21 de agosto de 2008

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El embargo. Especial relevancia del embargo de sueldo y pensiones





Este artículo va a pecar de cierta extensión. Ello es así, fundamentalmente, porque no es conveniente dividir el mismo en una o más parte. En general soy más partidario de los post no excesivamente largos, pero hay ocasiones que se presentan de improviso en las que no tienes capacidad de maniobra. Únicamente señalar que los aspectos prácticos del embargo de los sueldos y pensiones se encuentran en el apartado señalado como “c”, por sí queréis ir directamente ahí.

I.- Consideraciones generales sobre el embargo

La ejecución forzosa dineraria sólo procederá en virtud de un título ejecutivo del que directa o indirectamente resulte el deber de entregar una cantidad de dinero liquida. Para el despacho de la ejecución se considerará líquida toda cantidad de dinero determinada, que se exprese en el título con letras, cifras o guarimos comprensibles. En caso de duda prevalecerá la cifra que conste con letras. La ejecución se despachará por la cantidad que se reclame en la demanda ejecutiva en concepto de principal e intereses ordinarios y moratorios vencidos, y los devengados durante la ejecución y las costas de ésta, que se fijarán provisionalmente sin que pueda exceder del 30 por ciento de la cantidad reclamada, sin perjuicio de ulterior liquidación. No será necesario requerir de pago al ejecutado para proceder al embargo de sus bienes, cuando el título ejecutivo consista en resolución judicial o arbitral o que aprueba transacción o convenio alcanzados dentro del proceso, que obliguen a entregar cantidades determinadas de dinero. Tampoco será necesario el requerimiento de pago cuando a la demanda ejecutiva se acompañe acta notarial que acredite haberse requerido de pago al ejecutado con al menos diez días de antelación.

El embargo se puede definir como la declaración judicial por la que se afectan determinados bienes o derechos de contenido o valor económico, para hacer cumplir sobre ellos una obligación pecuniaria ya declarada (o que previsiblemente se va a declarar en una sentencia futura: embargo preventivo).El embargo viene regulado en los artículos 584 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución. El embargo se entenderá hecho desde que se decrete por resolución judicial o se reseñe la descripción de un bien en el acta de la diligencia de embargo, aunque no se hayan adoptado aún medidas de garantía o publicidad de la traba. Será nulo el embargo sobre bienes y derechos cuya existencia no conste, salvo el realizado sobre los depósitos bancarios y los saldos favorables que arrojaren las cuentas abiertas en entidades de crédito, siempre que, en razón del título ejecutivo, se determine por medio de auto judicial, una cantidad como límite máximo. De lo que exceda de ese límite podrá el ejecutado disponer libremente.

Como ya indicamos en un post anterior titulado La responsabilidad patrimonial universal. El art. 1911 del CC a la hora de practicar un embargo deben seguirse una serie de reglas. La primera es la regla de la proporcionalidad. Que pueda estar afecto a un procedimiento de apremio todo el patrimonio del deudor no significa necesariamente que pueda efectuarse una traba sobre la totalidad de los bienes. La legislación procesal prevé la existencia de una regla de proporcionalidad o adecuación entre la cuantía de la responsabilidad y el patrimonio del deudor. La actual ley procesal establece en su articulo 584, como hemos indicado más arriba, que:

“No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución.”

La segunda regla son los beneficios de orden y exclusión. La nota de universalidad lleva implícita la posibilidad de que cualquier bien perteneciente al patrimonio del deudor pueda ser objeto de embargo. Sin embargo, no puede dejarse al arbitrio de los acreedores la elección de los bienes objeto de la traba, so pena de soportar el riesgo que la ejecución de los mismos pudiera resultar más lesiva para el deudor en comparación con otros bienes pertenecientes al patrimonio del deudor. Por ello, en nuestra legislación procesal funciona el denominado beneficio de orden y de exclusión real. De acuerdo con estos principios, la ley clasifica los posibles bienes integrantes del patrimonio del deudor en diferentes categorías, atendiendo a su más fácil realización, esto es, su convertibilidad en dinero mediante su enajenación y menor importancia para su titular, disponiendo que primeramente se efectuará la traba sobre aquellos bienes de más fácil realización y menos importancia para el deudor, por ser prescindibles, como el dinero, efectos públicos, valores cotizables en bolsa, tal como dispone artículo 592 de la LEC de 2000. Así señala el citado art. 592 de la Lec:

“Orden en los embargos. Embargo de empresas.

1. Si acreedor y deudor no hubieren pactado otra cosa, dentro o fuera de la ejecución, el tribunal embargará los bienes del ejecutado procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado.

2. Si por las circunstancias de la ejecución resultase imposible o muy difícil la aplicación de los criterios establecidos en el apartado anterior, los bienes se embargarán por el siguiente orden:

1.º Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.

2.º Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores.

3.º Joyas y objetos de arte.

4.º Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.

5.º Intereses, rentas y frutos de toda especie.

6.º Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales.

7.º Bienes inmuebles.

8.º Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.

9.º Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

3. También podrá decretarse el embargo de empresas cuando, atendidas todas las circunstancias, resulte preferible al embargo de sus distintos elementos patrimoniales.

En los artículos 605 y 606 de la Lec se establece que bienes son absolutamente inembargables y que bienes del deudor se declaran inembargables.

“Artículo 605. Bienes absolutamente inembargables.

No serán en absoluto embargables:

1.º Los bienes que hayan sido declarados inalienables.

2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal.

3.º Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial.

4.º Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal

Artículo 606. Bienes inembargables del ejecutado.

Son también inembargables:

1.º El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.

2.º Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.

3.º Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas.

4.º Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley.

5.º Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por España”

II.- El embargo de sueldos y pensiones

II.- El Embargo de Sueldos y Pensiones

a) Regulación legal

Establece el Artículo 607. Embargo de sueldos y pensiones.


"1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. 2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:


       1º. Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del salario mínimo interprofesional, el 30 por 100.
       2º. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo interprofesional, el 50 por 100.
       3º. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo interprofesional, el 60 por 100.
       4º. Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo interprofesional, el 75 por 100.
       5º. Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100.

3. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al tribunal. 4. En atención a las cargas familiares del ejecutado, el tribunal podrá aplicar una rebaja de entre un 10 a un 15 por 100 en los porcentajes establecidos en los números 1º, 2º, 3º y 4.° del apartado 2 del presente artículo. 5. Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieron gravados con descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado, deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo. 6. Los anteriores apartados de este artículo serán de aplicación a los ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas. “

La Legislación Laboral (Art.º 27.2 del Estatuto de los Trabajadores) establece un mecanismo de protección del Salario de un Trabajador, estableciendo su inembargabilidad frente a las acciones ejecutivas de naturaleza patrimonial llevadas a efecto por posibles acreedores de éste. No obstante tal inembargabilidad se encuentra establecida en dos niveles diferenciados: 1.º “Inembargabilidad” absoluta. Por cuanto que el Salario Mínimo Interprofesional (S.M.I.) establecido legalmente, constituye una cuantía que no puede ser embargada por los acreedores ordinarios. 2.º “Inembargabilidad” relativa. Por cuanto que todo Salario superior al S.M.I. sí puede ser embargado, pero con arreglo al conjunto de reglas establecidas en los artículos anteriores.

Establece el citado art. 27.2 del ET:

Salario mínimo interprofesional.

1. El Gobierno fijará, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo interprofesional, teniendo en cuenta:

  • a) El índice de precios al consumo.
  • b) La productividad media nacional alcanzada.
  • c) El incremento de la participación del trabajo en la renta nacional.
  • d) La coyuntura económica general.

Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado.

La revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando éstos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquél.

2. El salario mínimo interprofesional, en su cuantía, es inembargable.”

El Real Decreto 1763/07, de 28 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2008 establece el S.M.I. en la cantidad de 600 euros mensuales o 20 euros diarios. El S.M.I. es la cuantía retributiva mínima que percibirá el trabajador referida a la jornada legal de trabajo en cualquier actividad de la agricultura, industria o servicios, sin distinción de sexo u edad de los trabajadores, sean fijos, eventuales o temporeros, o sean personal al servicio del hogar familiar. El salario mínimo interprofesional se fija anualmente por el Gobierno, mediante Real Decreto, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas, teniendo en cuenta el índice de precios al consumo, la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. La cuantía se fija en salario/día y salario/mes y en el caso de empleados de hogar se fija también en salario/hora. Igualmente se fijará una revisión semestral para el caso de que no se cumplan las previsiones sobre el índice de precios citado.

b) Forma legal de practicar el embargo

En base a todo lo expuesto debe quedar perferctamente claro dos conclusiones:

  • 1º.- El importe fijado para el Salario Mínimo Interprofesional no se puede embargar.
  • 2º.- Antes de instar el embargo de los sueldos y pensiones hay que dirigir la traba hacía otros bienes que la ley califica de preferentes. En este sentido ver más arriba el citad art. 592 de la L.e.c.

El embargo de los sueldos y pensiones se realiza sobre el importe neto, realmente percibido, con independencia de dietas o cantidades asimiladas al salario. La cantidad objeto del embargo es el importe líquido percibido. Tendiendo presente que si el deudor es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable y que el Juez o Tribunal podrá acordar una rebaja de entre el 10 ó 15 por ciento sobre los primeros cuatro porcentajes en atención a las cargas familiares del deudor.

Señalar que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 608 de la Lec, lo apuntado anteriormente no es aplicable cuando se proceda por ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la obligación de satisfacerlos nazca directamente de la Ley, incluyendo los pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos. En estos casos, así como en los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad que puede ser embargada.

C) Supuesto práctico.

Pensemos en un trabajador que debe 12.000 euros y percibe un salario neto de 2200 euros. Vamos a calcular la cantidad que puede ser embargada de su sueldo.

  • 1º.- Los primeros 600 euros son inembargables.
  • 2º.- Por lo que, el importe restante de 1600 euros es la cantidad a embargar, previa aplicación de los porcentajes correspondientes.
  • 3º.- Sobre los segundos 600 se aplica el 30 por ciento que da como resultado la cantidad de 200 euros.
  • 4º.- Sobre los terceros 600 se aplica el 50 por ciento que da como resultado la cantidad de 300 euros.
  • 5º.- Sobre la cantidad restante que no alcanza al SMI, esto es, 400 euros se aplica el 60 por ciento que da como resultado 240 euros.
  • 6º.- La cantidad total a embargar es la suma de todas las anteriores cantidades: 200+300+240 = 740 euros

O, más gráficamente

Importe del salario: 2200 euros netos.

Primer SMI …………..600 euros………..inembargable

Segundo SMI……………600 x 30 % : 100 = 200 euros

Tercer SMI……………600 x 50 % : 100   = 300 euros

Cuarto SMI……………400 x 60 % : 100   = 240 euros

Cantidad total embargada: 200+300+240 = 740 euros