27 de mayo de 2009

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La mala praxis médica





     El derecho fundamental a la salud

     ERRORES MEDICOS El derecho fundamental a la salud viene configurado en la OMS (Organización Mundial de la Salud)  mediante una concepción extensiva, imponiendo a los Estados la obligación de generar condiciones en las cuales todos puedan vivir lo más saludablemente posible. Esas condiciones comprenden la disponibilidad garantizada de servicios de salud, condiciones de trabajo saludables y seguras, vivienda adecuada y alimentos nutritivos.

    El derecho a la salud se encuentra reconocido ampliamente en el ámbito del derecho internacional. Así se encuentra consagrado en numerosos tratados internacionales y regionales de derechos humanos y en las constituciones de países de todo el mundo. Entre otros, en los tratados siguientes:

  • Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966

  • Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979

  • Convención sobre los Derechos del Niño, 1989

  • Carta Social Europea, 1961

  • Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1981

  • Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador), 1988

  • El Reglamento Sanitario Internacional (RSI) que entró en vigor el día 15 de junio de 2007 es un instrumento jurídico internacional de carácter vinculante para 194 países, entre ellos todos los Estados Miembros de la OMS. Tiene por objeto ayudar a la comunidad internacional a prevenir y afrontar riesgos agudos de salud pública susceptibles de atravesar fronteras y amenazar a poblaciones de todo el mundo.

    En la Constitución Española de 1978 se reconoce el derecho a la protección de la salud en el artículo 43, siendo competencia de los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios y establecer los correspondientes derechos y obligaciones. Este artículo ha sido desarrollado por la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, extendiendo la titularidad de este derecho a todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional.

    El contrato de servicios médicos

    La discusión entorno a la naturaleza jurídica de la prestación de servicios sanitarios no resulta nada pacífica, atendiendo a las diferentes posturas que se han venido manteniendo en los diferentes ordenamientos jurídicos. No obstante, la doctrina y jurisprudencia españolas entiende que la relación jurídica mantenida entre el médico y el paciente es la propia de un contrato de arrendamiento de servicio.

    La Jurisprudencia del Tribunal Supremo vino a reconocer la tesis contractual en la sentencia de 7 de noviembre de 1940 al señalar que: "El contrato... molde amplísimo que cobija sin género de duda los servicios superiores y muy calificados de quienes como médicos ejercen las llamadas profesiones y artes liberales.

    Como hemos dicho, la mayoría de la doctrina española coincide en señalar que las relaciones entabladas por estos profesionales en el desempeño de sus actividades son, por regla general, enmarcables dentro de la figura contractual del arrendamiento de servicios que regula el artículo 1544 del Código Civil. Este precepto es del tenor literal siguiente:

    "En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto". O bien un concepto doctrinal que por amplio nos permite mayor contenido: "contrato por el que una de las partes se obliga a desplegar respecto de la otra una determinada actividad polarizada en el trabajo mismo, a cambio de una remuneración proporcional al tiempo, a la cantidad o a la dificultad del trabajo desarrollado".

    El objeto primordial de este contrato es la actuación a través de una serie ordenada de servicios que los médicos (como cualquier otro profesional) se obligan a prestar a cambio de unos honorarios y, por supuesto, conservando aquéllos una absoluta independencia.

    Ahora bien, la doctrina estima que si las partes no configuran expresamente determinado contrato como de obra o como de servicios propiamente dichos, nada obsta en considerar contratos de servicios propiamente dichos aquéllos en los que la tarea del profesional engloba todo el proceso resolutivo de un problema de orden jurídico o médico que apremie al prestador. En tales casos, podemos entender que el profesional se compromete a realizar todo lo que esté a su alcance para solucionar el problema y lograr, de este modo, el fin perseguido por el cliente, pero no a la consecución del resultado que pretende el prestatario.

    La jurisprudencia confirma esta tendencia desde la sentencia de 27 de octubre de 1899, y con el paso del tiempo ratifica esta posición clara y abiertamente en sentencias posteriores que devienen prototípicas como la del 16 de febrero de 1935. En este sentido, vale la pena conocer la del 2 de junio de 1960 cuya elocuencia es patente y preclara al declarar:

    “Según la teoría hoy prevalente en el campo científico, el contrato relativo al ejercicio de una profesión liberal, no es otra cosa que un arrendamiento de servicios, ya que desde el punto de vista de la clasificación jurídica, no puede tenerse en cuenta más que los elementos constitutivos del contrato, y éstos son idénticos así en el que tiene por objeto la prestación de un trabajo material como en aquél cuyo objeto es la prestación intelectual, y aunque de una manera eventual y accesoria puedan ser encomendadas a los abogados gestiones propias del contrato de mandato o poderes de representación, en su esencia los servicios de los letrados como de las demás personas que ejerzan profesiones liberales, no constituyen más que una modalidad del que la tradición jurídica y nuestro Código Civil vienen llamando contrato de arrendamiento de servicios, pues, según dice la Sentencia de 18 de enero de 1941: "el molde amplísimo del contrato de prestación o arrendamiento de servicios cobija sin género de duda, los servicios superiores y muy calificados de quienes, como los médicos, ejercen las llamadas profesiones y artes liberales".

    Derechos y deberes de los médicos y pacientes

    La Ley 41/2002, de 14 noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, establece en su artículo 2 y siguientes que los pacientes tienen derecho a:

  • Decidir libremente, después de recibir la información adecuada, entre las opciones clínicas disponibles.
  • Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informada. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. La información clínica forma parte de todas las actuaciones asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad. El médico responsable del paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la información. Los profesionales que le atiendan durante el proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimiento concreto también serán responsables de informarle. También serán informadas las personas vinculadas a él, por razones familiares o de hecho, en la medida que el paciente lo permita de manera expresa o tácita. Este derecho de información puede limitarse en los casos de necesidades terapeúticas.
  • Toda persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley.
  • Negarse al tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley. Su negativa al tratamiento constará por escrito.
  • Se le faciliten los certificados acreditativos de su estado de salud. Éstos serán gratuitos cuando así lo establezca una disposición legal o reglamentaria.
  • A recibir del centro o servicio sanitario, una vez finalizado el proceso asistencial, un informe de alta con los contenidos mínimos.
  • Y obligación de:

  • Facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria.
  • Por su parte, los médicos tienen la obligación de:

  • Solicitar el previo consentimiento de los pacientes. El consentimiento, que debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada, se hará por escrito en los supuestos previstos en la Ley. El consentimiento será verbal por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en los casos siguientes: intervención quirúrgica, procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasores y, en general, aplicación de procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente. El paciente puede revocar libremente por escrito su consentimiento en cualquier momento.
  • A la correcta prestación de sus técnicas, sino al cumplimiento de los deberes de información y de documentación clínica, y al respeto de las decisiones adoptadas libre y voluntariamente por el paciente.
  • La persona que elabore o tenga acceso a la información y la documentación clínica está obligada a guardar la reserva debida.
  • El deber de cumplimentar los protocolos, registros, informes, estadísticas y demás documentación asistencial o administrativa, que guarden relación con los procesos clínicos en los que intervienen, y los que requieran los centros o servicios de salud competentes y las autoridades sanitarias, comprendidos los relacionados con la investigación médica y la información epidemiológica.
  • La responsabilidad de los médicos. La mala praxis y la lex artis

    Toda profesión debe fundamentarse en los pilares básicos de la ética y la moral. La medicina ha sabido extrapolar, desde antiguo, estos principios éticos a través del denominando Juramento hipocrático. Este Juramento es un acto por el que los médicos juran o prometen ante la sociedad la observancia de unos principios éticos y morales aplicados a su futura profesión y ha dado paso a una versión más actualizada de los de los deberes morales y éticos del médico hacia el paciente con la Declaración de Ginebra.

    Para el desarrollo de estos principios que informan al ejercicio de esta profesión, se ha creado la deontología médica, que puede ser definida como el conjunto de principios y reglas éticas que deben inspirar y guiar la conducta profesional del médico. Los deberes que se imponen obligan a todos los médicos en el ejercicio de su profesión independientemente de la modalidad. En el sitio del Consejo General de Colegios Oficiales de España (CGCOM) nos señalan que a Organización Médica Colegial, como representante de los médicos colegiados de España, asume como uno de sus objetivos prioritarios la promoción y desarrollo de la deontología profesional, y contempla en sus estatutos un Código de Ética y Dentología Médica. El incumplimiento de estos principios constituye falta disciplinaria tipificada en los Estatutos Generales de la Organización Médica Colegial.

    La Mala praxis puede ser definida como la aplicación dañina o imprudente, sin los necesarios cuidados u omisiones culposas, de contenidos teóricos que debe poseer un técnico o profesional, habilitado en la materia de que se trate, que ejerce esas prácticas en forma regular, y que se ha obligado contractualmente, con otra persona, en general a cambio de una remuneración, a prestar sus servicios de manera diligente.

    La mala práctica del ejercicio de la profesión de médico da lugar a la correspondiente responsabilidad por culpa. Excluimos expresamente la intencionalidad o dolo en la conducta anómala del médico, pues el profesional que daña intencionadamente a un enfermo es autor de una acción tipificada como delito y da lugar al nacimiento de la responsabilidad penal, al margen de la civil.

    La culpa en la praxis médica se caracteriza por una falta o defecto en la conducta, en la voluntad o en el intelecto que se pueden materializar en un desatención o descuido al paciente, en la carencia de los conocimientos médicos necesarios o en la técnica aplicable a un caso que tienen como consecuencia un estado de deterioro de la salud del paciente.

    Este estado de deterioro del paciente puede tener su origen en una prescripción inadecuada de los medicamentos o fármacos que por ser contraindicados pueden afectar a la salud del paciente, en la actividad quirúrgica y en la utilización inadecuada del instrumental médico, en el menosprecio de la información facilitada por el paciente. Asimismo, puede deberse a un error en el ejercicio de la medicina, pues recordemos que la medicina es una ciencia en constante evolución y aunque se halla realizado un diagnóstico correcto de la enfermedad, siempre existirá el factor de la reacción individual de cada paciente, variable e imposible de ajustar a normas homogéneas de atención.

    Estos errores en el diagnóstico o en los tratamientos prescritos de curación pueden verse influenciados por la insuficiencia de conocimientos ante una deficiente actualización de los mismos o deberse a la actitud negligente del médico al no procede a buscar todos los elementos indispensables para formular correctamente el diagnóstico o por complejidad del cuadro médico o finalmente por la denominada impericia o falta de preparación, por insuficiencia de los conocimientos que se presuponen o por falta de la praxis o práctica necesaria de los mismos. Tampoco debemos desdeñar la responsabilidad por imprudencia o falta de la debida diligencia o precaución que la ciencia médica hace aconsejable para evitar el riesgo que puede implicar toda actuación médica.

    El año 2008 finalizó con un balance de 12.300 presuntas negligencias médicas, según consta en el balance publicado en la web de Negligencias Médicas. En dicho balance se hace constar que el total de casos recibidos asciende a un total de 12.276 (un descenso de 346 casos menos que en 2007), de los cuales, 508 han sido con resultado de muerte (9 casos menos que en 2008). En este site disponéis del catalogo de derecho de los pacientes, información legal sobre el derecho sanitario y un glosario importante de numerosas sentencias judiciales de condena a clínicas y médicos por mala praxis. Ponen a disposición de todos los interesados este número de teléfono: 91 465 33 22 y esta dirección de correo electrónico defensorpaciente@telefonica.net si queréis denunciar algún caso.

    Asimismo nos ofrecen una serie de consejos sobre cirugía estética, hepatitis C, urgencias, odontología y lista de esperas.

    Por otra parte, el conocimiento por los Juzgados y Tribunales de los casos de responsabilidad profesional de los médicos(frecuentemente motivados por el creciente número de operaciones de cirugía estética) se ve frecuentemente obstaculizado por un exceso de corporativo, auspiciado por los mismos Colegios Profesionales y por la complejidad y coste económico de este tipo de procesos.

    Ahora bien, la determinación de los criterios de fijación de la responsabilidad médica deben ser debidamente objetivizados. El derecho fundamental a la salud no puede garantizar que la asistencia que se presta en el ámbito sanitario vaya a conseguir siempre un resultado favorable para la vida y/o la salud.

    Como hemos mencionado más arriba la responsabilidad médica se caracteriza por ser una obligación de medios o diligencia, debiendo asumir el médico únicamente la obligación de emplear todos los medios que tenga a su disposición, atendiendo a la responsabilidad derivada del ejercicio de su profesión, sin garantizar un resultado final curativo. Por ello, el médico está obligado a emplear todos los medios a su alcance y toda su pericia profesional en el cuidado de la salud, pero sin asegurar un resultado que obviamente, resultará ser incierto.

    En este sentido, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, en su Sentencia de 12 de enero de 2005, fija el criterio siguiente:

    “….la Administración no está obligada a reparar el perjuicio ocasionado a un paciente cuando éste está obligado a soportarlo, pues lo contrario la convertiría en una aseguradora universal de todos los riesgos, lo que no resulta acorde con el significado de la responsabilidad extracontractual, aunque sea objetiva o por el resultado”. Y es que es ya jurisprudencia consolidada, el entender que este planteamiento, llevado hasta sus últimas consecuencias, supondría que cualquier persona, por el simple hecho de someterse a un tratamiento cualquiera que este sea, tendría ya asegurado, por lo menos, una indemnización en el supuesto de que el resultado obtenido no fuera el pretendido”.

Y la STS de 4 abril 2000 declaró:

    "El criterio fundamental para determinar si concurre responsabilidad patrimonial en materia de asistencia sanitaria es el de la adecuación objetiva del servicio prestado, independientemente de que existan o no conductas irregulares por parte de los agentes de la Administración y del buen o mal éxito de los actos terapéuticos, cuyo buen fin no siempre puede quedar asegurado".

    En la STS de 22 diciembre 2001 se afirmó:

    "Cuando del servicio sanitario o médico se trata, el empleo de una técnica correcta es un dato de gran relevancia para decidir si hay o no relación de causalidad entre el funcionamiento del servicio público y el resultado producido, ya que, cuando el acto médico ha sido acorde con el estado del saber, resulta extremadamente complejo deducir si, a pesar de ello, causó el daño o más bien éste obedece a la propia enfermedad o a otras dolencias del paciente".

    Y en la STS de 25 abril 2002 se manifestó:

    "Prestada la asistencia sanitaria con arreglo a la regla de la buena praxis desde el punto de vista científico, la consecuencia de la enfermedad o el padecimiento objeto de atención sanitaria no son imputables a la actuación administrativa y por tanto no pueden tener la consideración de lesiones antijurídicas".

    Para delimitar el concepto de responsabilidad por mala praxis resulta obligado tener en consideración la denominada lex artis, que actuará en consonancia con el criterio de causalidad. Así nuestro Tribunal Supremo en la Sentencia de 11 de marzo de 1991, y definía la lex artis como:

    “…. aquél criterio valorativo de la corrección del concreto acto médico ejecutado por el profesional de la medicina - ciencia o arte médico que tiene en cuenta las específicas características de su autor, de la profesión, la complejidad del acto y la trascendencia vital para el paciente y, en su caso, la influencia de factores endógenos estado e intervención del enfermo, de sus familiares o de la misma organización sanitaria para calificar dicho acto conforme o no a la técnica normal empleada”.     ( Vid. entre otras, STS 10 de octubre de 2000 STS de 4 de abril de 2000).

    La SAN de 27 de noviembre de 2002 declara que:

    (…) el criterio de la “lex artis” es un criterio de normalidad de los profesionales sanitarios que permite valorar la corrección de los actos médicos y que impone al profesional el deber de actuar con arreglo a la diligencia debida “lex artis”. Este criterio es fundamental pues permite delimitar los supuestos en los que verdaderamente puede haber lugar a responsabilidad exigiendo que no sólo exista el elemento de la lesión sino también la infracción de dicha “lex artis”; de exigirse sólo la existencia de la lesión se produciría una consecuencia no querida por el ordenamiento, cual sería la excesiva objetivación de la responsabilidad al poder declararse la responsabilidad con la única exigencia de la existencia de la lesión efectiva sin la exigencia de la demostración de la infracción del criterio de normalidad representado por la “lex artis”.

    Por tanto, de acuerdo con la jurisprudencia, la lex artis debe ser utilizada como criterio delimitador de responsabilidad profesional médica. Así, la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2001 une el concepto de infracción de la misma con el relativo a la antijuricidad (contrariedad a la norma) del daño, y considera que si la intervención de que se trate está indicada y se ha realizado conforme al estado de la ciencia o del saber en el momento de la misma, el resultado dañoso que pueda producirse no es antijurídico, es decir, no es contrario a la norma y por tanto, el paciente tendría obligación de soportarlo.

    En este sentido, en el ámbito administrativo, la propia Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras la reforma introducida por la Ley 4/1999, señala en su artículo 141.1 que:

    “sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que este no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos”.

    Conclusión

    Por otra parte y para finalizar este post, debemos recordar que de conformidad con el artículo 217 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, la carga de la prueba se impone al paciente y no al facultativo. De esta forma, deberá ser el paciente el que debe probar o acreditar la existencia del daño, la relación de causalidad y la violación de la lex artis, tal como nos recuerda la STS de 7 de junio de 2001, en la que se constata que el daño viene producido por una violación de la lex artis, por una inadecuación o incumplimiento de la prestación médica que incumbe al profesional.

    Sin embargo, en otras ocasiones también debemos ser conciente que el daño producido pude deberse a un defecto o insuficiencia o falta de coordinación del servicio público asistencial que abre las puertas de la posible responsabilidad objetiva de la Administración, por un funcionamiento anormal de la misma. El dictamen del Consejo de Estado, de fecha 3 junio 1999, afirmó que:

    "La responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas, y también de la sanitaria, es una responsabilidad de carácter objetivo, es decir, debe apreciarse con independencia de la concurrencia de culpa en el actuar administrativo. Sin embargo, este carácter objetivo (...) no implica que todos los daños producidos en los servicios públicos sanitarios sean indemnizables, pues ello llevaría a configurar la responsabilidad administrativa en estos casos, de forma tan amplia y contraria a los principios que la sustentan, que supondría una desnaturalización de la institución. Así pues, de acuerdo con dicha doctrina, para apreciar la existencia de responsabilidad patrimonial es preciso acudir a parámetros como la lex artis, de modo que tan sólo en caso de una infracción de esta ley cabrá imputar a la Administración de la cual dependen los servicios sanitarios la responsabilidad por los perjuicios causados. En el caso de que no se infrinja la lex artis, ha de concluirse que tales perjuicios no son imputables a la Administración y han de ser soportados por el particular sin que generen, en modo alguno, el derecho a percibir una indemnización".

    Fuente consultadas:

  • Ministerio de Sanidad y Consumo

  • Negligencias Médicas

  • Consejo General de Colegios Oficiales de España

  • Colegio Oficial de Médicos de Madrid

Foto: http://drgoliamiguel.blogspot.com

 

3 comentarios:

  1. La vueltas de Internet, te encontré a traves de Bitacoras.com, luego me ha gustado mucho tu post, y al pie del mismo tienes citado que la foto es de mi blog, Dr. Golia blogspot. Pues muchas gracias. Te dejo un abrazo.

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  2. Hla maría Rosa. Al César lo que es del César. Un saludo.

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  3. Si el negocio ¿sanitario? trabajara por la salud, estaría trabajando para quedarse sin negocio. Cada vez mas gente se da cuenta que el sistema se alimenta de enfermos que justifiquen movimientos de dinero, cuanto mas grandes mejor, en esto se basa el mantenimiento de enfermos crónicos y el no diagnostico de las causales sobretodo intoxicaciones crónicas por venenos aprobados para consumo. es mas fácil conseguir del sistema un tratamiento de miles de euros para tratamiento de cáncer o de ¿HIV? sida que un simple test de metales pesados que delatarían venenos ambientales, alimenticios y "sanitarios" como es el caso del mercurio dental (amalgamas de "plata") y darían lugar a un efectivo y barato tratamiento curativo... y así es, nadie trabaja para quedarse sin trabajo, el sistema amalgamado químico-político.medico no es la excepción.

    El crimen organizado no es solo la eta o el islam.
    .

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