundo del referido precepto.

Retomando la citada Sentencia de la Sección 3ª de la AP de Tarragona de 14 de enero de 2005, en relación a la exigencia de la diligencia debida señala que:

“A no ser que el agente demuestre haber procedido con la diligencia debida según las circunstancias de lugar y tiempo, demostración que no se logrará  con el mero cumplimiento de las disposiciones reglamentarias, ora exigiendo una diligencia específica más alta que la administrativamente reglamentada, entendiendo que la simple observancia de tales disposiciones no basta para exonerar de responsabilidad cuando las garantías para prever y evitar los daños previsibles y evitables no han ofrecido resultado positivo, criterio jurisprudencial sentado en las sentencias de 20 de Diciembre de 1.982, 29 de Marzo de 1.983, 25 de Abril de 1.983, 27 de Mayo de 1.983, 13 de Diciembre de 1.983, 9 de Marzo de 1.984, 21 de Junio de 1.985, 1 de Octubre de 1.985, 24 de Enero de 1.986, 31 de Enero de 1.986, 2 de Abril de 1.986, 19 de Febrero de 1.987  y 16 de Octubre de 1.989. la doctrina jurisprudencial advirtió con insistencia que el art. 1.902 del Código Civil descansa en un principio culpabilista, no es permitido desconocer que la diligencia requerida comprende no sólo las prevenciones y cuidados reglamentarios, sino además todas las que la prudencia imponga para prevenir el evento dañoso (Sts. del T.S. de 6 de Mayo de 1.983, 13 de Diciembre de 1.983, 13 de Diciembre de 1.984, 19 de Febrero de 1.985 y 21 de Junio de 1.985) con inversión de la carga probatoria operante en este ámbito y, por lo tanto, sentando la presunción de que ha concurrido conducta culposa en el agente en tanto no se demuestre lo contrario y la aplicación, dentro de prudentes pautas, de la responsabilidad basada en el riesgo aunque sin erigirla en fundamento único de la obligación a resarcir, dado que jamás debe olvidarse el principio de responsabilidad por culpa conforme el artículo 1.104 del Código Civil, según declararon las Sentencias del T.S. de 9 de Marzo de 1.984, 15 de Febrero de 1.985, 2 de Abril de 1.986, 24 de Octubre de 1.987, 30 de Mayo de 1.988, 21 de Julio de 1.989, 16 de Octubre de 1.989, 12 de Noviembre de 1.989, 21 de Noviembre de 1.989, 13 de Diciembre de 1.990, 5 de Febrero de 1.991, 19 de Junio de 1.995, 4 de Febrero de 1.997, 13 de Febrero de 1.997, 28 de Abril de 1.997 y 9 de Junio de 1.997, entre otras muchas”.

En conclusión, el caso fortuito y la fuerza Mayor son las únicas excusas que el obligado a dar o a hacer algo en virtud de un contrato puede dar a la otra parte para justificar su incumplimiento o su cumplimiento defectuoso. No se le podrá exigir responsabilidad por los daños y perjuicios que su incumplimiento o cumplimiento defectuoso haya causado pues el derecho las considera excusas razonables. En concreto se trata de sucesos Imprevisibles, o que aún siendo previsibles son inevitables. Para valorar si el suceso que ha afectado al cumplimiento de las obligaciones era imprevisible o inevitable, hay que tener en cuenta la diligencia exigible al obligado por razón de su profesión, conocimientos, experiencia… En la mayoría de los contratos se pacta expresamente – mediante la inclusión de una cláusula-, la responsabilidad del deudor en caso de incumplimiento de la obligación, incluyendo, en un sentido u otro, el caso fortuito o la fuerza mayor.

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