22 de diciembre de 2008

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La redacción de una demanda civil- Primera parte





Resumen.- El continuado ejercicio de la praxis jurídica es una excelente herramienta de aprendizaje que tiende a desarrollar y ampliar nuestra experiencia. La habitualidad del profesional del derecho en el manejo del lenguaje jurídico-procesal y las reiteradas acciones de consulta de los textos legales, son factores que propician la obtención de una plena capacidad para redactar un buen escrito de demanda y consiguen refrescar y actualizar los conocimientos jurídicos de esos profesionales.

La demanda es la primera actuación procesal que se inicia con el ejercicio de la acción judicial. El escrito de demanda pone en marcha todos los mecanismos previstos en la ley para garantizar el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 24 de la Constitución Española.

El objetivo de este artículo es lograr capacitar a todos los lectores para que puedan redactar un escrito de demanda civil. Es cierto que, tanto en soportes de papel como en soportes digitales pueden encontrarse infinidad de formularios procesales (también en este blog se habilitó este servicio de descarga) que sirven de base para desarrollar un buen escrito judicial. Sin embargo, este artículo quiere suplir las carencias que presentan estos formularios e intentar que cualquier persona lega en derecho pueda adquirir los conocimientos básicos necesarios para redactar una demanda civil completa, que pueda ser presentada ante los órganos judiciales pertinentes y no ser rechazada por cuestiones meramente procesales.

Dada la extensión de este trabajo (excesiva incluso para mis propósitos) y habida cuenta de la cercanía de la festividad de Nadal, vamos a dividir el mismo en tres partes, para colmar la semana. Principiaremos por el encabezamiento del escrito. Continuaremos con los antecedentes fácticos y la argumentación jurídica y finalizaremos con el petitum y los otrosíes.

I.- La regulación legal del contenido de la demanda

Como cualquier otro escrito, una demanda se compone de una serie de elementos indispensables, que dotan al mismo de cierta coherencia y ordenación: inicio, desarrollo y final. En esencia, un formulario de demanda es un escrito ( no se admite la formal verbal, ni siquiera en el juicio verbal) sui generis que, partiendo de esos elementos básicos, presenta ciertas especialidades en su estructura.

El contenido del escrito de demanda aparece regulado en el artículo 399 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil, en sede del procedimiento ordinario. Asimismo a lo largo del articulado de la ley aparecen algunas menciones a distintos requisitos que se deben observan en la redacción de estos escritos. Así el citado precepto señala que:

“1. El juicio principiará por demanda, en la que, consignados de conformidad con lo que se establece en el artículo 155 los datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el domicilio o residencia en que pueden ser emplazados, se expondrán numerados y separados los hechos y los fundamentos de derecho y se fijará con claridad y precisión lo que se pida.

2. Junto a la designación del actor se hará mención del nombre y apellidos del procurador y del abogado, cuando intervengan.

3. Los hechos se narrarán de forma ordenada y clara con objeto de facilitar su admisión o negación por el demandado al contestar. Con igual orden y claridad se expresarán los documentos, medios e instrumentos que se aporten en relación con los hechos que fundamenten las pretensiones y, finalmente, se formularán, valoraciones o razonamientos sobre éstos, si parecen convenientes para el derecho del litigante.

4. En los fundamentos de derecho, además de los que se refieran al asunto de fondo planteado, se incluirán, con la adecuada separación, las alegaciones que procedan sobre capacidad de las partes, representación de ellas o del procurador, jurisdicción, competencia y clase de juicio en que se deba sustanciar la demanda, así como sobre cualesquiera otros hechos de los que pueda depender la validez del juicio y la procedencia de una sentencia sobre el fondo.

5. En la petición, cuando sean varios los pronunciamientos judiciales que se pretendan, se expresarán con la debida separación. Las peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente.”

La redacción de la demanda debe ser clara, concisa y ordenada, tal como expresa el apartado 3 del artículo 399. Para ello, la demanda debe ser redactada de forma sucinta, desechando la inclusión de cualquier contenido superfluo, innecesario o baladí que pretenda alterar o confundir la percepción de la parte contraria, dificultando o entorpeciendo su legítimo derecho a la defensa. Es importante señalar la observancia de este requisito pues su incumplimiento puede dar lugar a la inadmisión de la demanda. No es dable que un escrito de demanda presente un volumen de cien folios, cuando pueden incluirse todo el desarrollo expositivo necesario en apenas 25. Más adelante ya profundizaremos un poco más en este aspecto.

Un buen escrito de demanda debería de contener los siguientes apartados:

  1. El Encabezamiento.- El encabezamiento es el elemento inicial del escrito que sirve, en primer lugar, para señalar ante que Órgano Judicial se dirige el escrito, para a continuación pasar a reflejar todo el contenido que exige el artículo 399.1 de la Lec.
  2. Los Hechos.- Los antecedentes fácticos deben ser redactados de forma cronológica en el tiempo sin perjuicio del acompañamiento de las valoraciones que se estimen oportunas.
  3. Los Fundamentos de Derecho.- En este apartado se expresa la argumentación jurídica, que puede ser formal o material.
  4. El Petitum.- Es la parte final del escrito, dónde se solicitan las peticiones principal, subsidiarias o alternativas y la de condena en costas.
  5. Los Otrosíes.- El término otrosí proviene, etimológicamente, de la conjunción de los términos latinos Alterum (otro) y Sic (así). La acepción principal es Además y puede ser definido como cada una de las peticiones o pretensiones que se ponen después de la principal (Diccionario RAE)

II.- La estructura de la demanda

A continuación y a lo largo de todo este artículo vamos a desarrollar todos y cada uno de estos apartados. En esta primera parte del trabajo vamos a desarrollar el encabezamiento del escrito de demanda. Al final del mismo incluiremos, a modo de ejemplo, la redacción de un par de ellos. Advirtiendo lo siguiente:

La redacción de un escrito es una actividad personal que depende, en exclusiva de quien escribe. Dejando de lado los parámetros básicos que deben respetarse, la flexibilización es casi un carácter instantáneo de cualquier escrito judicial. Mi consejo es que una vez adoptada una determinada fórmula para la redacción del encabezamiento la utilicemos como modelo para futuros escritos, creando, por ejemplo, una plantilla en nuestro procesador de texto.

  1. El encabezamiento

    • La invocación. El Órgano competente para presentar el escrito

Lo primero que debemos conocer es qué órgano judicial de la jurisdicción civil es competente para el conocimiento, enjuiciamiento y fallo de la acción que pretendamos ejercitar. Es decir, es necesario conocer las reglas de competencia territorial y objetiva para determinar que Juez es competente.

En cuanto a la competencia objetiva la disyuntiva se centra entre la atribución a los Juzgados de Primera Instancia o a los Juzgados de lo Mercantil.

Para determinar la competencia objetiva de estos órganos judiciales debemos de acudir a los artículos 45 y ss. de la Lec y a los artículos 85 y 86-ter (introducido por el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal) de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial., en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Teniendo en cuenta que para que los tribunales civiles tengan competencia en cada caso se requiere que el conocimiento del pleito les esté atribuido por normas con rango de ley y anteriores a la incoación de las actuaciones de que se trate (vid. artículo 44 de la Lec).

Así, los Juzgados de Primera Instancia conocerán en el orden civil:

1. En primera instancia, de los juicios que no vengan atribuidos por esta ley a otros juzgados o tribunales. (norma residual establecida en los artículos 45 de la Lec y 85 de la LOPJ).

2. De los actos de jurisdicción voluntaria en los términos que prevean las leyes.

3. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones de los Juzgados de Paz del partido.

4. De las cuestiones de competencia en materia civil entre los Juzgados de Paz del partido.

5. De las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal.

Y los Juzgados de lo Mercantil conocerán de:

1. De la materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  • Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley Concursal.
  • Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
  • Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
  • Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1.
  • Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.
  • Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

2. Además conocerán de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

· Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

  • Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
  • Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho Marítimo.
  • Las acciones relativas a condiciones generales de la contratación en los casos previstos en la legislación sobre esta materia.
  • Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
  • De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.
  • De los asuntos atribuidos a los Juzgados de Primera Instancia en el artículo 8 de la Ley de Arbitraje cuando vengan referidos a materias contempladas en este apartado.

3. Los juzgados de lo mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales y arbitrales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro juzgado o tribunal.

Asimismo, el artículo 87-bis. apartado 4 de la LOPJ (también introducido por la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal ) establece que:

“Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrán competencia, además, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos números 40/94, del Consejo de la Unión Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extenderán su jurisdicción a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarán Juzgados de Marca Comunitaria.”

En cuanto a la competencia territorial para determinar en concreto el Juzgado de Instancia o Mercantil debemos de acudir a las reglas de competencia establecidas en los artículos 50 y siguientes de la Lec para fijar el lugar de presentación de la demanda (determinar y fijar la CCAA, la provincia y el partido judicial dónde debe radicar el Juzgado).

De conformidad con el artículo 84 de la LOPJ y 15 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial los Juzgados de Primera Instancia tendrán competencia en cada partido judicial. En aquellos partidos judiciales, que por número de habitantes, posean más de un Juzgado de esta clase, la competencia se decidirá por las normas del turno de reparto que suelen ser establecidas por los correspondientes Decanatos.

En cuanto a la creación de estos Juzgados de lo Mercantil se crean en las capitales de provincia con competencia en toda ella o en más de dos provincias o en partidos judiciales. En este sentido puede verse el artículo 86-bis apartados 1, 2 y 3 de la LOPJ y el artículo 19-bis de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcación y de Planta Judicial. (en la redacción dada por la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre). Igualmente en los casos de partidos judiciales con más de un Juzgado de esta clase la competencia se decidirá por las normas establecidas para el turno de reparto fijadas y establecidas por el oportuno Decanato.

El escrito de demanda se presentará ante las oficinas del Decanato de los Juzgados de Primera Instancia del partido judicial del que se trate. Recordar que os sellen debidamente una copia. Tras ello, al Juzgado que por turno le corresponda antes o en el mismo auto de admisión de la demanda estampara la diligencia siguiente:

DILIGENCIA DE PRESENTACIÓN.-

En lugar y fecha.

La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para hacer constar que, se presentó en el Decanato escrito de demanda de … , por el Procurador de los Tribunales D…, en nombre y representación de D…, de lo que paso a dar cuenta; doy fe.

    • La postulación. La intervención del Abogado y el Procurador

La comparecencia en juicio se hará por medio de Procurador legalmente habilitado en los términos del artículo 23 de la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil. Si se tratase de un procedimiento en que no es preceptiva la asistencia de este profesional la demanda se redactara por el propio demandante (artículo 32 de la Lec). En todo caso disponéis de este artículo del blog titulado “La intervención de Abogado y Procurador en la L.E.C.“ para ampliar la información.

En cualquier caso, de conformidad con el artículo 399 de la Lec se ha de señalar la identificación completa del Procurador de los Tribunales, de la dirección letrada y de las partes intervinientes, indicando el número de colegiación de los profesionales del derecho y del Documento Nacional de Identidad para el caso de los particulares.

De conformidad con el artículo 25 de la Lec el poder para pleitos puede ser general o especial. Asimismo el apoderamiento puede realizarse en la Secretaría del Juzgado (apud acta). Para ampliar la información tenéis el artículo publicado en este blog titulado “La figura del Procurador de los Tribunales y su relación con la administración de Justicia. Las distintas formas de apoderamiento

En todo caso, es conveniente conocer que desde la entrada en vigor de la actual Lec se ha venido considerando por los Órganos Judiciales la necesidad de Poder Especial para que pudiese desarrollarse la Vista Previa sin la presencia de las Partes demandante y Demandada. En este sentido, el Acuerdo de Unificación de Criterios de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 23 de septiembre de 2.004 ha considerado que “a los efectos de los dispuesto en el art. 414.2 de la Lec., las facultades que precisa el apoderamiento especial pueden concederse también en el impropiamente denominado Poder general, siempre que conste de forma clara y expresa el apoderamiento para renunciar, transigir o allanarse, sin que quepa entender que la L. E. C. esté exigiendo un apoderamiento ad hoc para un procedimiento concreto. La falta en el Procurador de Poder con las características reseñadas provocará que se le tenga por incomparecido a todos los efectos de la Audiencia Previa”.

La identificación de la parte demandada no es una cuestión pacífica. Cuando no conozcamos los datos identificativos de la parte demandada (vid. artículo 155 de la Lec) deberemos solicitar el correspondiente oficio a la Dirección General de la Policía, al TGSS, a los censos locales, etc.., de conformidad con el artículo 156 de la Lec. En el caso de herencias yacentes o ignorados herederos es conveniente aportar el último domicilio conocido del fallecido.

En todo caso, se deberá identificar convenientemente a la parte demandada, aportando su nombre y apellidos, D.N.I, domicilio y ciudad, etc.. Si la parte demandada no tuviera la capacidad procesal suficiente se deberá expresar los nombres y la identificación de sus representantes legales y/o de aquéllos que, en su caso, deban de completar su capacidad.

    • La identificación de la acción

Tras la identificación de las partes se indica el objeto de nuestra pretensión, con el fin que el Juzgador no tenga ninguna duda acerca de la misma. Así se señalará la acción que se ejercita (de reclamación, de desahucio, etc…).

El Estado con el objetivo de proveer la resolución de los conflictos, establece unos órganos (Tribunales) que sólo pueden actuar, mediante el ejercicio de la potestad jurisdiccional, a instancia de un tercero que solicita su intervención. Esta solicitud se manifiesta mediante el ejercicio de la acción, sobre todo desde la óptica del derecho privado, que no es otra cosa que un instrumento en manos de un sujeto para proveer la defensa de un derecho a través de esta tutela jurisdiccional.

En resumen, que el ordenamiento jurídico prohíbe la autotutela y establece la correlativa asunción por el Estado del monopolio jurisdiccional y la defensa de los derechos.

Junto a la acción es conveniente señalar las solicitudes de Prueba Anticipada, de adopción de Medidas Cautelares, de realización de Oficios de averiguación de domicilio y cuantas pretensiones hayan de resolverse de modo previo. Ellas se solicitan mediante Otrosíes, al final del escrito de demanda, si bien, al avanzarlo en la primera página de nuestra demanda facilitamos la labor del Juzgado en los trámites previos a su admisión a trámite.

    • Redacción del encabezamiento

AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA N.º … DE ….

a) Asistido de Procurador

D… Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de D… (nombre y apellidos de la parte), según la escritura de poder que debidamente bastanteada se acompaña (o mediante comparecencia “apud acta”), ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE:

Que mediante el presente escrito paso a formular escrito de demanda de … (especificar la clase de demanda) en el ejercicio de la acción de … (especificar la clase de acción.) contra D. … (datos identificativos de la parte demanda) en base a los hechos y fundamentos siguientes: (…)

b) Sin la asistencia del Procurador

D…, mayor de edad, con Documento Nacional de Identidad número ...... y domicilio a efecto de notificaciones en ...................., calle de ...................... número ......., ante el Juzgado comparece y, como mejor proceda en derecho, DICE: (igual que el anterior).

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