8 de julio de 2008

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La Prueba documental





En este post vamos a clarificar que se entiende por documento y a exponer brevemente su regulación legal. También realizaremos una distinción entre documento público y privado, dejando para más adelante la cuestión primordial. ¡Qué documentos tienen eficacia probatoria!, o dicho de otro, que documentos son válidos para ser admitidos como medios de prueba en un juicio civil.

I.- Concepto de documentos

a) La Regulación Legal

Por documento puede entenderse aquel medio de prueba que consiste en un objeto que por su índole puede ser llevado físicamente a la presencia del Juez.

La Ley de Enjuiciamiento Civil (en adelante Lec), derogó prácticamente, todos los preceptos del Código Civil (en adelante CC) dedicados a la prueba, quedando tan sólo vigentes los preceptos relativos a la prueba documental, arts. 1216 a 1230 del citado texto legal, a excepción del artículo 1215 derogado por la citada ley procesal. Estos preceptos fundamentalmente intentan ofrecer un esclarecimiento del concepto de documento, sea público o privado.

La regulación legal de la prueba documental está básicamente recogida en la Lec a pesar de lo cual se mantiene en vigor los preceptos del Código Civil anteriormente expuestos. Se mantiene la vigencia de estos preceptos, de acuerdo a la exposición de motivos de la Lec, debido a su arraigo histórico-jurídico y, principalmente. por ser un elemento armonizador del ordenamiento jurídico.

Para finalizar este apartado únicamente señalar que Lec regula esta materia en el Libro II, en su Título Primero. Primero en el Capitulo VI, (Los medios de prueba y las presunciones), abarcando los artículos 317 a 334. Y segundo en el Capítulo III (De la presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios de prueba) abarcando los artículos 264 a 272. Esta sistemática dispersa, a la hora de regular la materia, resulta criticable, debido a que provoca remisiones constantes.

b) La consideración de documento a efectos probatorios

Los artículos 264, 265 y 266 de la L.E.C pertenecen al Capítulo III (De la presentación de documentos, dictámenes, informes y otros medios de prueba), capítulo, en el que el legislador, hace referencia por primera vez a la prueba documental, y al que debemos acudir para determinar el concepto de documento.

No todos los documentos contemplados en este artículo pueden ser calificados como prueba documental, muy por el contrario, sólo pueden ser calificados como prueba documental los documentos contemplados en el artículo 265, ordinal primero y tercero y que son:

· Los documentos en que las partes funden su derecho a la tutela judicial que pretenden.

· Las certificaciones y notas sobre cualesquiera asientos registrales o sobre el contenido de libros registro, actuaciones o expedientes de cualquier clase.

El Art. 264 de la Lec hace referencia a los documentos que deben acompañar a la demanda o en su caso a la contestación; estos documentos, son documentos procesales y no prueba documental; la razón por la que no se les considera prueba documental, es por que no se refieren a la pretensión del fondo, si no, que su fin es acreditar un requisito o presupuesto procesal.

Los documentos contemplados en el Art. 265 de la Lec, a excepción de los previstos en los ordinales primero y tercero, no se les considera prueba documental; la razón por la que no se les considera prueba documental, es por que son encuadrados dentro del concepto otros medios de prueba autónomos; se trata de medios de prueba diferenciados de la prueba documental; no son documentos a efectos probatorios, si no, otro medio de prueba.

Los dictámenes periciales en que las partes apoyen sus pretensiones, constituyen un medio de prueba diferenciado de la prueba documental, aunque su soporte sea un documento; se contemplan en le Art. 265.4 de la Lec.

Los informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que las partes apoyen sus pretensiones, no constituyen prueba documental, por constituir otro medio probatorio, en concreto, es una modalidad de la prueba testifical.

Los documentos exigidos en casos especiales contemplados en el Art. 266 de la Lec, no son prueba documental, si no, que se trata de una relación de documentos, que se exigen como requisito documental, para poder admitir la demanda en determinados procedimientos especiales.

Así por ejemplo, en los procedimientos de alimentos, se debe acreditar la condición de hijo del demandado; lo mismo ocurre en los procesos sobre materia de sucesiones, en los que se debe acreditar la condición de heredero.

En el caso de que no se acredite esta condición, no ocurre nada, ya que la acreditación de la relación no es el objeto del proceso, si no, tan sólo una base que exige el legislador, para que se pueda interponer la demanda.

Además de los supuestos examinados, existe una lista abierta, en la que podemos encontrar otros supuestos, como por ejemplo, las tercerías de dominio.

II.- Clases de Documentos

Según la clasificación tradicional de los documentos que constituyen medios de prueba, tanto la Lec como el CC distinguen entre documentos públicos y privados.

a) Documento Público

La Lec no nos ofrece una definición de documento público, si lo hace, el Art. 1216 del CC, según el cual: Son documentos públicos los autorizados por un Notario o empleado público competente, con las solemnidades requeridas por la ley.

Por su parte, la Lec, en su art. 317, ofrece una relación de documentos públicos que constituyen prueba documental, que pretende ser exhaustiva y que son:

A efectos de prueba en el proceso, se consideran documentos públicos:

· Las resoluciones y diligencias de actuaciones judiciales y los testimonios que de las mismas expidan los Secretarios Judiciales.

· Los autorizados por notario con arreglo a derecho.

· Los intervenidos por Corredores de Comercio Colegiados y las certificaciones de las operaciones en que hubiesen intervenido

· Las certificaciones que expidan los Registradores de la Propiedad y Mercantiles de los asientos registrales.

· Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones.

· Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las Administraciones públicas o de otras entidades de Derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, Administraciones o entidades.

La enumeración contemplada en este artículo, podía haber comenzado haciendo referencia a los documentos expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe, tal y como hace el CC,;lo que ocurre, es que el legislador pretendía llevar a cabo una regulación pormenorizada, pero más tarde temió no contemplar todos los supuestos, introduciendo entonces esta previsión general.

b) Documento Privado

A la inversa de lo que ocurre con el documento público, en el documento privado, es el CC el que no da definición alguna del mismo, tan sólo se limita a decir que tendrá el mismo valor que la escritura pública entre los que lo hubiesen suscrito y sus causahabientes -art. 1225 del CC-.

Según el art. 324 de la Lec son documentos privados los que no son públicos, o, dicho de otra manera, los que no están enumerados en el art. 317 de la Lec.

Los documentos privados son imposibles de clasificar, pues no existe un criterio sistematizador para ello; la razón por la que no existe este criterio sistematizador, es por que no se exige ningún requisito de forma.

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