14 de agosto de 2008

// // Dejar un Comentario

La Jurisdicción Voluntaria





Los actos de Jurisdicción Voluntaria se caracteriza por la ausencia de contradicción y, por tanto, el carácter no litigioso de los expedientes. Por ello, la resolución que se dicte no produce los efectos de "cosa juzgada", puesto que en muchos de los supuestos se prescindirá de la intervención judicial y, en los que intervenga lo hará desprovisto de su potestad jurisdiccional, ya que precisamente, en el momento en que se ejercite oposición por parte interesada, el expediente se tornará contencioso. La Jurisdicción Voluntaria no está encomendada solamente a los órganos titulares de la jurisdicción (los Tribunales), sino a otros funcionarios públicos: Notarios, Registradores, Cónsules y otros encargados de Registros públicos. Así pues, hay dos tipos de actos o negocios de Jurisdicción Voluntaria: los encomendados a los Jueces, y los encomendados a órganos no judiciales. En este artículos vamos a tratar de analizar someramente los primeros; es decir, los actos de Jurisdicción Voluntaria encomendados a los Jueces.

La normativa aplicable en la materia sigue siendo en el plano sustantivo el Libro I del Código Civil, y procesalmente sigue estando vigente el Libro III de la LEC de 1881, cuya vigencia fue prorrogada, hasta la entrada en vigor de la futura Ley sobre Jurisdicción Voluntaria, mediante la excepción 1ª prevista en el apartado primero de la Disposición Derogatoria Única de la Ley 1/2000, de 7 de enero, que aprobó la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil. Con excepción de los artículos expresamente derogados como el 1827, sobre oposición al expediente de adopción, 1880 a 1900 donde se regulaban las medidas provisionales en relación con los procesos matrimoniales, las cuales han sido integradas en la actual LEC. En consecuencia los actos de Jurisdicción Voluntaria se regulan por los artículos 1811 a a 2174 del Libro III de la LEC DE 1881, con las excepciones previstas.

Asimismo, los artículos relativos a la conciliación (art. 11 de la LEC de 1881) y a la declaración de herederos abintestato (sección 2ª del Título IX del Libro II de la LEC 1881), pacíficamente considerada ésta como un expediente de jurisdicción voluntaria -pese a estar dichos preceptos formalmente encuadrados en la regulación de la jurisdicción contenciosa-, siguen vigentes en virtud de la excepción 2ª del mismo apartado, también "hasta la entrada en vigor de la nueva regulación de ambas materias en la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria".

Tampoco han sido objeto de modificación, para acomodarlas a tal posibilidad, las normas referidas a procedimientos de jurisdicción voluntaria dispersas en algunas leyes especiales, tales como la Ley y el Reglamento Hipotecario (por ejemplo, los expedientes de dominio) o la Ley y el Reglamento del Registro Civil.

Hubo un intento de aprobación de la Ley sobre Jurisdicción Voluntaria con la aprobación del proyecto por el gobierno el día 20 de julio de 2006 que, según declaraba el mismo Consejo de Ministros, descargaría de trabajo a los jueces, haciendo recaer una parte de los expedientes en otros funcionarios especializados. En concreto, la normativa regularía los supuestos en los que se solicita la resolución de asuntos del derecho civil o mercantil en los que no exista un conflicto de intereses entre las partes. Con la aprobación de este proyecto, el Gobierno daba cumplimiento a un mandato introducido por la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) de 2000, que imponía la remisión a las Cortes Generales de un proyecto de ley sobre esta materia, pese a que el propio texto estableció el plazo de un año para su tramitación, como hemos apuntado anteriormente.

Sin embargo, el Gobierno anunció en el mes de octubre del año 2007 la retirada del proyecto de Ley sobre la Jurisdicción Voluntaria que hubiera debido debatirse para su aprobación definitiva en el pleno del Senado. En lugar de un año se han cumplido ocho y ahora la aprobación de esta necesaria Ley resulta que se ha dejado para mejor ocasión, como tantas otras cosas en materia de justicia, empezando por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, , o del Tribunal Constitucional, con el consiguiente deterioro de las instituciones constitucionales del Estado de derecho.

La competencia objetiva para conocer de estos actos la tienen los Jueces de Primera Instancia, según dispone el art. 85.2 de la LOPJ. Y la funcional, viene atribuida a la Audiencia Provincial respectiva, según el art. 84.2 de la LOPJ.

En lo referente a la necesidad de contar con Procurador de los Tribunales y Abogado la Disposición Derogatoria Única de la LEC vigente ha dejado en vigor los números 1.º y 5.º del artículo 4 y los números 1.º y 3.º del artículo 10 de la LEC de 1881, por lo que hasta que no exista una nueva regulación podemos considerar que no es preceptiva la intervención del Procurador y sí la del Abogado cuando la cuantía del negocio exceda de 400. 000 pesetas. El Ministerio Fiscal intervendrá y será oído siempre que la solicitud promovida afecte a los intereses públicos o cuando se refieran a una persona o cosa cuya protección competa al Estado. El Ministerio Fiscal emitirá su informe por escrito, previa entrega de los autos -expediente-.

Los actos de Jurisdicción Voluntaria también se diferencian claramente de la Jurisdicción Contenciosa en los puntos siguientes:

Se le pondrán de manifiesto los autos -posibilidad de ver el expediente-, por cualquier persona llamada al mismo siempre que lo acuerde el Juez a su instancia , o a instancia del promotor o de cualquier persona con interés legítimo.

Los documentos presentados y las justificaciones que se ofrecieran se admitirán sin necesidad de solicitud.

Si se suscita oposición a la solicitud que promueve el acto de Jurisdicción Voluntaria se hará contencioso el expediente, sujetándose a las normas del juicio que corresponda según la cuantía.

El Juez podrá variar modificar las providencias –resoluciones judiciales que impulsan el procedimiento sin contener ningún tipo de razonamiento jurídico, sin sujeción a los plazos y formas establecidas para la Jurisdicción Contenciosa.

El recurso de apelación se admitirá siempre en ambos efectos a la persona que hubiere promovido el expediente -no cabe la posibilidad de ejecución provisional, salvo en el caso que el recurso lo interponga un tercero venido al expediente, o que hubieran sido llamados por el Juez o hubieran comparecido para oponerse a la solicitud en trámite-.

La tramitación de los recursos de apelación se acomodarán a los normas previstas para los incidentes.

Los expedientes de Jurisdicción Voluntaria no serán acumulables a ningún juicio de la Jurisdicción Contenciosa.

En cuanto a la tipología de los actos de Jurisdicción Voluntaria tanto de Derecho Civil como Mercantil, sin ánimos de ser exhaustivos, puede ser la siguiente:

  1. Actos de conciliación.
  2. Declaraciones de herederos.
  3. Informaciones para perpetua memoria y dispensa de ley.
  4. Declaraciones de ausencia y fallecimiento.
  5. Autorizaciones judiciales para los expedientes para gravar o enajenar bienes de quienes están sujetos a patria potestad o tutela, ampliación de gravámenes de estos mismos y transacción de sus derechos.
  6. Subastas judiciales voluntarias.
  7. Expedientes de consignación.
  8. Aceptación de herencia aceptación y repudiación de herencia a beneficio de inventario y derecho a deliberar.
  9. Depósito y reconocimiento de efectos mercantiles.
  10. Embargo y deposito provisional del valor de letras de cambio.
  11. Expedientes en materia de nombramiento de peritos y coadministradores en sociedades colectivas y comanditarias.
  12. Expedientes sobre exhibición o reconocimiento de libros, correspondencia y demás documentos de los empresarios.
  13. Expediente de calificación de averías y liquidación a la gruesa y contribución a ésta.
  14. Enajenación y apoderamiento de efectos comerciales del art. 2161 de la LEC de 1881.
  15. Préstamo a la gruesa y requerimiento al consignatario para el pago de fletes e información judicial a que se refiere la regla 10.ª del artículo 2.161 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  16. Expedientes a que den lugar los casos de queja a que se refieren los artículos 2.168 y 2.169 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1.881, o sobre la información y constancia por avería, arribada forzosa, naufragio o cualquier otro hecho.
  17. Expediente para hacer constar el siniestro, su cuantía y venta de efectos averiados.

0 comentarios:

Publicar un comentario en la entrada


Normas Para Comentar

1.-Utiliza el buscador para encontrar cualquier contenido alojado en el blog. 2.-Todos los comentarios son supervisados por el administrador del blog. 3.-Si quieres preguntar o realizar cualquier consulta en los comentarios, asegúrate que la misma guarda relación con la entrada publicada. 4.-Intentar exponer brevemente la consulta de forma clara y ordenada. 5.-Si prefieres mandar un email, situado en la pestaña contacto, intenta exponer la consulta de forma clara y ordenada y aportando los hechos necesarios para su comprensión. 6.-Queda terminantemente prohibido el uso incorrecto del lenguaje ni el empleo de lenguaje SMS. No escribas con mayúsculas. 7.-Queda terminantemente prohibido el SPAM. Este sitio usa la etiqueta “rel=”nofollow” a todos los enlaces externos. 8.-Si no se cumplen estrictamente estas normas el comentario será ignorado y/o borrado. Respetando estas normas ganamos todos, conseguimos un mayor orden y ayuda para los nuevos visitantes. Gracias por tu comprensión.