7 de abril de 2009

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La naturalización por residencia y la doble nacionalidad





Resumen.- La nacionalidad derivativa puede definirse como aquellos procedimientos legales que permiten la adquisición de la nacionalidad española a personas que originariamente tienen otra distinta o que carecen de ella. Nuestro Código Civil establece tres procedimientos diferentes para estos supuestos: la declaración de opción atribuida a aquellas personas que guardan una estrecha relación con España y, careciendo inicialmente de los requisitos legales necesarios para ostentar la nacionalidad española de origen, pueden optar por la misma cuando se produzca un hecho futuro y propio de adquisición de la nacionalidad. La carta de naturaleza es un procedimiento excepcional y discrecional de atribución de la nacionalidad española por el Poder Ejecutivo mediante Real Decreto. Y, por último, por la residencia continuada y efectiva de cualquier extranjero en España. Una de las causas de la naturalización por residencia es la denominada doble nacionalidad. A conocer un poco más esta forma de adquisición de la nacionalidad española dedicamos este artículo.

I.- La naturalización por residencia

En líneas generales es común a todos los ordenamientos jurídicos que la adquisición de la naturalización por residencia constituya el supuesto normal de adquisición de la nacionalidad, en unión, tal vez, del régimen de los apátridas.

La residencia continuada y efectiva de cualquier persona extranjera en España, cuando se ve acompañada de la correspondiente solicitud de otorgamiento de la nacionalidad española, se presume como una verdadera integración del interesado en la comunidad nacional que, por tanto, debe excluir cualquier decisión discrecional del Poder Ejecutivo, en contra de lo dispuesto en el artículo 21.1 del CC para la carta de naturaleza.

El elemento principal que se debe tener en consideración es el período de residencia que faculta para solicitar la concesión de la nacionalidad española. A tal efecto, dispone el apartado 3 del artículo 22 del CC que, en todo caso, la residencia habrá de ser legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición.

En cuanto a la concesión de los plazos, la regulación establecida en el Código Civil es extremadamente casuística y se encuentra en los apartados 1 y 2 del artículo 22. Estos plazos podemos agruparlos en las categorías siguientes:

  1. Residencia decenal.- Para la concesión de la nacionalidad por residencia se requiere que ésta haya durado diez años.
  1. Residencia quinquenal.- Serán suficientes cinco años para los que hayan obtenido la condición de refugiado.
  1. Residencia bianual.- Bastarán dos años cuando se trate de nacionales de origen de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes.

Residencia anual.- Bastará el tiempo de residencia de un año en estos supuestos:

  • El que haya nacido en territorio español.
  • El que no haya ejercitado oportunamente la facultad de optar.
  • El que haya estado sujeto legalmente a la tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años consecutivos, incluso si continuare en esta situación en el momento de la solicitud.
  • El que al tiempo de la solicitud llevare un año casado con español o española y no estuviere separado legalmente o de hecho.
  • El viudo o viuda de española o español, si a la muerte del cónyuge no existiera separación legal o de hecho.
  • El nacido fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles.

La residencia continuada durante los períodos anteriormente reseñados, no son por si mismos, causa de atribución de la nacionalidad española. Estos plazos son sólo uno de los presupuestos necesarios para la concesión de la misma. Así el propio artículo 21.2 del CC advierte que la concesión podrá denegarla el Ministro de Justicia por motivos razonados de orden público o de interés nacional. Por otra parte, el artículo 22.4 exige que el interesado en obtener la nacionalidad por residencia deberá justificar, en el expediente regulado por la legislación del Registro Civil, buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española.

En vista de esta regulación, parece razonable pensar que la concesión de la nacionalidad española por residencia no es proceso automático, sino que exige un juicio razonado por parte del Poder Ejecutivo, una vez acreditados por el solicitante los requisitos materiales de su inserción en la comunidad nacional.

Igualmente resulta ocioso señalar que los requisitos exigidos de buena conducta cívica y suficiente grado de integración en la sociedad española, son conceptos jurídicamente indeterminados, de difícil valoración en abstracto. El examen del cumplimiento de los mismos debe realizarse de forma completamente casuística, es decir, analizando caso por caso, quedando obligado el Ministerio de Justicia a su aprobación, siempre que no existan razones de orden público o de interés nacional que la impidan. Justamente por este motivo, el artículo 22 cierra estableciendo en el apartado 5 que: la concesión o denegación de la nacionalidad por residencia deja a salvo la vía judicial contencioso-administrativa. Es decir, que el peticionario de una solicitud de naturalización por residencia que crea que cumple con los requisitos legalmente establecidos, puede acudir a la vía judicial para que, mediante la oportuna sentencia, se establezca si realmente la naturalización es procedente o no.

El artículo 21.3 del CC regula que personas se encuentran legitimadas para solicitar la naturalización por residencia. En este sentido pueden ser peticionarios:

  • · El interesado emancipado o mayor de dieciocho años-
  • · El mayor de catorce años asistido por su representante legal.
  • · El representante legal del menor de catorce años.
  • · El representante legal del incapacitado o el incapacita do, por sí solo o debidamente asistido, según resulte de la sentencia de incapacitación. En este caso y en el anterior, el representante legal sólo podrá formular la solicitud si previamente ha obtenido la autorización del encargado del Registro Civil del domicilio del declarante, previo dictamen del Ministerio Fiscal. Dicha autorización se concederá siempre en interés del menor o incapaz.

Tampoco conviene olvidar que las concesiones por residencia caducan a los ciento ochenta días siguientes a su notificación, si en este plazo no comparece el interesado ante funcionario competente para cumplir los requisitos que establece el artículos 23 y que son los siguientes:

  • · Que el mayor de catorce años y capaz para prestar una declaración por sí jure o prometa fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes.
  • · Que la misma persona declare que renuncia a su anterior nacionalidad. Quedan a salvo de este requisito los naturales de los países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal.
  • · Que la adquisición se inscriba en el Registro Civil español.

II.- La doble nacionalidad

Resulta incuestionable la existencia de especiales y históricos lazos de índole cultural y de mestizaje entre los ciudadanos de España y los nacionales de otros países. Esta mezcolanza histórica ha tenido profundas consecuencias en la actual regulación del Código Civil en materia de nacionalidad. De esta forma, como hemos visto más arriba, de conformidad con el artículo 22.1 in fine, únicamente se exige el plazo de dos años de residencia para adquirir la nacionalidad española de aquellas personas originarias de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal o de sefardíes. Dentro de la expresión países iberoamericanos ha que incluir a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Por otra parte, el artículo 24.2 del CC establece que: la adquisición de la nacionalidad de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial o Portugal no es bastante para producir, la pérdida de la nacionalidad española de origen. De conformidad con ello, resulta procedente afirmar que una misma persona puede ostentar, legítima y simultáneamente, dos nacionalidades distintas. Pues bien, a estos supuestos se les denomina, de forma un tanto apresurada, doble nacionalidad, aunque sería más preciso utilizar la expresión doble nacionalidad convencional como afirma el Profesor Fernández Rojas.

Esta idea de la doble nacionalidad de los españoles y de los ciudadanos de estos Estados, tiene su procedencia en el pretérito artículo 24.2 de la Constitución Republicana de 1931, que en sus dos últimos párrafos establecía lo siguiente:

“A base de una reciprocidad internacional efectiva y mediante los requisitos y trámites que fijará una ley, se concederá ciudadanía a los naturales de Portugal y países hispánicos de América, comprendido el Brasil, cuando así lo soliciten y residan en territorio español, sin que pierdan ni modifiquen, su ciudadanía de origen. En estos mismos países, si sus leyes no lo prohíben, aun cuando no reconozcan el derecho de reciprocidad, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.”

La falta de desarrollo legislativo de dicho precepto constitucional y el cambio de régimen político provocado por la guerra civil no consiguieron hacer olvidar esta idea, que fue objeto de un intenso debate doctrinal entre los tratadistas de los años cuarenta y cincuenta, hasta que la doble nacionalidad convencional pasó a formar parte del cuerpo del Código Civil con ocasión de la reforma operada en esta materia, por la Ley de 15 de julio de 1954.

Esta ley instauró el mecanismo de la doble nacionalidad en nuestro sistema legal siempre y cuando existiera un convenio o tratado entre cualquiera de los países iberoamericanos y España. De forma análoga, el artículo 11.3 de la vigente Constitución Española de 1978 autoriza y ratifica lo convenido en dicha norma al señalar que: el Estado Español podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen. Auque, es interesante resaltar el hecho que en la regulación establecida en el Código Civil no se haga mención alguna a dichos tratados o convenios.

España, hasta la fecha, ha firmado doce convenios bilaterales de doble nacionalidad con Chile en 1958, Perú y Paraguay en 1959, Guatemala, Nicaragua y Bolivia en 1961, Ecuador y Costa Rica en 1964, Honduras en 1966, República Dominicana en 1968, Argentina en 1969 y Colombia en 1979.

Como se comprenderá, dado que la nacionalidad es un criterio de atribución de la legislación aplicable a una persona, en términos lógicos resulta imposible que una misma persona quede sometida a regímenes jurídicos nacionales distintos. En este sentido la instrucción de la Dirección de los Registros y del Notariado, de fecha 16 de mayo de 1983 sobre los convenios citados:

“… se parte de la base de que los particulares que se acogen al beneficio de la doble nacionalidad convenida no pueden estar sometidos simultáneamente a las legislaciones de las dos naciones, sino solamente a la de aquella en la que tengan su domicilio.”

Por ello, conviene precisar que cuando hablamos de doble nacionalidad conviene distinguir entre una nacionalidad latente o hibernada y una nacionalidad efectiva, en el caso de que el ciudadano iberoamericano o español que tenga derecho a ello se acoja a cualquiera de los tratados de doble nacionalidad anteriormente señalados. Además, conviene no olvidar que la adquisición de esta nacionalidad efectiva no se alcanza de forma automática, sino que requiere cumplir los requisitos previstos en los tratados de doble nacionalidad o, en su caso, los establecidos por la legislación de la nación de residencia efectiva.

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