8 de septiembre de 2008

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El deber de conocer o desconocer las leyes.





a) La Ignorancia de la Ley no excusa de su cumplimiento.

En términos generales, los destinatarios de las normas jurídicas son todas las personas integrantes de la comunidad que forma parte de este país, posean o no la nacionalidad española. Es decir, con carácter general, las normas vinculan y deben ser respetadas por todos.

Este deber general de respecto, parece ser que debiera ir precedido de un previo deber de conocimiento de las normas. Difícilmente puede respetarse lo que se ignora. Si embargo, desde el más puro pragmatismo, resulta imposible que una persona puede conocer todo el conjunto de normas integrantes del Ordenamiento Jurídico.

Sin embargo, el razonamiento jurídico no coincide en este caso con el más puro razonamiento lógico. Me explicaré. El artículo 6.1 del Código Civil dice que “la ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento”. Cómo debemos de interpretar esta expresión.

La lógica jurídica expresada en la ratio legis sacrifica el conocimiento de la norma frente a la efectividad del Ordenamiento. El espíritu de la norma debe de prescindir del conocimiento real de las normas jurídicas por sus destinatarios, a fin de que las mismas puedan ser objeto de aplicación. De suerte que no se puede dejar el cumplimiento de las normas al capricho de un sujeto, el cual alegaría de forma arbitraria el desconocimiento de la ley para eludir su deber de cumplir y respetar la misma.

Nuestro sistema jurídico intenta solventar esta cuestión estableciendo una serie de presupuestos objetivos para que pueda producirse la aplicabilidad de las normas. Todas las normas jurídicas están sometidas a su publicidad formal, como establece el artículo 9.3 de la Constitución. Esta publicidad formal se refiere a las normas legales, porque las normas consuetudinarias están suficientemente dotadas de publicidad a través de su reiterada observancia. Esta publicidad se lleva a efecto mediante la inserción de la norma en los correspondientes boletines oficiales (BOE, DOGC, DOCE…). Sin embargo, aunque una persona sea capaz de localizar una norma, seguramente se vera incapaz de interpretar el sentido de la misma. Nuestro sistema jurídico vuelve a ofrecer de nuevo la misma solución a esta cuestión. Esto es, el establecimiento de la regla de la efectividad del ordenamiento jurídico y el deber de cumplimiento de las normas: sea conocido o ignorado su contenido.

En estos términos es como debe interpretarse la expresión que da título a este apartado. No es lícito alegar la ignorancia de una norma, con la pretensión de quedar exonerado del deber de cumplirla.

b) El Principio Iura Novit Curia

Supongo que ha quedado claro que no existe un deber de conocer las normas pero sí existe el deber general de cumplirlas. Sin embargo, muchas personas en razón de la función que desempeñan, sí que tienen el deber de conocer las normas jurídicas. Abogados, Notarios, Jueces…

Respecto a estos últimos, los Jueces y Magistrados, difícilmente pueden aplicar la ley para resolver un caso concreto, mediante la sentencia, si no tienen un conocimiento adecuado y suficiente del ordenamiento jurídico. Por ello, se impone a los Jueces y Magistrados la obligación de dictar sentencia aplicando el ordenamiento jurídico, de conformidad con el sistema de fuentes establecido. En este sentido dispone el artículo 1.7 del Código Civil que dice que “…. Los Jueces y Tribunales tienen el deber inexcusable de resolver en todo caso los asuntos de que conozcan, ateniéndose al sistema de fuentes establecido.”

Por tanto, los Jueces y Tribunales quedan obligados ex lege a dictar sentencia de conformidad con el sistema de fuentes establecido, que de conformidad con el artículo 1.1 del Código Civil son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Para ello, se suele afirmar que tienen el deber de conocer el ordenamiento jurídico. Este deber se formula tradicionalmente bajo el aforismo Iura Novit Curia. Este principio significa que los Jueces deben conocer el ordenamiento con el fin de fallar –dictar sentencia-, cuantos asuntos les sean planteados en el ejercicio de su función jurisdiccional y sin requerir que los Abogados de los litigantes deban facilitar al Juez la información acerca de las normas aplicables al caso. V.gr. Los Abogados no están obligados a fundamentar jurídicamente sus escritos de demanda, aunque, desde luego, es una práctica aconsejable y rara vez no asumida en la práctica forense.

La excepcionalidad de este principio viene de parte de las normas consuetudinarias o costumbres. Las normas del Derecho Consuetudinario deben ser alegadas y probadas por el litigante que pretenda su aplicación al caso. Lo mismo ocurre con el Derecho Internacional, excluyendo al Derecho Comunitario. Así lo afirma el último párrafo del artículo 12 del Código Civil al señalar que “La persona que invoque el derecho extranjero deberá acreditar su contenido y vigencia por los medios de prueba admitidos en la ley española. Sin embargo, para su aplicación, el juzgador podrá valerse además de cuantos instrumentos de averiguación considere necesarios, dictando al efecto las providencias oportunas.”

Este deber de conocimiento del Ordenamiento Jurídico por parte de los Jueces y Tribunales no es óbice para que pueda extenderse a otros Profesionales del Derecho. Cualquier profesional del Derecho puede incurrir en responsabilidad si por ignorancia, negligencia o descuido desempeña sus funciones de forma tal que su desconocimiento de las leyes provoque un daño a un tercero o dé lugar a una aplicación del Derecho, que sea contraria al Ordenamiento Jurídico. Los Notarios, Abogados, Registradores, Fiscales… quedan sometidos, dentro del ámbito de sus funciones, al conocimiento de las leyes como regla fundamental de la denominada Lex Artis, de la que ya tendremos tiempo de tratar más adelante.

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